La Constitución española es como una caja de bombones, llena de derechos y libertades con distintos sabores. Dentro de lo bueno, lo malo es que algunos se han derretido con el tiempo. En un ambiente caldeado por el desafío soberanista, tal vez no sea este el momento más oportuno para abrir los envoltorios y restituir las piezas caducas. El desasosiego político tampoco ayuda. Pero habrá que ir preparando los moldes para cuando llegue la ocasión propicia. Esa perspectiva histórica de futuro ha animado al Parlamento de Canarias y al Gobierno regional a organizar, en colaboración con la Fundación CajaCanarias y el respaldo de la Asociación de Constitucionalistas de España, una inédita conferencia autonómica para los días 28, 29 y 30 de septiembre en Santa Cruz de Tenerife, con entrada gratuita. Como único requisito, la web Canariasenlaconstitucion.es incluye una pestaña destinada a formalizar el registro.
La lección inaugural la impartirá el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, que disertará sobre el papel del TC en el Estado de las autonomías. El programa se cerrará con la presentación, por parte de la catedrática Margarita Ramos Quintana, de la propuesta Canarias ante la reforma de la Constitución, un documento marco que recogerá las particularidades de las Islas.
En sus casi 38 años de vida intensa, la Constitución ha experimentado dos modificaciones. La primera de ellas se derivó de la firma, el 7 de febrero de 1992 en Maastricht, del Tratado de la Unión Europea. El retoque consistió en añadir “y pasivo” en el artículo 13.2: “Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales”. La segunda se acometió en 2011, cuando se sustituyó íntegramente el artículo 135 como consecuencia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la eurozona. Se trata de “prevenir la aparición de déficits presupuestarios excesivos”. De ahí viene el techo de gasto.
En ninguna circunstancia se sometió a referéndum, porque el propio mecanismo constitucional establece ese procedimiento de ratificación “si así lo solicitan, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las cámaras”. Cuando se emprenda una revisión total o una parcial que afecte al título preliminar, al capítulo segundo (derechos y libertades), la sección primera del título I (derechos fundamentales y libertades públicas) o al título II (la Corona), se precisa una mayoría de dos tercios de cada Cámara, y una inmediata disolución de las Cortes Generales. El nuevo Legislativo certifica la decisión y estudia el texto constitucional, que saldrá adelante con un aval mínimo de dos tercios. Luego se convocará al cuerpo electoral para su refrendo.
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“La sociedad ha evolucionado y algunos contenidos ya se ven como obsoletos”
Margarita Ramos Quintana observa a su alrededor transformaciones sociales y económicas no insignificantes. “Se ha avanzado mucho en cuanto a las atribuciones de las comunidades autónomas y la delimitación correcta de las competencias de la Administración General del Estado”, expone la catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en su despacho de la Universidad de La Laguna.
“Ha habido cambios legislativos importantes en el ámbito de los derechos de las personas, de la ciudadanía”, arguye la vicepresidenta de la Fundación CajaCanarias. “En fin, hay todo un conjunto de contenidos que comienzan a verse como obsoletos dentro de la Constitución del 78”.
A la vista de cómo han transcurrido los acontecimientos, la exconsejera de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias pivota sobre tres ejes una eventual reforma de la Carta Magna desde una mirada detallista, que no ombliguista, del Archipiélago: el estatus de región ultraperiférica de la Unión Europea, la financiación autonómica y el Régimen Económico y Fiscal. En relación a este último aspecto, en la conferencia sobre la reforma se pondrá en cuestión la vigencia de la disposición adicional tercera.[/su_note]
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“De lo que se trata ahora es de que no nos llevemos sorpresas”
La disposición adicional tercera y las menciones en algunos artículos a la insularidad ya no parecen ser suficientes para Canarias. “Suponíamos que eso nos bastaba”, evoca José Luis Rivero Ceballos. “Los tribunales se encargaron de ir reduciendo el nivel de protección que se creía que tenía el REF”, reflexiona el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna. “De lo que se trata ahora es de que no nos llevemos sorpresas. Anclaje, blindaje… Si es posible, que haya un reconocimiento que realmente sea efectivo y sólido, en la medida que sea, que no haya interpretaciones no queridas”.
En lo que respecta al concepto de región ultraperiférica, su inclusión en el Tratado de la UE da pie a que se plantee su proyección a la Constitución, mediante “una fórmula jurídica y políticamente adecuada”.
El presidente de la Fundación Pedro García Cabrera y ex del Consejo Económico y Social rememora la incorporación de España a la entonces Comunidad Económica Europea (CEE), el 1 de enero de 1986. “Nosotros habíamos estudiado con carácter previo cuál era la situación de Canarias. Se colocaron varios informes sobre la mesa. En función de eso, se adoptó una decisión”. El Protocolo II del acta de adhesión excluía a Canarias, Ceuta y Melilla de la unión aduanera y de políticas comunes como la agraria y la pesquera. Se dejó abierta la puerta de la integración pragmática, que se concretó el 1 de julio de 1991 tras una petición del Parlamento al Gobierno de la nación.[/su_note]
Francisco Pérez de los Cobos Orihuel: Presidente del Tribunal Constitucional y magistrado de dicho órgano desde el año 2010. Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Autor de un centenar de publicaciones, destacan en ellas dos líneas de investigación, el análisis de los problemas laborales derivados de las transformaciones productivas y el Derecho Comunitario del Trabajo.
Pablo Pérez Tremps: catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid y presidente de la Asociación de Constitucionalistas de España. Fue magistrado del Tribunal Constitucional de 2004 a 2013. Autor de diferentes trabajos sobre la reforma del Tribunal Constitucional y la relación entre la Constitución y la financiación autonómica.
Juan Fernando López Aguilar: catedrático de Derecho Constitucional por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). Ministro de Justicia de 2004 a 2007, es eurodiputado socialista, miembro titular de la Comisión Parlamentaria de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y miembro sustituto de las comisiones de Asuntos Exteriores y de Desarrollo y Cooperación. Ostenta la vicepresidencia de la Asamblea Parlamentaria Paritaria África, Pacífico-Unión Europea.
Javier García Roca: catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid y director del Instituto de Derecho Parlamentario de este centro docente. Letrado del Tribunal Constitucional de 1987 a 1994, es miembro del Comité Ejecutivo de la International Association of Constitutional Law (IACL).
Jesús Ruiz-Huerta Carbonell: catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos, fue director general del Instituto de Estudios Fiscales (de 2004 a 2008) y del Instituto Universitario Ortega y Gasset (2000 a 2004).
Margarita Ramos Quintana: catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de La Laguna (ULL). Directora e investigadora de varios proyectos de investigación nacionales y autonómicos. Árbitro del Tribunal Laboral Canario, fue Decana de la Facultad de Derecho de la ULL de 1996 a 1999. Fue consejera de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias de 2011 a 2013. Es vicepresidenta de la Fundación CajaCanarias.
José Luis Rivero Ceballos: catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna. Fue presidente del Consejo Económico y Social de Canarias de 2001 a 2007. Presidente de la Fundación Pedro García Cabrera, es uno de los economistas canarios más consultado y ha publicado numerosos libros sobre diferentes aspectos de la economía canaria.
Arturo Melián González: profesor titular del departamento de Economía y Dirección de Empresas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Fue vicepresidente de Asuntos Económicos de la ULPGC de 2002 a 2007 y Director General de Planificación y Presupuesto del Gobierno de Canarias de 2011 a 2014. Líneas de investigación en turismo y gestión pública.
Martín Orozco Muñoz: doctor en Derecho, es abogado del Estado y en ejercicio. Ex jefe de los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, es autor de diferentes publicaciones y, entre ellos, el libro El Régimen fiscal especial de Canarias: conformación por el bloque de constitucionalidad.
Salvador Miranda Calderín: economista, licenciado en Derecho y Doctor en Historia, es director de la Cátedra de Régimen Económico y Fiscal de Canarias de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Es auditor oficial de Cuentas.
Rodolfo Espino Romero: profesor titular de Economía Aplicada de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la ULPGC de 1990 a 1994, sus trabajos giran en torno a las líneas de investigación en Economía Pública regional y el REF canario.
Fabiola Martín Cáceres: es profesora titular de Derecho Financiero y Tributario. Magistrada suplente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias hasta 2013.
José Ignacio Navarro Méndez: doctor en Derecho, es letrado del Parlamento de Canarias y director parlamentario de Transparencia y Modernización Tecnológica.
Julián Zafra Díaz: técnico de la Delegación del Gobierno de Canarias en Bruselas (1999-2002), es el actual Jefe de Servicio de Relaciones con la Unión Europea.
Fernando Redondo Rodríguez: presidente del Consejo Económico y Social (CES). Economista de formación, desempeñó el cargo de Consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias.
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