Piden apartar al presidente de la Audiencia del caso Las Teresitas

En 2009 un testigo protegido aseguró que los González llamaban “Landete” a un supuesto “hombre en los juzgados”, pero ni la Fiscalía ni la jueza instructora le creyeron en ese aspecto

Las-Teresitas

Una acusación particular personada en el llamado caso Las Teresitas solicitó esta semana la recusación del actual presidente de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, el magistrado juez Joaquín Astor Landete, quien presidirá el tribunal que juzgará tan controvertido asunto en su condición de presidente de la Sección Segunda de dicha Audiencia Provincial, responsabilidad que recayó tras el preceptivo sorteo entre las tres salas penales.

La recusación ha sido pedida por la asociación Justicia y Sociedad, a la que representa el conocido letrado tinerfeño José Pérez Ventura, quien basa su escrito en la declaración de un testigo protegido que, en 2009, aseguró que los imputados Ignacio González Martín y su hijo Pedro González Santiago contaban con un supuesto “hombre en los juzgados de Santa Cruz” sobre cuya identidad solo aportó que había oído que lo llamaban “Landete”.

Aunque el propio Pérez Ventura reconoce en su escrito que ni él se cree que Astor Landete, un honorable juez de reconocido prestigio e intachable trayectoria, pueda estar mínimamente relacionado con irregularidad alguna, basa su solicitud de recusación en que, a diferencia de otros datos aportados por dicho testigo protegido, la jueza instructora de este caso no investigó tal declaración.
A juicio del letrado, tal decisión es una “grave ausencia de actuación investigadora (…) que habría permitido despejar cualquier duda al respecto” y que, al ser asignado Astor Landete al caso por el sorteo aludido, se “proyecta una indeleble sombra que compromete su necesaria apariencia de imparcialidad”.

También argumenta Pérez Ventura que tal declaración del testigo protegido, con independencia de quién pudiera ser ese supuesto contacto en los juzgados capitalinos, debe ser investigada en razón a los “posibles contactos que pudieran tener los González en el ámbito judicial, tratándose además de empresarios especialmente relacionados que ostentaban, en el caso de Ignacio González, puestos de responsabilidad (Presidencia de la Cámara de Comercio) que les permitían tener acceso a otras esferas de poder y decisión, sin descartar la judicial”.
Otro de los argumentos expuestos por la acusación particular para solicitar la recusación apunta al hecho de que el testigo protegido realiza tal afirmación al ser preguntado sobre “quién pudo filtrar la sentencia dictada el 29 de junio de 1998 por el Tribunal Supremo”. Cabe recordar que tal decisión del alto tribunal se hizo pública coincidiendo con la compra de los empresarios del frente de la playa, lo que las acusaciones consideran como el origen del caso Las Teresitas. Como el mismo Pérez Ventura reconoce en su escrito, el magistrado Astor Landete “no pudo ser la persona que desveló el contenido de esta sentencia por razones obvias relacionadas con su destino en aquel momento”, si bien entiende “más que necesario investigar toda posible relación tóxica con miembros del Poder Judicial y/o de la Administración de Justicia en la Isla”. La última de las razones apuntadas por la acusación particular recuerda que “gran parte
-cierto que no todos- de los aspectos señalados [por el testigo protegido] fueron tenidos por veraces a los efectos de orientar e impulsar la investigación judicial, con lo que sorprende que este aspecto (…) no fuera tenido por veraz sin exteriorizarse de forma motivada las razones por las cuales este aspecto de su declaración no mereció serle concedida veracidad alguna a los efectos de abrir” una investigación.

Interrogatorio

Como corresponde a una solicitud de recusación, quien la formula solicita que se practiquen pruebas, y en este caso la acusación particular pide el interrogatorio del magistrado recusado y el del testigo protegido, así como que se aporte la declaración del mismo realizada en 2009 y que se libre oficio al Consejo General del Poder Judicial “para que certifique cuántos jueces o magistrados con apellido Landete han prestado servicio en los juzgados y tribunales de Canarias en el periodo comprendido entre 1998 a 2005 (año en que se presentó la denuncia)”. Curiosamente, uno de los imputados -Manuel Parejo- ya solicitó la recusación de todo el tribunal con el argumento de que son los mismos que en su día entendieron en segunda instancia del llamado caso Mamotreto, tal y como adelantó a primeros del pasado mes la Cadena SER.

Cabe recordar que son 13 los imputados por el caso Las Teresitas, y que entre ellos se encuentran el exalcalde Miguel Zerolo y el exedil de Urbanismo Manuel Parejo, así como los exconcejales Emilio José Fresco, del PSOE, y José Emilio García Gómez, del PP; el exgerente de Urbanismo, José Tomás Martín; los funcionarios Antonio Messia, Eugenio de Zárate, Víctor Reyes y José Luis Roca; y los empresarios Ignacio González, Pedro González, Antonio Plasencia y Carlos Plasencia. En total se solicita 52 años de cárcel por la presunta comisión de los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos.

La primera intención de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial era celebrar el juicio cuanto antes tras ocho años de instrucción, pero las solicitudes de recusación lo retrasarán aún más.

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