En el grupo parlamentario de Podemos han llegado a la conclusión de que el Gobierno de Canarias se blinda ante sus iniciativas, tras emitir sendos informes negativos sobre dos de las tres proposiciones de ley del partido morado en fase de tramitación. Una es para “paliar y reducir la pobreza energética (electricidad, agua y gas)” y la otra trata de las “cuentas claras y abiertas” para la Administración autonómica. En ambos casos, el motivo se fundamenta en la estabilidad presupuestaria. “Implica un incremento de los créditos contenidos en los estados de gasto de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma”, argumenta el Ejecutivo de Fernando Clavijo.
Si bien esta opinión no supone una imposición al Legislativo, sería un descalabro político que los grupos Nacionalista (CC-PNC) y Socialista tiraran piedras contra su propio tejado. No obstante, Podemos mantiene la intención de que se debatan en el pleno. Sobre la de la modificación de la ley de prevención y protección integral de las mujeres contra la violencia de género aún no hay respuesta.
“Nos cierran la puerta con la excusa del gasto”, se lamenta la portavoz parlamentaria, “cuando el coste de la propuesta de cuentas claras y abiertas es de cero euros”. Noemí Santana apela a la ley de transparencia y al comisionado. “Es una cuestión de voluntad política, no de dinero”, remacha.
En lo que respecta a la pobreza energética, Santana resalta que el valor de la inversión está por encima de su precio: “Hablamos de mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía a través del pago de las facturas de aquellas personas que carecen de ingresos y de las que no llegan a fin de mes, los trabajadores pobres”.
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