El IMAS agota el dinero para ayudas y ya ha pedido un millón más a Hacienda

El concejal de Asuntos Sociales, Óscar García, protagonizó buena parte del Pleno celebrado ayer, al recibir numerosas críticas por la gestión de los servicios sociales. El edil se defendió afirmando que las cifras apoyan su gestión ya que, en el primer trimestre, se incrementó la concesión de PEAS el 24% y que, a estas alturas del año, ya se ha agotado el presupuesto para ayudas sociales. Esto ha obligado a pedir al Ayuntamiento una transferencia extra que, según detalló el edil de Hacienda, Juan José Martínez, ya se está tramitando, detrayendo recursos de otras áreas.

García se enfrentó a la crítica de IU, Sí se puede y PSOE, que llevaron mociones que tenían que ver con el área de la que es responsable el edil popular. Ramón Trujillo (IU) pidió que se flexibilizara el reglamento del Centro Municipal de Acogida ya que, “da igual el tipo de infracción que se cometa, la única sanción que hay es la expulsión”. El edil de Asuntos Sociales defendió que el reglamento “ya es flexible” y que en los dos últimos años, “solo se han tramitado siete expedientes”. Aunque la moción fue rechazada, el Ayuntamiento, en una nota posterior, se comprometió a evaluar con los técnicos las posibles modificaciones del reglamento.

La moción de Sí se puede denunciando el colapso de las UTS fue finalmente aprobada gracias a la intervención del alcalde, José Manuel Bermúdez, quien propuso llevar las peticiones de Asunción Frías a una comisión técnica para ser estudiada con otras propuestas. El alcalde reconocía así los problemas que se están dando en las UTS de la ciudad y que el edil de Asuntos Sociales negó.
Por su parte el PSOE presentó una propuesta para la atención especializada a las personas sin hogar con enfermedad mental. De nuevo García se mostró contrario a un acuerdo y lo que podía ser aprobado con un texto alternativo, terminó rechazándose por José Ángel Martín ante la actitud del edil.

Denuncia
El Pleno de ayer también sirvió para conocer la historia de una usuaria del albergue quien denunció su expulsión del mismo por criticar la comida el pasado mes de febrero. Llegó a afirmar que la seguridad del centro “pegaba” a los usuarios y que a ella no la agredieron porque se fue antes. Ahora vive en la calle aunque tiene acceso a los servicios del albergue. El edil de Asuntos Sociales negó las denuncias y afirmó que no tenía ningún tipo de queja en ese sentido. Desde el IMAS se informó que la única referencia sobre esta joven, es el uso fraudulento de una ayuda de alquiler que no justificó.