Agentes de la Policía Nacional, en el marco del Plan Policial contra la Trata de Seres Humanos, han liberado a dos mujeres que eran explotadas sexualmente en clubes de Valencia, Mallorca y Lanzarote y han detenido a cuatro miembros del un clan familiar que las obligaba a ejercer la prostitución y a entregarles todas sus ganancias.
Según ha informado la Policía en un comunicado, una de las jóvenes había sido drogada, golpeada y violada durante años por los miembros del clan, que acabaron vendiéndola a otra red de origen albanés, que continuó con su explotación sexual. A la otra víctima, a la que habían fotografiado ejerciendo la prostitución, la amenazaban con enviar las fotos a su familia y a su expareja para que le quitara la custodia de su hija de tres años.
La investigación se inició el pasado mes de mayo a partir de la denuncia de una de estas dos mujeres que relató a la Policía cómo había sido captada por un clan familiar de ciudadanos de nacionalidad rumana para venir a España, ofreciéndole la posibilidad de trabajar en España, donde ganaría suficiente dinero para mejorar las condiciones de vida tanto suyas como de sus familias.
Una vez en España, había sido obligada a ejercer la prostitución en clubes de alterne de distintas localidades como Valencia, Palma de Mallorca o Lanzarote. Según la Policía, debía realizar los servicios sexuales que le encomendaban y una vez terminada su jornada tenían que entregar a los tratantes la totalidad del dinero recaudado.
Para doblegar su voluntad, los miembros del clan la amenazaron, agredieron, drogaron, violaron y humillaron durante años. Cuando el clan se cansó de ella, “pues consideraron que ya no iban a obtener suficientes beneficios de su explotación”, la vendieron a otra organización de origen albanés que la llevó a Alemania, donde continuaron explotándola sexualmente.
Dos años después, la víctima logró escapar de esta organización y regresó a España, donde fue atendida por una ONG especializada en la atención a víctimas de trata de seres humanos. La joven, por el miedo a posibles represalias por parte de los tratantes y a las condiciones en las que ha vivido los últimos años, tuvo que ser internada en un centro de asistencia psiquiátrica debido al síndrome postraumático.
LA DENUNCIA
Posteriormente la chica decidió denunciar y los agentes, tras ofrecerle las medidas de protección y asistencia previstas en la legislación, pusieron en marcha una investigación con el fin de comprobar la veracidad de los hechos denunciados, llegando así a localizar el clan ahora desarticulado.
Las investigaciones llevaron a la Policía a averiguar la existencia de otra víctima del mismo clan que estaba siendo explotada en Lanzarote.
La joven también había sido captada en Rumanía por la matriarca del clan con falsas promesas de trabajo en España y, ante la situación de necesidad en la que estaba viviendo, con una hija de tres años a su cargo, había aceptado la propuesta.
Una vez en España, el clan la obligaba a ejercer la prostitución y a entregarles todo el dinero que obtuviera a cambio de sus servicios y, si se negaba a hacerlo, la golpeaban.
Además, la habían fotografiado mientras ejercía la prostitución y la amenazaban con enviar las fotografías a su familia en Rumania, así como a su ex pareja, asegurándole que con ello, le quitarían la custodia de su hija de tres años, que había dejado allí al cuidado de su abuela.
Los agentes, pertenecientes a la Brigada Central contra la Trata de Seres Humanos de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, de las UCRIF de Mallorca y de Madrid y de la UFAM de Arrecife (Lanzarote) procedieron a la detención de los cuatro personas de origen rumano, todos ellos pertenecientes a mismo clan familiar por delitos de trata de seres humanos, explotación sexual y otros.
‘CON LA TRATA NO HAY TRATO. DENÚNCIALO’
Esta operación se enmarca dentro del Plan de la Policía Nacional contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual, en funcionamiento desde 2013 que motivó la activación de la línea telefónica 900 10 50 90 y el correo trata@policia.es para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia, anónima y confidencial, de este tipo de delitos.
Desde la puesta en marcha de dicho plan, la Policía ha detectado a más de 30.000 víctimas potenciales de este delito, de las que más de 150 eran menores de edad.
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