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El Gobierno da cobertura sanitaria a 144 de las 10.000 personas excluidas del sistema

A muchos inmigrantes se les siguen pasando facturas por los servicios que reciben. | Sergio Méndez
A muchos inmigrantes se les siguen pasando facturas por los servicios que reciben. / Sergio Méndez

El acceso al sistema sanitario público isleño continúa siendo un camino de obstáculos para miles de personas que residen en el Archipiélago, especialmente para aquellos que se encuentran en situación administrativa irregular. De hecho, cuatro meses después de que el consejero de Sanidad, Jesús Morera, anunciara que se devolvía la cobertura a todos aquellos que fueron excluidos en 2012 por el Decreto aprobado por el Gobierno del PP, solo se han emitido 144 tarjetas, mientras que otras 52 solicitudes están en trámite. Durante su comparecencia ayer en la comisión parlamentaria de Sanidad, Morera, no obstante, aseguró que se sigue atendiendo “con carácter universal”, algo que negaron los representantes de partidos como Nueva Canarias y Podemos. Este grupo asegura que muchos inmigrantes desisten de solicitar la tarjeta sanitaria por el complejo trámite burocrático y los requisitos que les exigen. Las mismas fuentes recordaron además que la propia Consejería estimó que en las Islas se iban a beneficiar de esta medida entre 7.500 y 10.000 inmigrantes irregulares.

Con la nueva orden, que entró en vigor el pasado mes de diciembre, la Consejería de Sanidad eliminaba además el proceso de tramitación fijado para dar cobertura a los migrantes sin recursos residentes en Canarias creado en 2013, y supuestamente se simplificaban los requisitos que deben cumplir los beneficiarios.

Como ya ocurriera en anteriores comparecencias, Jesús Morera tampoco aclaró el coste que supone esta medida para las arcas del Gobierno regional, aunque ya en su día dijo que no iba a tener ninguna repercusión en el capítulo 1 de los Presupuestos autonómicos porque no iba a significar un aumento del personal. “Yo quiero pensar en lo que nos vamos a ahorrar; no pensamos que sea una cuestión de gasto, sino una cuestión de justicia, de humanidad y también de salud pública”, manifestaba Jesús Morera el pasado 10 de diciembre.

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