Santa Cruz tutela 508 menores de familias en riesgo de exclusión

Los años de crisis han empeorado de manera clara la situación económica y social de las familias de la capital, unidades con niños en su seno que se ven, en muchos casos sobrepasadas por las circunstancias y que no les permiten ofrecer los cuidados que los más pequeños necesitan. Detectar estas situaciones es el principal trabajo del Negociado de Infancia y Familia del Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) de Santa Cruz que en estos momentos tiene bajo supervisión a 509 menores en riesgo de exclusión, familias que, por distintos motivos, necesitan de un especial seguimiento. El trabajo desarrollado en los últimos seis años por los cinco equipos de Infancia y Familia ha hecho que las cifras de menores bajo supervisión hayan ido creciendo paulatinamente (hay que recordar que en el mandato de comprendido entre 2008 y 2011 no se declaró a ningún niño en riesgo). En 2013 el número de expedientes con los que trabajaba el negociado era de unos 340, al año siguiente ya eran 441. El concejal de Asuntos Sociales, Óscar García, detalla que en estos momentos, de esos 508 menores, algo más de 280 ya cuentan con un expediente de diligencias previas de declaración de riesgo, o lo que es lo mismo, tienen un especial seguimiento desde los servicios sociales ante la posibilidad de que su situación se vea empeorada.

Cuando esto último ocurre, se produce la intervención directa del IMAS, procediendo a la declaración de riesgo, con la que se pone en marcha lo que se denomina Plan de Intervención Familiar (PIF). Esta declaración expresa de riesgo afecta actualmente a 55 niños. La apertura de un PIF supone la puesta en marcha de unas medidas especiales que, básicamente, consisten, según detalla el consejero delegado del IMAS, Javier Gutiérrez, en poner a disposición de las familias un equipo completo de expertos (trabajadores sociales, pedagogos, psicólogos…) para ayudarlas a devolver a la normalidad la relación con el menor.

“Cuando les comunicamos a las familias que se va a proceder a la declaración de riesgo se alarman porque creen que le vamos a retirar a los niños”, explica Gutiérrez, quien añade que “les explicamos que ese equipo va a trabajar con ellos durante casi un año para que puedan revertirse las causas de la declaración de riesgo”.

El concejal de Asuntos Sociales, detalla que son cinco los equipos de Infancia y Familia con los que cuenta la capital y avanza que “ya hemos solicitado otros dos a Recursos Humanos y estamos a la espera de una respuesta”. El edil explica el método de trabajo de estos equipos. “Dentro de la población en riesgo de exclusión, que acuden a las Unidades de Trabajo Social (UTS), cuando los trabajadores sociales detectan que alguna familia con menores puede tener factores de exclusión entonces deriva el expediente al equipo de Infancia y Familia que se encarga de abrir unas diligencias previas. Ahora mismo hay 283 menores en esa circunstancia”.

Tal y como explica García, tras la apertura de esas diligencias previas pueden darse dos casos, “que no se declare el riesgo porque no haya causas para intervenir o que sí y entonces se pone en marcha el plan de intervención directa”. Cuando se declara el riesgo, inmediatamente se comunica a la Dirección General del Menor del Gobierno de Canarias. “Les informamos que se va a empezar a trabajar con este familia y que durante un año se va a intervenir directamente”. Aclara el edil de Asuntos Sociales que hay que diferenciar la declaración de riesgo de la desamparo, que solo la puede hacerla el Gobierno de Canarias y por lo general a propuesta del Ayuntamiento una vez que el PIF ha fracasado.

Óscar García afirma que “toda la política social con menores que hacemos en el municipio está encaminada a evitar que tengan que ir a un centro”. “ Intentamos -continúa- parar aquí todo lo que se pueda porque más allá del Ayuntamiento todo son malas noticias”. En el caso del Ayuntamiento de Santa Cruz, la intervención con los menores se apoya en recursos como los Centros de Día de Menores y en los ya mencionados planes de intervención en los que se dan cursos de formación, motivación o se dota a los padres de habilidades sociales para la educación de sus hijos.

CAUSAS
Los motivos que llevan a firmar una declaración de riesgo son variados y como insisten desde el IMAS, nunca se hace en base a un solo factor sino a un cúmulo de ellos. Gutiérrez explica que los detonantes de la situación pueden ser advertidos por el colegio, el centro de salud, los vecinos, en definitiva por el entorno del pequeño. “Cuando hay ausencias injustificadas en el colegio o cuando se detecta que el niño viene sin desayunar o presenta falta de aseo o se muestra apático, son factores que se someten a estudio”, detalla el consejero delegado del IMAS. “La declaración de riesgo solo es una aviso que nos hace tener una especial atención durante un tiempo determinado porque tiene una serie de factores acumulados como puede ser el desempleo o una mamá joven que no sabe cómo llevar sus tareas parentales”, añade Gutiérrez.

Al igual que hay motivos para la declaración, los hay para su archivo o cese. “Tenemos una comisión de infancia en la que vienen todos los ceses y archivos de expedientes, es otro nivel de seguimiento”, detalla Gutiérrez. Es en esa comisión donde se analiza si han desaparecido los factores de riesgo o por el contrario se dan otros motivos que obligan al archivo como es que cumplan la mayoría de edad.

DISTRITOS
En cuanto a la distribución de las familias con menores en riesgo, esta coincide con los distritos y barrios en los que hay una mayor concentración de población infantil, esto es, los barrios del Suroeste y de Ofra-Costa Sur. También donde las condiciones económicas son peores, con más desempleo. Así, según los datos del Negociado de Infancia y Familia, en Ofra se localizan 122 de los 509 menores en vigilancia, mientras que otros 129 se localizan en Barranco Grande, 78 en Añaza y 73 en Los Gladiolos.

[su_note note_color=”#d0d3d5″ radius=”2″]Los centros de día, una eficaz herramienta de apoyo para los más pequeños
El Ayuntamiento de Santa Cruz puso en marcha en el mandato anterior los primeros centros de día de menores, destinados precisamente a dar apoyo a las familias con riesgo de exclusión. En estos momentos se cuenta ya con cinco de estos recursos y el próximo en abrirse es el que se ubica en Anaga, que es el único distrito que por el momento carece de este tipo de centro. El edil de Asuntos Sociales detalla que a estos servicios se suma el centro monoparental que se ubica en el Distrito Centro-Ifara y que está destinados a madres con hijos a cargo y que se encuentren en riesgo de exclusión social.
García también quiere poner en valor el proyecto Proinfancia impulsado por la Caixa en Santa Cruz. “Está implantado en dos zonas del territorio (Ofra y Barranco Grande) y ahora va estar en La Salud, Centro y Anaga”, detalla. “Es un proyecto con distintos actores como el colegio, el centro de salud, el barrio, el IMAS, es la utopía hecha realidad porque en una misma mesa, la directora del cole, la del centro de salud, la UTS y las entidades que coordinan el servicio ofrecen una atención integral a los más pequeños”.[/su_note]

[su_note note_color=”#d0d3d5″ radius=”2″]En 2015 se propusieron 25 casos de desamparo al Gobierno canario
¿Qué pasa cuando el plan de intervención, después de un año, no hace desaparecer los factores de riesgo? En ese momento, explican desde el IMAS, se traslada el expediente a la Dirección General del Menor con la propuesta municipal para que se declare en desamparo al pequeño. En 2015, se propusieron 25 casos. “Una vez que el menor pasa al Gobierno de Canarias, sus técnicos analizan los datos que les pasamos y deciden si declaran el desamparo o no”. Una medida tan extrema que lleva a que el niño entre en un centro, hace que “normalmente nos dicen que sigamos trabajando con ellos a nivel municipal”. Desde el IMAS se entiende que frente al número de menores tutelados, la cifra de 25 no resulta significativa en las estadísticas de atención[/su_note]