El director de la Fundación César Manrique vincula la “urgencia” de la Ley del Suelo a “intereses privados” con la RIC

Gómez Aguilera y el catedrático de la ULPGC Carmelo Padrón avisan durante una reunión en el Parlamento con diputados de Podemos, NC y PSOE sobre los riesgos de suprimir la Cotmac y dar el poder a los ayuntamientos, y defienden que se mantenga un órgano autonómico
Fernando Gómez Aguilera y Carmelo Padrón, ayer, durante la reunión de trabajo en el Parlamento canario. / ANDRÉS GUTIÉRREZ
Fernando Gómez Aguilera y Carmelo Padrón, ayer, durante la reunión de trabajo en el Parlamento canario. / ANDRÉS GUTIÉRREZ

El director de la Fundación César Manrique, Fernando Gómez Aguilera, y el catedrático de Derecho Urbanístico en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Carmelo Padrón coincidieron ayer en advertir de los riesgos de que la aprobación definitiva del planeamiento urbanístico quede en manos de los ayuntamientos y de eliminar el control de legalidad y la evaluación ambiental que hace la Comisión de Ordenación del Territorio y el Medio Ambiente en Canarias (Cotmac) como prevé el anteproyecto de Ley del Suelo aprobado por el Gobierno canario.

Ambos participaron en una reunión de trabajo en el Parlamento canario con Podemos y Nueva Canarias (NC), acto en el que, si bien defendieron la necesidad de refundir en un texto la normativa del territorio, incluso simplificar procedimientos, mostraron su desacuerdo con el nuevo sistema monofásico previsto (la administración que elabora un plan lo aprueba definitivamente).

Gómez Aguilera aseguró que la nueva ley “regresa sin complejos al desarrollismo, romperá Canarias, afectará al paisaje y lo degradará” solo para beneficiar a “minorías económicas depredadoras del territorio”. Opinó que “la urgencia” en tramitar esta iniciativa “está supeditada a intereses privados relacionados con la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC)”, con la que entre 1994 y 2014 se destinaron 30.000 millones, “buena parte a suelo y cemento”.

El director de la fundación echó en falta en el anteproyecto “un balance previo”, “un diagnóstico solvente y riguroso”, y reprobó que “se orilla” el cambio climático y la sostenibilidad. Además, a su juicio, el Gobierno “asocia de forma inconsistente esta ley con la creación de empleo”. Criticó que se creen seis procedimientos excepcionales para “legitimar usos de todo tipo en cualquier suelo”, salvo en espacios protegidos. “Es la Ley de los que no se puede, donde no se puede para los que siempre pueden”, enfatizó.

Por su parte, Padrón, arquitecto y abogado y exdiputado regional del PSOE, cree que el problema del retraso en el planeamiento es de incumplir la ley y no de la Cotmac, puesto que “el Gobierno ha ido desmantelando” ese órgano para justificar este cambio legislativo. A su juicio, suprimir la Cotmac y dejar todo el poder en la planificación y en su evaluación ambiental a los ayuntamientos “puede ser una hecatombe” y defendió que continúe habiendo un órgano autonómico.

Aunque admitió que una nueva norma es necesaria, estima “más urgente” actualizar los planes que cambiar la ley. Criticó que el anteproyecto no prevea “hacer más copartícipes a los ciudadanos” en la ordenación y planificación territorial, haciendo documentos “más sencillos” para la población. Sostiene que la propuesta del Gobierno “desprotege el suelo rústico” al permitir actividades no propias de esta categoría.

Mostró su rechazo a que, como prevé que ocurra con la nueva ley, “un plan parcial pueda alterar un plan general, algo inédito”, así como a que se consolide el uso residencial junto al turístico en un mismo complejo de apartamentos, pues “lo mejor sería un régimen transitorio de 15 años” para que los propietarios decidieran un solo uso.

Reunión sobre la ley del Suelo, en la que participaron diputados de NC, Podemos y PSOE. / SERGIO MÉNDEZ
Reunión sobre la ley del Suelo, en la que participaron diputados de NC, Podemos y PSOE. / SERGIO MÉNDEZ

La Mesa del Parlamento denegó el lunes ceder una sala para este acto, pero ayer cambió de opinión, tras las críticas de Podemos y Nueva Canarias. Al encuentro asistieron los diputados de los grupos organizadores, así como dos parlamentarios del PSOE, Gustavo Matos y Gabriel Corujo.

Nueva Canarias (NC), en palabras de su portavoz, Román Rodríguez,  avisó de que la  ley que promueve el Gobierno de Clavijo supone la  “colonización” del suelo rústico de las islas. Reiteró el apoyo de su grupo a la simplificación de los procedimientos que afectan a las instalaciones agrícolas y ganaderas pero previene de que, “con ese pretexto, se abre la mano a cualquier tipo de actividad impropia” para ese tipo de suelo. Se auspicia así, denunció, el “consumo intensivo” del territorio, lo que provocará su encarecimiento y la pérdida de competitividad de las actividades agrarias locales.

Desde Podemos, su portavoz parlamentaria, Noemí Santana, se mostró de acuerdo  con que “es necesaria una Ley del Suelo, pero no ésta”,  y criticó  que la norma se haya elaborado “de espaldas a la ciudadanía, e incluso del tercer sector”. “Es un proceso viciado desde el principio”, afirmó. Santana considera que aún hay tiempo para “devolver la normativa a la calle. Ése debe ser nuestro objetivo, implicar a la ciudadanía para que conozca las repercusiones que tendrá esta ley”.

“Sólo retomando el proceso  haciéndolo más transversal y participativo, conseguiremos un texto consensuado que evite todos los males que contiene el que tenemos ahora encima de la mesa”, añadió la portavoz.

 

 

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