El cierre del bar Sunset 290 ubicado en El Rincón depende ahora de la justicia

El Pleno se opone a la suspensión de la clausura pedida por el dueño y ratifica que el local no tiene los permisos ni la calificación territorial
Sunset 290.
Sunset 290.

Son pocos los antecedentes de la celebración de un pleno en agosto. Sobre todo, teniendo en cuenta la inhabilidad del juzgado en este mes salvo que se trate de casos de urgencia. Y ese parece ser el del bar cafetería Sunset, ubicado en el paraje protegido de El Rincón, cuya orden de cierre, fijada para el 5 de agosto por ejercer la actividad en un espacio natural protegido, depende ahora de la justicia, toda vez que fue recurrida por su propietario y obligó a convocar una sesión extraordinaria en el Ayuntamiento de La Orotava.

El Pleno se opuso por unanimidad a la suspensión de la clausura, solicitada por el dueño, igual que a la multa de 15.000 euros impuesta por el acuerdo unánime de todas las fuerzas políticas. De este modo, ratificó que el local “no cuenta ni con la calificación territorial, ni mucho menos con la licencia municipal o declaración responsable que le habiliten para el ejercicio”, tal y como consta en el informe emitido por la jefa del departamento de Patrimonio, participación ciudadana y disciplina urbanística, Pino González.

En ese mismo documento, González también deja constancia que el uso de hostelería que se desarrolla en la parcela “se encuentra expresamente prohibido para esta zona”.

Fue en marzo cuando la Corporación declaró muy grave la infracción del establecimiento, al que se le impuso el cese de la actividad y una multa de 15.000 euros. El 28 de junio se admitió la presentación del recurso de reposición contra este acuerdo pero se desestimó el presentado por el propietario en cuanto a las pretensiones formuladas respecto al fondo por ser ajustado a derecho.

El propietario entregó otros ante la Subdelegación del Gobierno y el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 3 de Santa Cruz de Tenerife solicitando la suspensión de la ejecución del decreto por el que se resuelve proceder al precinto del local. Ambos conllevaron a que la justicia diera al Ayuntamiento un plazo de diez días hábiles para que exponga lo que estime procedente sobre la solicitud de medida cautelar formulada por el Sunset 290.

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