El catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de La Laguna, Francisco Villar, coordinador del anteproyecto de Ley del Suelo aprobado por el Gobierno canario, ha asegurado que esta futura normativa da respuesta al problema del fuera de ordenación que ha afectado a múltiples edificios construidos con licencia en ciudades como Santa Cruz de Tenerife, Puerto de la Cruz o Arrecife.
Durante un debate sobre el anteproyecto de Ley del Suelo organizado la pasada semana por la Universidad de La Laguna, Villar apuntó, sobre la controversia suscitada en torno al fuera de ordenación amparado en licencia, que se trata de “un conflicto ficticio, pues la ciudad consolidada es la ciudad consolidada, y las actuaciones en ella para esponjar o densificar no vienen de la mano de inventarse una ficción jurídica y un conflicto social, porque nadie va a hacer absolutamente nada”.
De ahí que la nueva Ley del Suelo, según subraya este jurista, “establezca que cuando una ciudad está por encima de las áreas saturadas, hay que atenerse a esa realidad, porque la ciudad es producto de su realidad histórico y de cómo se ha ido construyendo”.
El problema del fuera de ordenación en suelo urbano suscitó mucha polémica política, social y jurídica hace unos años en la capital tinerfeña, y acabó incluso con una modificación en el Parlamento canario de la vigente legislación del territorio para intentar reducir el número de afectados, pese a que antes de ese cambio legal CC y PP, impulsores de aquella reforma legislativa, habían lanzado un mensaje de tranquilidad en el sentido de que esta situación jurídica en un inmueble no tenía consecuencias para las viviendas.
Sin embargo, en el tenor literal de las leyes, puede implicar restricciones en las obras permitidas, en la posibilidad de hipotecarlas, en la volumetría futura del solar o en el valor de tasación, según advirtió en su día la plataforma cívica que denunció este problema en la capital tinerfeña.
El asunto se encuentra desde entonces denunciado por el abogado Felipe Campos, quien, entre otras presuntas irregularidades, puso en conocimiento de la Fiscalía nuevos aprovechamientos residenciales en zonas ya colmatadas de Santa Cruz.
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