El proyecto de Ley del Suelo aprobado por el Gobierno canario y remitido al Parlamento mantiene uno de sus mecanismos más cuestionados por los críticos con esta futura norma: la posibilidad de autorizar proyectos públicos y privados con su declaración de interés insular (por un cabildo) o autonómico (por el Ejecutivo regional), encajen o no en los planes en vigor. Se podrán ejecutar en toda clase de suelo, aunque en rústico de protección ambiental y agraria solo por iniciativa pública.
Pese a ser tan cuestionado este capítulo V del proyecto de ley por los detractores de esta iniciativa gubernamental, el Consejo Consultivo de Canarias no le ha puesto reparos. Así, en su dictamen señala que la posibilidad de modificar el planeamiento general con proyectos que tienen la naturaleza de instrumentos de ordenación específicos “no constituye novedad alguna en la legislación autonómica”, pues ya está prevista en el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales Protegidos, tras introducirse en 2009 a través de la Ley de medidas urgentes en ordenación territorial.
Además, el Consultivo recuerda que esta parte del proyecto de Ley del Suelo está además “en consonancia” con la última modificación del citado texto refundido, en 2014, mediante la Ley de Armonización y Simplificación, que suprime la necesidad de que cualquier actuación en el territorio tuviera que estar planificada para poder ejecutarla.
De salir adelante la Ley del Suelo con su redacción actual, un cabildo o el Gobierno canario podrán imponer a otra administración un proyecto no previsto en su respectivo plan, declarándolo de interés insular o autonómico. Así se autorizarían “infraestructuras públicas, dotaciones o equipamientos estructurantes, actividades industriales, energéticas, culturales, deportivas, sanitarias o de otra naturaleza, de carácter estratégico, especialmente cuando se trate de necesidades sobrevenidas o actuaciones de carácter urgente”.
El expediente de declaración de interés insular o autonómico, durante un mes saldrá a información pública y se recabará los informes de las otras administraciones públicas (no se tendrán en cuenta si llegan fuera de plazo). Pasará trámite de evaluación ambiental simplificado o estratégica, según lo determine la ley estatal en esta materia.
Si los ayuntamientos en cuyo municipio se va a ubicar la infraestructura o instalación no están conformes, la declaración la aprobará de forma definitiva el Gobierno canario.
PODEMOS CREE QUE SE VULNERAN TRES LEYES ESTATALES
Podemos considera que la Ley del Suelo promovida por el Gobierno canario se enfrenta “como mínimo a tres leyes estatales” y, por ello, no alberga “ninguna duda” en presentar el recurso ante el Tribunal Constitucional, del que ayer informó a este periódico su portavoz parlamentaria, Noemí Santana.
Se trata de las leyes de Bases y Régimen Local, de Patrimonio y Biodiversidad y de Suelo estatal, como ayer precisó en rueda de prensa, de la que se hizo eco Europa Press, la diputada nacional de Podemos Carmen Valido, quien aseguró que los informes jurídicos del Ejecutivo canario alertan de que esta iniciativa gubernamental puede chocar con legislación básica.
Para la parlamentaria, desaparecen de esta futura ley principios que “evitan la especulación en el suelo y en la vivienda, desoyen los artículos 46 y 47 de la Constitución” y “tocan de soslayo el 103 en cuanto a competencias y actuaciones de la Administración”.
Valido estuvo acompañada por los también diputados nacionales María Pita y Alberto Rodríguez, así como por Noemí Santana, quienes avanzaron que presentarán este recurso en cuanto la Cámara autonómica apruebe la ley, previsiblemente en los próximos tres meses.
Podemos ha intentado que el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, “reconsidere su postura, sin abrir la puerta a la especulación y al ladrillazo”, manifestó Santana, quien consideró que este documento supone “un certificado de defunción de nuestra tierra”.
Rodríguez opinó que la Ley del Suelo “continúa un modelo de desarrollo que ha provocado desempleo y desigualdad”. A su juicio, Canarias “es una de las regiones más degradadas del país” y, en este sentido, esta será una ley que “nacerá viciada desde la raíz”.
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