El Gobierno canario renuncia al control directo del impacto ambiental del urbanismo

El proyecto de Ley del Suelo da el poder de evaluar los efectos en el medio ambiente de planes insulares y generales a cabildos y ayuntamientos, que de forma voluntaria podrán pedir colaboración a la futura Cotmac
El Gobierno de Canarias, durante el último Consejo del mes de agosto. / DA
El Gobierno de Canarias, durante el último Consejo del mes de agosto. / DA

La Ley del Suelo que se tramita a partir de septiembre en el Parlamento canario, a propuesta del Gobierno de CC y PSOE, supondrá un vuelco en las competencias urbanísticas. Hasta ahora, la Comisión de Ordenación del Territorio y el Medio Ambiente (Cotmac), adscrita al Ejecutivo canario, es la que declara, de forma vinculante, si la planificación urbanística o territorial de un municipio o una isla respeta el medio ambiente.

Pero si se aprueba el proyecto de ley, el Gobierno autonómico renunciará a todo control directo de la evaluación ambiental, que quedará en manos de los ayuntamientos -en el caso de los planes generales y parciales- o los cabildos -los planes insulares y territoriales-.

La futura Cotmac, si es que se sigue llamando así, solo podrá intervenir como órgano colaborador, cuando se lo requiera un cabildo o un ayuntamiento, en el caso de que este carezca de recursos suficientes para tramitar la declaración ambiental de un plan.

La evaluación que deber evitar o mitigar los daños de los usos y actividades humanas en el medio ambiente quedará, pues, en manos de unos órganos, totalmente inéditos hasta ahora, que tendrán que crear las administraciones locales.

Para garantizar su independencia, el proyecto de Ley del Suelo se remite al criterio de la normativa estatal y europea, según el cual, tales órganos evaluadores “deberán contar con separación funcional y orgánica respecto al órgano sustantivo”, tanto del gobierno municipal o insular correspondiente como del pleno de la corporación.

Ante la confusión que pueda crearse en este nuevo sistema monofásico de aprobación del planeamiento, el Gobierno canario solo se reserva elaborar un reglamento con “las normas, los criterios y la metodología” de estos órganos ambientales, para asegurar así “la unidad y coherencia” de su función, según reza el proyecto de ley.

Dentro del procedimiento de evaluación ambiental estratégica de un plan, documento que se someterá a información pública, la propuesta legislativa prevé que, si hay discrepancias entre el órgano ambiental y la concejalía o consejería que tramita el plan general o insular de ordenación, este se remitirá al pleno de la respectiva corporación, para que sea el que tome la decisión final.

Si se trata de un plan parcial o un plan especial de ordenación en un municipio, el método cambia, pues en ese supuesto si hay discrepancias sobre el cumplimiento de la normativa medioambiental, será el propio alcalde o la Junta de Gobierno por él presidida la que resuelva las divergencias. “De acuerdo con el procedimiento previsto en la legislación básica en materia de evaluación medioambiental”, advierte el proyecto de Ley del Suelo.

Cabe recordar que ya desde inicios del año 2014, con la llamada Ley de Armonización y Simplificación sobre Protección del Territorio y de los Recursos Naturales, quedó derogada la Ley de Prevención de Impacto Ecológico de Canarias, que estuvo vigente durante casi 25 años. La futura Ley del Suelo en tramitación se limita a aplicar la legislación estatal en esta materia.

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