Saavedra denuncia “el casi desprecio de políticos y funcionarios a los ciudadanos”

El Diputado del Común, Jerónimo Saavedra, lamentó ayer que aún persista “la cultura de un desprecio al ciudadano por parte de políticos, sus asesores, y funcionarios”, como asegura constata en muchas de las denuncias presentadas ante esta institución en 2015.

El pasado año recibió 1.819 quejas ciudadanas contra las Administraciones Públicas (el 10,4% más que en 2014) , entre las que destacan las referidas a la lentitud de los trámites para acogerse a las ayudas previstas en la Ley de Dependencia y los retrasos en los procedimientos judiciales. Además, 19.954 personas acudieron a los servicios del Diputado del Común, lo que supone un 3%más.

Estos son algunos de los datos que expone en su informe anual de 2015, que ayer entregó a la presidenta del Parlamento de Canarias, Carolina Darias. Tras este acto, Saavedra declaró a este diario que aún observa “comportamientos inaceptables” de cargos y empleados públicos, cuando están ahí “precisamente para servir a los ciudadanos, y deberían valorar la necesidad de mantenerles informados, darles audiencia, responderles y notificarles de forma efectiva, pues a veces no basta una publicación en boletín oficial”.

El diputado del Común enfatizó que, si bien aprecia una mejoría en la gestión que hace el nuevo Gobierno canario de la prestación canaria de inserción o de las ayudas de la Hipoteca Joven, asegura que aún existe “un retraso extraordinario” en la tramitación de expedientes a las personas dependientes, y puso como ejemplo el de un anciano declarado “gran dependiente” en 2010 pero que aún no recibe ayuda alguna.

Observa en el debate político “una falta de sensibilidad humana, porque todo el mundo se pelea por el reparto de los fondos del IGTE, las infraestructuras y las inversiones, cuando la prioridad de los gobernantes deben ser los servicios sociales”.

Sobre las instituciones obstruccionistas con su labor, Saavedra citó los ayuntamientos de La Aldea de San Nicolás, La Oliva, Los Llanos de Aridane y Telde, y al Colegio de Procuradores de Las Palma, según recogió Efe. Al respecto, el Diputado del Común, en sus declaraciones a este diario, lamentó que la Fiscalía no vea delito en lo que, para él, es un “desacato de estas corporaciones, tipificado en el Código Penal, al desobedecer a “una institución y autoridad públicas”, por no responder a sus requerimientos de información.