El 40% de los ayuntamientos canarios ha tenido o tiene causas penales por corrupción urbanística

La Plataforma Salvar Canarias, nacida en Tenerife, se extiende a más Islas y llevará mociones a cabildos y ayuntamientos para que el Gobierno regional pare la Ley del Suelo y abra un debate social
Miembros de la Plataforma Salvar Canarias, durante la marcha del Primero de Mayo en Santa Cruz de Tenerife. / DA
Miembros de la Plataforma Salvar Canarias, durante la marcha del Primero de Mayo en Santa Cruz de Tenerife. / DA

La plataforma ciudadana Salvar Canarias, nacida en Tenerife contra la futura Ley del Suelo, se extenderá a las demás islas e intentará que ayuntamientos y cabildos de todo el Archipiélago debatan mociones plenarias que reclamen la paralización de esta iniciativa del Gobierno regional con el fin de que se abra un amplio debate social sobre el modelo territorial que necesita la región.

Así lo han explicado a este periódico dos portavoces de este movimiento cívico, Ramón Afonso y Julián Ayala, quienes adelantaron que la plataforma creará esta semana una comisión regional para coordinar las acciones, dado que se sumarán personas y colectivos de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, y prevén que posteriormente lo harán del resto de las islas.

“Reclamamos al Gobierno canario que dé marcha atrás a este proceso y retire el anteproyecto de Ley para abrir un verdadero espacio de participación ciudadana, pues no nos oponemos a que pueda haber cambios en la legislación del territorio, pero no de este modo”, apunta Afonso. Y en este sentido Ayala incluso indicó que algunos cambios previstos son positivos, como los relativos a facilitar obras al sector primario.

Pero ambos portavoces aseguran que el anteproyecto de ley “potencia sin freno un modelo desarrollista, especulador y depredador, hace que la Comunidad Autónoma renuncie a sus competencias exclusivas en esta materia y deje en manos de los ayuntamientos hacer y deshacer en su territorio”. “Y todo ello se ha negociado de espaldas al pueblo y sus organizaciones, pero sí teniendo en cuenta los intereses de las grandes patronales canarias”, remachan.

En este sentido, critican la libertad que se dará a los ayuntamientos “sin responder a ningún control superior”, pues prácticamente se vacía de competencias a la Comisión de Ordenación del Territorio y el Medio Ambiente de Canarias (Cotmac). Eso supone, a juicio de ambos activistas, “una involución en la planificación urbanística en Canarias, lo que nos retrotrae a la época en que no existía ningún órgano regional”·

Hasta 35 de los 88 municipios en Canarias han tenido o tienen causas judiciales abiertas contra alcaldes y concejales por casos de presunta y, en ocasiones ya no presunta, corrupción urbanística. En datos porcentuales, se trata del 40% de los ayuntamientos. Es una cifra que maneja Salvar Canarias para ilustrar por qué se opone a que en el trámite de aprobación del planeamiento se vacíe de poder al órgano administrativo autonómico que hasta ahora se venía encargando de controlar la legalidad urbanística.

De aprobarse el borrador redactado a instancias del presidente del Ejecutivo regional, Fernando Clavijo, la plataforma advierte de que “los sectores sociales perjudicados solo tendrán la vía judicial para defender sus intereses”. Y, de hecho, en el propio tenor del anteproyecto se remite a los Tribunales de Justicia para el control de legalidad del planeamiento.

Afonso pone de relieve que la plataforma ha logrado “un núcleo de trabajo bastante potente en Tenerife ”, tras contactar con colectivos ya organizados contra planes generales, como en La Laguna y Santa Cruz. “Somos una iniciativa tinerfeña, pero con vocación regional”, apostilla el portavoz.

 

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