“Me insultaban y los profesores pasaban de largo. Un día me fui a cambiar para la clase de Educación Física, y los chicos no me dejaron entrar en el vestuario. Me decían que, como soy gay, me cambiase en el de las chicas. En otra ocasión, me cogieron entre tres compañeros, cuyos nombres y apellidos recuerdo perfectamente, me pusieron en medio del vestuario, y otros siete u ocho me empezaron a orinar encima. Me gritaban: ‘Arturo es mariposón’, y se reían de mí. Al escuchar el escándalo que se formó, el profesor entró, pero vio lo que estaba pasando y se fue”. Este es el testimonio de Arturo, nombre ficticio dado para preservar su identidad, un joven tinerfeño de 16 años que pasó un auténtico calvario durante su estancia en el instituto.
Como él, al menos dos de cada diez jóvenes canarios homosexuales, lesbianas o bisexuales padecen acoso escolar homofóbico, según destaca un informe encargado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a un grupo de expertos en esta materia. En el documento, denominado Abrazar la diversidad, se expone que “la homofobia y la transfobia siguen constituyendo el principal motivo para el insulto, la burla y el rechazo en los centros educativos en nuestro país”. Tanto es así que tres de cada cuatro jóvenes entre 15 y 29 años reconocen haber sido testigos de agresiones homófobas en sus colegios o institutos en forma de rumores, insultos y burlas y el 6,4% ha presenciado palizas contra lesbianas, gays, bisexuales o trans.
Según el mencionado estudio, editado por el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, “alrededor del 20% de los jóvenes manifiesta un nítido rechazo a la diversidad sexual”. De este modo, la mayor parte de la juventud se dice respetuosa con las personas LGBT, pero no actúan cuando la minoría homófoba realiza comentarios y prácticas discriminatorias, permitiendo que impongan sus actitudes negativas en los centros educativos.
Pese a la dificultad que conlleva la detección de este tipo de situaciones, desde la Consejería de Educación aseguran que la prevención del acoso escolar homofóbico y transfóbico aparece contemplada de manera transversal en todas las líneas de actuación del departamento, “a través de las redes educativas, planes de formación para el personal docente, colaboración con otras instituciones, etc”. De igual modo, las mismas fuentes recuerdan que “existe un protocolo de atención específica en situaciones de acoso homofóbico y transfóbico, dentro del Servicio de Prevención y Ayuda contra el Acoso Escolar”.
El problema, no obstante, es muy complejo, hasta el punto de que el informe Abrazar la diversidad señala que el 43% de los jóvenes que se sienten acosados por ser LGB piensa en el suicidio; el 35% lo planea; y el 17% lo intenta. Al compararlo con otros trabajos sobre el acoso en general, la proporción de los que se plantean quitarse la vida es el triple que en el resto. En este sentido, el presidente del colectivo Algarabía, Charlie Marrero, explica que “el acoso escolar homofóbico es una situación que se da desde siempre, pero ahora es más visible. Y es la punta del iceberg de un problema mucho más complejo”.
“Muchos orientadores de colegios e institutos nos piden consejo sobre cómo intervenir ante estas situaciones, no solo en el propio centro, también con las familias, porque las víctimas de homofobia y transfobia sufren este rechazo en todos los momentos y espacios de sociabilidad de su vida cotidiana”, concluye Marrero.
[su_note note_color=”#d0d3d5″ radius=”2″]La ‘ley trans’ canaria todavía está en pleno proceso de desarrollo
La Ley de no Discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales, que aprobó el Parlamento de Canarias en octubre de 2014, establece una serie de disposiciones encaminadas a los menores transexuales, un colectivo especialmente vulnerable. Entre otras cuestiones, se garantiza el derecho de los menores transexuales a recibir de los poderes públicos canarios la protección y la atención integral necesaria para el desarrollo de su personalidad y para su bienestar en el ámbito familiar, escolar y social, así como a percibir las prestaciones sociales que establezcan las leyes. La ley prevé además el desarrollo en otras normativas de diferentes aspectos, en las que se está trabajando actualmente[/su_note]
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