Los países con una economía más desarrollada son los que menos horas trabajan. Un informe sobre las perspectivas laborales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) así lo confirma. Los trabajadores alemanes, por ejemplo, son los que menos horas trabajan al año (1.371), seguidos de los holandeses, daneses o noruegos. En cambio, en México o Costa Rica es donde los empleados trabajan más: 2.246 y 2.230 horas, respectivamente. España, con 1.691, se encuentra por debajo de la media de la OCDE, cifrada en 1.776. Pero es que, además, se da la circunstancia de que en estos países más desarrollados económicamente el cómputo de horas es menor porque es donde hay más nivel de empleo a tiempo parcial. Dicho de otro modo, jornadas laborales eternas o a tiempo completo no llevan implícitas la productividad.
Lo mismo ocurre con las horas extraordinarias. Canarias es una de las regiones con mayor incide de horas extras, según el último informe de Randstand, correspondiente a 2015. Más de 4 millones. Según UGT, casi la mitad de estas horas no se contabilizan, es decir, no están remuneradas.
Precisamente por este motivo, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a raíz de una sentencia de la Audiencia Nacional, de 4 de diciembre de 2015, va a intensificar la labor de vigilancia para comprobar que las empresas (tanto del sector público como privado) cumplen con el sistema de registro de la jornada diaria de sus empleados. Tal y como ha informado DIARIO DE AVISOS, en virtud de este auto todas las empresas, independientemente de su tamaño o actividad, de si se hagan o no horas extraordinarias, y ya sea a través de medios mecánicos o manuales, deberán llevar un registro diario individual de la jornada laboral de cada trabajador. El objetivo de esta medida es, por un lado, comprobar que el empresario cumple con la legislación y, por otro, evitar los abusos en el cómputo de las horas extraordinarias y el fraude en los contratos a tiempo parcial, donde, en ningún caso, se pueden realizar horas extraordinarias.
La actuación inspectora en la provincia de Santa Cruz de Tenerife tendrá una doble vertiente, según explicó el jefe de la Inspección de Trabajo de la provincia, José Trasobares, en unas jornadas informativas organizadas por el Colegio Oficial de Graduados Sociales. La primera, comprobar si se cumple con el registro de horas extraordinarias; si estas superan el índice mensual; y si son retribuidas. En este caso, están planificadas 146 actuaciones en entidades financieras y de seguro, en la industria alimentaria, artes gráficas, impresión y encuadernación; en el sector del comercio, en talleres de reparación mecánica y concesionarios de vehículos. También se actuará en las empresas que tengan que ver con las actividades sociosanitarias, como clínicas, hospitales y residencias de mayores.
La otra vertiente de esta actuación se realizará en aquellas empresas con un alto porcentaje de plantilla contratada a tiempo parcial, como, por ejemplo, la hostelería, especialmente en la restauración, bares y ocio nocturno; el comercio, sobre todo el textil y calzado; y la construcción.
Las infracciones por no tener los registros actualizados y firmados por los empleados pueden ir, explicó Trasobares, en función de si son sanciones graves o muy graves de los 600 euros a los 6.000 euros. No obstante, José Trasobares quiso lanzar un mensaje de tranquilidad. “Los inspectores no van a entrar en las empresas como un elefante en una cacharrería. Va a imperar el sentido común, porque estamos de acuerdo en que hay muchas excepciones y lo normal es que todas las empresas ya cumplan con este requisito. El 90% de los empresarios son serios, los que tienen que tener miedo son el 10% restante “.
Trasobares reconoció incluso “el quebranto” en tiempo y burocracia, sobre todo para las pequeñas pymes, pero vio más complicado aún algunas situaciones excepcionales que se pueden dar, como por ejemplo, en el sector del trabajo a domicilio o teletrabajo, en aquellos casos en los que el trabajador acude directamente de su domicilio a su trabajo, caso de los comerciales o periodistas. También el control de las jornadas partidas, donde el empleado se queda en el trabajo a comer.
Durante la jornada se pintaron muchos escenarios, el caso de los actores, de los transportistas con los tacógrafos, o incluso aquellos supuestos, sobre todo en los locales de ocio nocturno y restauración, donde el empresario, al verse desbordado de gente, pide al empleado que se quede una hora más; tiempo que, en la mayoría de los casos, después convalida con la entrada más tarde. “En estos casos en los que hay un acuerdo entre empresario y empleado”, explicó Trasobares, “debe hacerse constar y estar documentado”.
Trasobares insistió en que de las 1.200 actuaciones que se han hecho ya, el 87% de las empresas superaron con éxito la inspección. “Pero lo más llamativo”, declaró, “es que cerca de 800 contratos a tiempo parcial han sido transformados a jornada completa, con lo cual la inspección funciona”. No obstante, reconoció que el registro también puede tener una doble cara, ya que puede ser utilizado por el empresario para ver las ausencias no justificadas”.
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