El 70% de los municipios canarios, sin su plan general adaptado a la legislación vigente

Debate celebrado en el Paraninfo de la ULL sobre el anteproyecto de la Ley del Suelo. / DA
Debate celebrado en el Paraninfo de la ULL sobre el anteproyecto de la Ley del Suelo. / DA

Sólo 26 de los 88 municipios canarios tiene sus planes generales de ordenación adaptados a la legislación vigente (algunas normas que datan del año 2000) y, de los que están actualizados, nueve han sido anulados por la Justicia.

El dato lo destacó el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de La Laguna Francisco Villar, coordinador de la redacción del anteproyecto de la Ley del Suelo aprobado por el Gobierno canario, durante un debate organizado por la Universidad de La Laguna, junto a otros expertos, que tuvo lugar en el Paraninfo, moderado por el periodista David Cuesta.

Villar quiso hacer visible así cómo el actual marco normativo responde a un modelo que “está lejos de la realidad” y “no ha funcionado razonablemente bien”, con una “maraña normativa” que hace que la aprobación de planes generales tarde entre 9 y 12 años.

Pese a la división de opiniones surgida sobre este anteproyecto , en el que ha puesto especial empeño el jefe del Gobierno canario, Fernando Clavijo (CC), el catedrático enfatizó que “el criterio de referencia tiene que seguir siendo el desarrollo sostenible, entendido entre el equilibrio prudente y razonable entre conservación y desarrollo”.

Un objetivo que toca regular a Canarias porque, según apuntó, es la comunidad autónoma con mayor porcentaje de su territorio protegido como espacio natural, en torno al 50%, mientras que la región que más se le acerca es la Rioja, con el 30%. Sin embargo, en una estimación que juzgó de “prudente”, existen 50 millones de metros cuadrados urbanizable aún sin desarrollar.

Entre las grandes novedades de la ley, destacó que se adopta la norma estatal de evaluación ambiental, cada administración pública hará y aprobará de forma definitiva su planeamiento (ya no será la Cotmac el órgano que le dé el visto bueno final) y la hará su control de legalidad, las administraciones superiores solo harán informes sobre sus competencias, se establece un criterio sobre la delimitación de los asentamientos rurales, se crea un fondo para compensar a los dueños de suelo rústico y se suprime la calificación territorial de los cabildos para obras en suelo rústico (basta la licencia municipal).

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Sobre uno de los asuntos más polémicos, la posibilidad de que el Gobierno canario o los cabildos impongan proyectos de interés insular o autonómico, ya sea públicos o privados, no previstos en el planeamiento, dijo que es un mecanismo “prudente y razonable” para “dar flexibilidad al planeamiento” en situaciones sobrevenidas.

Otro asunto de su intervención de especial interés tiene que ver con la polémica del fuera de ordenación que ha afectado a miles de edificios construidos con licencia en Santa Cruz de Tenerife, sobre todo, pero también en Puerto de la Cruz o Arrecife de Lanzarote, asunto que suscitó mucha controversia política, social y jurídica hace unos años en la capital tinerfeña, y que acabó incluso con una modificación de la vigente ley del territorio para intentar reducir el número de afectados.

Pues bien, pese a las denuncias del abogado Felipe Campos -aún objeto de instrucción penal- sobre nuevos aprovechamientos residenciales en zonas colmatadas de Santa Cruz, Villar afirmó que se ha tratado de “un conflicto ficticio, pues la ciudad consolidada es la ciudad consolidada, y las actuaciones en ella para esponjar o densificar no vienen de la mano de inventarse una ficción jurídica y un conflicto social, porque nadie va a hacer absolutamente nada”.

De ahí que la nueva Ley del Suelo, según subraya este jurista, “establezca que cuando una ciudad está por encima de las áreas saturadas, hay que atenerse a esa realidad, porque la ciudad es producto de su realidad histórico y de cómo se ha ido construyendo”.

El arquitecto Javier Domínguez Anadón, asesor de la Fecam, ve “escalofriante”el urbanismo en Canarias por su complejidad y porque solo se puede usar el 16% del territorio, por lo que se concibe como “un riesgo para la inversión”. Indicó que existen 26 planes generales en trámite desde hace 16 años y 35 ni siquiera han iniciado su adaptación al Texto Refundido de 2000.

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Joaquín Garrido, abogado y miembro de Natura Consultoría SL, conceptuó a Clavijo como “el presidente de la discordia” y aunque admite cosas positivas en la futura ley, criticó que los asentamientos urbanos “se puedan dispersar sobre el territorio”, a pesar de ser fruto de “la pura ilegalidad” permitida por los ayuntamientos.

También reprobó la potestad para imponer proyectos insulares o autonómicos no previstos en planeamientos“porque nunca el Gobierno canario ha usado esos mecanismos por interés general”, al tiempo que defendió mantener un órgano regional, como la Cotmac, “a pesar de que no ha sido un dechado de virtudes” como garante de la legalidad porque le han suspendido siete planes generales (Villar los cifra en nueve), “y alguno más que está al caer, entre ellos el de Santa Cruz de Tenerife”.

Al decano del Colegio de Arquitectos de Canarias, Joaquín Mañoso, esta ley le produce “extrañas sensaciones” porque es “una oportunidad extraordinaria para arreglar cuestiones pero a la vez plantea desasosiego por abrir incógnitas”. Opinó que el Texto Refundido de 2000 se ha saldado con un “fracaso”. Sobre la compensación prevista en la propuesta de ley a los dueños de suelo rústico, señaló que “chirría por muchos sitios”. Y lamentó que el anteproyecto “renuncia al urbanismo, pues parece que lo importante es desatascar cuestiones y no buscar ciudades y territorios mejores donde podamos ser felices”.

El decano del Colegio de Geógrafos, Jaime Díaz Pacheco, destacó como positivo refundir leyes, echó en falta un proceso participativo previo a que un equipo de juristas redactara el anteproyecto de ley, demandó un reglamento mas específico de los usos en suelo rústico (“han saltado las alarmas” en este sentido) y abogó por conservar un órgano como la Cotmac para las evaluaciones estratégicas ambientales.

El arquitecto del Cabildo de Tenerife Xavier Adsuara advierte una “hipertrofia” de normas que “no ha contribuido a conseguir un territorio más ordenado, sino todo lo contrario”.

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