“Algunos centros de internamiento para extranjeros de Canarias no son decentes ni dignos”

La actual Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, fue la primera mujer que ocupó una cartera ministerial desde la Segunda República
Soledad Becerril lleva cuatro años al frente de la Oficina del Defensor del Pueblo. DA
Soledad Becerril lleva cuatro años al frente de la Oficina del Defensor del Pueblo. DA

Fue la primera mujer en ocupar una cartera ministerial en España desde la Segunda República. Soledad Becerril Bustamante (Madrid, 1944) fue también profesora, alcaldesa de Sevilla y senadora. Desde julio de 2012 ocupa el cargo de Defensora del Pueblo, una institución que trata de velar por el cumplimiento de los derechos y libertades fundamentales de las personas. El año pasado, se registraron 649 quejas desde Canarias, la mayor parte de ellas relacionadas con la actividad económica, la administración de Justicia y el empleo. De estas y otras cuestiones dialoga con el DIARIO.

-¿Cuáles fueron las principales áreas de denuncia de los canarios el año pasado?
“Los principales problemas que plantearon los canarios estuvieron relacionados con los retrasos en la Justicia, en las sentencias, en la fijación de las vistas,… Esas cuestiones preocupan mucho, sobre todo si la materia es social, pero en general todo lo relacionado con la Administración de Justicia fue donde más quejas hubo. Yo lo entiendo, porque la gente quiere que se resuelvan pronto los asuntos, ya que a veces hay familias que esperan años por una sentencia. También fueron numerosas las quejas sobre empleo y educación, especialmente en lo que se refiere a las becas y la inserción de alumnos con discapacidad. Y, en menor medida, también hubo muchas solicitudes de ayuda por la falta de atención pronta en sanidad. Tenemos una sanidad y una atención pública extraordinaria, pero siempre hay retrasos en algunas intervenciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas”.
-¿Hay alguna cuestión que le haya sorprendido en cuanto a las quejas procedentes de Canarias?
“En Canarias los asuntos de urbanismo también son muy significativos, y hubo hasta 14 denuncias en esta materia”.

-Hace un año su institución elaboró un informe sobre el estado de las Urgencias. ¿Tiene constancia de que la Administración canaria atendió sus recomendaciones?
“La mayoría de las comunidades autónomas y los grandes hospitales han tomado medidas o tienen intención de tomarlas. La información que nosotros dimos sobre cómo se encuentran los pacientes, si tienen su intimidad preservada, si están en los pasillos, si se comparten las salas en Urgencias, si los familiares tienen información suficiente y la entienden,…, ha hecho que muchas administraciones la tengan en cuenta y traten de resolver los problemas. Pero es cierto que, como ocurre en el caso de Canarias, algunos hospitales son antiguos y deben remodelar sus Urgencias, aunque creo que en general se protege y asiste adecuadamente a los pacientes”.

-¿Se sigue encontrando el Defensor del Pueblo con entidades poco colaboradoras en las Islas?
“En Canarias se ha corregido muchísimo esa cuestión, sobre todo porque al hacer públicos los nombres de una institución, como fue el caso de la Consejería de Políticas Sociales, que hizo que inmediatamente se corrigiera y finalmente contestase a nuestra petición. Y lo hizo porque tiene el deber moral de hacerlo, no porque se trate del Defensor del Pueblo, sino porque detrás de una queja hay una persona, una familia o una asociación que pide una información y tiene todo el derecho a recibirla. Nosotros exigimos que se cumpla la ley y se conteste”.

-Recientemente se produjo un caso de enorme repercusión mediática, como fue el de los ocupantes de una patera que estuvieron horas desatendidos por falta de coordinación entre los servicios sanitarios de la comunidad y la Delegación del Gobierno. Ello también hizo que saliera de nuevo a relucir el mal estado de los centros de internamiento para extranjeros (CIE), cuya situación ha denunciado el Defensor del Pueblo. ¿Por qué no se han atendido sus denuncias en esta materia?
“Ponemos mucho el foco y con intensidad en el fenómeno de la inmigración y en los centros de internamiento de extranjeros. Estos centros tienen que ser decentes y dignos, y en Canarias alguno de ellos no está en condiciones, sobre todo porque en los últimos años ha descendido la ocupación y se han desatendido un poco. Pero la llegada de varias pateras con muchas personas ha provocado que vuelvan a aflorar esos problemas, y hemos tenido que actuar y denunciar el problema. He visitado alguno de los CIE y seguiremos estando muy pendientes”.

-Pero sigue siendo una cuestión compleja, sobre todo por la situación de alegalidad de estas instalaciones, ¿no cree?
“Las personas que llegan a España, a cualquier punto de nuestra geografía, y con independencia de que lo hagan o no de forma regular, deben ser atendidas, porque son personas que llegan en circunstancias dramáticas, la mayoría de las veces. No es normal que ocurra lo que pasó con esas personas que tuvieron que esperar en un garaje para ser atendidas. Estamos hablando de travesías durísimas, y hasta que se resuelva su situación tenemos la obligación de velar para que su estancia sea en condiciones y con un trato humanitario digno. Luego, las autoridades tendrán que verificar si esa persona se acoge al derecho de asilo o si será devuelta a su país de origen”.

-¿Considera que las administraciones e instituciones de Canarias velan por sus ciudadanos en las materias importantes?
“En términos generales, sí, aunque hay veces en que tenemos que llamarles la atención para que se tomen algunas decisiones o se modifiquen otras; pero en general creo que las administraciones de la Comunidad Autónoma son respetuosas con sus ciudadanos”.

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