A Marisa Santos, secretaria del Ayuntamiento de Güímar, no le dejaron leer en el pleno del jueves el informe desfavorable que firmó ante la moción del grupo de gobierno de cambiar de categoría el municipio y, por ende, a sus habilitados nacionales. Sin embargo, la secretaria actual -su plaza es de vicesecretaria, creada hace dos años precisamente por este grupo de gobierno- ha querido salir a la palestra y denunciar las que ellas considera graves irregularidades cometidas por los gestores municipales. “Han hecho -afirma- una utilización torticera de las normas, con descrédito profesional de las habilitadas nacionales, como subterfugio de los graves incumplimientos de los procedimientos”.
“Es absolutamente incierto y carece del más elemental fundamento -relata Santos- que esta secretaria esté enfadada porque el Consistorio pretende amortizar una plaza de vicesecretaria
-podría ocurrir en breve, por pérdida de confianza, según dicen desde Alcaldía- o cambiar la categoría del Ayuntamiento. No se puede falsear la realidad, invocando infundadas batallas personales y guerras de puestos, cuando, en realidad, lo que subyace es la voluntad del grupo de gobierno de conculcar, como es habitual, toda clase de normas y procedimientos, pretendiendo cambiar la clasificación de los puestos de secretaria e interventora, a otra categoría, alegando que con ello se lograría una mayor seguridad jurídica”, dice Santos.
[su_note note_color=”#d0d3d5″ radius=”2″]La funcionaria asegura que un familiar de un edil ocupa una propiedad municipal, y que ha sufrido acoso laboral, al igual que la interventora[/su_note]
La habilitada nacional, que llegó a Güímar en 2011 procedente de Candelaria, recuerda que, “como consta debidamente acreditado en el informe jurídico que no se permitió leer en el Pleno, es un acuerdo contrario a derecho y así queda constatado en el referido informe. Es absolutamente incierto que por estas funcionarias se tenga retenido, o se pongan trabas a los procedimientos. Si ello es verdad, que señale el grupo de Gobierno qué expedientes están retenidos y cuáles son esos reparos o informes desfavorables. Todo lo contrario, siempre hemos trabajado pro administrado, pues nunca debe ser este la víctima de enfrentamientos entre funcionarios y políticos”, remarca. Dentro del amplio abanico de irregularidades advertidas por la Secretaría, Marisa Santos pone ejemplos como el reparo a una subvención porque “el presidente es miembro del Gobierno, y cuyos fondos no están correctamente aplicados o porque se han presentado nóminas por ese ente para que sean cargadas a dicha subvención relativas a personal vinculado a sus listas electorales”, añadiendo además que “por esta Secretaría se ha pedido al Gobierno municipal que se concluya un expediente por el que un familiar de un concejal ocupa indebidamente una propiedad municipal, o que se han contratado campañas medioambientales y luego lo que hay son llaveros y pancartas”, manifiesta la habilitada nacional en Güímar.
También denuncia el contrato con unos abogados de Barcelona, a los que se les pretende abonar 18.000 euros, “por decir que los barrancos se pueden urbanizar con campos de golf y otras instalaciones, cuando la actual normativa autonómica no lo permite”. Con respecto a las empresas concesionarias, Santos relata que “la Secretaría e Intervención informan desfavorablemente el abono de facturas a la empresa concesionaria de la basura, porque esta no cumple, según el técnico municipal, con lo establecido en el contrato. Es decir, cobra servicios que no presta. Sin embargo, es más fácil decir que hay basura acumulada, por culpa de los informes desfavorables, y lo son porque no cumplen”.
Marisa Santos, que al igual que la interventora Ruth Arteaga inicia vacaciones el lunes, reconoce que no lo pasó bien en el pleno del jueves y advierte de que en el grupo de gobierno hay nerviosismo ante la situación vivida, sin temer por su puesto, aunque es consciente de que “si quieren pueden montar un pleno extraordinario en agosto y amortizar mi plaza, pero tendrían que justificarlo”. Más natural es que Ruth Arteaga, tras reconocer que está cansada de “tanta tensión”, pueda dimitir de su cargo antes de que Función Pública determine si da lugar o no al descenso que Güímar le solicita.
Y mientras tanto, se está a la espera de la decisión de la Fiscalía sobre 100.000 folios de facturas y expedientes bajo sospecha, e incluso, de la denuncia por acoso laboral presentada por la primera jurista municipal.
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