Los cabildos se han aplicado el cuento de las cuentas. De un año para otro han recortado la deuda viva en 51,4 millones de euros. Al finalizar 2015 sumaron 446,2 millones, frente a los 497,6 contabilizados a 31 de diciembre de 2014. La rebaja es generalizada. Todas las corporaciones insulares han aminorado su deuda. La que más, Fuerteventura: de 17,3 millones a 2,3; que son 14,9 millones menos. Por el contrario, el Cabildo de Tenerife solo la redujo en 878.000 euros. Los 265,7 millones de 2014 se han quedado en 264,8.
La diferencia positiva es de 11,9 millones de euros en Gran Canaria. Los 118,2 millones de 2014 se han convertido en 106,2. Lanzarote no va a la zaga. Su deuda viva actual es de 33,1 millones de euros, tras restar 11,3 millones de los 44,4 del año anterior.
El Cabildo de La Palma ha logrado borrar 8,2 millones de euros de su deuda: de 29,5 a 21,3. La de La Gomera se sitúa ahora en los 10,2 millones de euros, al desaparecer de la libreta 2,5 millones de los 12,5 millones apuntados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas al término del ejercicio de 2014. El Hierro se ha sacudido 1,4 millones: de los 9,4 de 2014 a los 8 de 2015.
La deuda de la totalidad de las entidades locales de España equivalentes (las diputaciones, los cabildos y los consejos insulares de Baleares) asciende a 5.821,5 millones de euros, una merma de 486,7 millones respecto de la cifra de 2014. La más endeudada es la Diputación de Vizcaya, que supera los 2.100 millones de euros. En cambio, las de Soria, Ciudad Real, La Coruña y Lugo están al corriente en los pagos: cero euros. De 52, el Cabildo de Tenerife es la cuarta más endeudada.
De la ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se deriva la norma de que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas publique en su web durante el primer trimestre del año el informe sobre la deuda viva a 31 de diciembre. En esta ocasión, esa información lleva la fecha del 6 de mayo.
Se entiende por deuda pública “el valor nominal total de las obligaciones brutas del sector de las administraciones, pendientes a final de año, a excepción de los activos financieros en sus manos”.
La asignación de deuda para los ayuntamientos, las diputaciones provinciales, los cabildos, los consejos insulares y las entidades menores se realiza mediante el cruce de la base de datos de la Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE) con el inventario de entes del sector público local. En la deuda viva de 2015 hay una diferencia de 298 millones entre Hacienda y el Banco de España.
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