Conflictos judiciales, procesos plagados de irregularidades y decenas de usuarios que aún deben caminar kilómetros para conseguir medicamentos. Este es el panorama de ordenación farmacéutica de Canarias, un paisaje que cambiará en las próximas semanas merced a la esperada adjudicación de 60 nuevas boticas llevada a cabo ayer por la Consejería regional de Sanidad.
Con dicha adjudicación se da por cerrado el controvertido concurso iniciado en 2007, que fue retomado en 2014 y que permitirá aliviar la caótica situación que se vivía en muchos municipios isleños. Como ya publicó este periódico, y según datos aportados por la propia Consejería en respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por el diputado del PP Guillermo Díaz Guerra, desde el año 2000 solo se habían concedido 63 autorizaciones (el último concurso resuelto fue en 2003, cuando se concedieron 45 licencias) para nuevas oficinas de farmacia en las Islas, donde hasta ahora había 705 boticas. En este último concurso han participado más de 500 aspirantes en sus distintas fases, de los que 474 compusieron la lista de puntuaciones definitivas. En una nota, el Servicio Canario de la Salud (SCS) explicó que su director, Roberto Moreno, presidió ayer el acto público en el que los concursantes fueron llamados por orden de prelación hasta dar por completada la elección de las nuevas boticas. Moreno destacó que la ratio de habitantes por farmacia, que había superado la cifra de 3.000 entre los años 2010 y 2012, volverá a descender hasta una cifra similar a la que había en 2004, de 2.724 habitantes, cuando estén operativos estos 60 establecimientos.
[su_note note_color=”#d0d3d5″ radius=”2″]La profesión, dañada, y el mapa farmacéutico, bloqueado y con 59 boticas menos de las previstas
En un informe publicado en el año 2014, el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos hablaba de “bloqueo” del mapa farmacéutico de Canarias, y dejaba claro que dicho bloqueo redundaba en perjuicio de la sociedad y de la “imagen” de la profesión, dando al traste con las expectativas de la población y generando un “desprestigio” para el conjunto de la actividad.
Por su parte, el PP presentó en febrero en el Parlamento una Proposición No de Ley (PNL) en la que instaba al Ejecutivo a “incluir en las nuevas adjudicaciones las vacantes que no se ofertaron en este concurso, mediante la fórmula jurídica más adecuada”. La petición de los populares tenía su origen en la convocatoria inicial de 2007. En aquel momento, y a pesar de que la ejecución de la planificación establecida arrojó un total de 119 vacantes, finalmente se ofertaron solo 60 farmacias, según la Consejería para “asegurar la viabilidad económica” de los establecimientos.[/su_note]
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