“Con esta ley, el desarrollo turístico no ocupará más del 1% de la superficie de la isla de La Palma”

Antonio Castro Cordobez, en el Parlamento de Canarias. / FRAN PALLERO
Antonio Castro Cordobez, en el Parlamento de Canarias. / FRAN PALLERO

Está con la “conciencia tranquila”. Para Antonio Castro Cordobez, no hay duda, política ni jurídica, de que la ley del turismo para las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro respeta “escrupulosamente” el ámbito competencial de la Comunidad Autónoma, enaltece el consenso y “no desampara” la protección del medio ambiente.

-¿Qué necesidad había de elaborar esta ley?
“Las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro siempre han tenido dificultades para incorporarse al modelo de desarrollo económico y social de Canarias. No solo ahora, en el aspecto del turismo. Incluso en la agricultura han sido islas con mucha actividad en el pasado pero se han estancado por una serie de condicionantes como la doble insularidad”.

-¿Qué turismo se busca?
“El turismo que ha existido en Canarias es básicamente de sol y playa, que está de alguna manera masificado. Estas islas no tienen esa posibilidad. En cambio, cuentan con unos recursos naturales, paisajísticos, ambientales, patrimoniales y culturales enormes. Pero existe el grave inconveniente de la doble insularidad y de la pequeña dimensión, con lo cual es mucho más caro ir de turismo a El Hierro, La Gomera o La Palma que a Fuerteventura”.

[su_pullquote]“Es una norma muy concisa y respetuosa con los valores naturales, patrimoniales y culturales”[/su_pullquote]

-¿De dónde viene este interés?
“En 1999 se empieza a hablar en Canarias de la necesidad de regular el crecimiento turístico. En aquella época, se estaba por los nueve o diez millones de turistas al año y ya había preocupación por por la falta de ordenación del sector y del planeamiento territorial. En el año 2001 se promulgó un decreto de las directrices de ordenación del turismo en Canarias y la ley de directrices se aprobó en 2003. Entonces, las islas de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura se prepararon para eso, realizaron una gran cantidad de proyectos y consiguieron las autorizaciones. Esa posibilidad no la tenían La Palma, La Gomera ni El Hierro. Entonces, para dar salida a eso, se elaboró la ley 6/2002, la que ahora se ha reformado, con la pretensión de permitir determinadas actuaciones fuera del marco de las directrices y en suelo rústico. Sin embargo, luego vendrían las dificultades a la hora de tramitar el planeamiento, que iba por las disposiciones ordinarias. Y algo que para mí es clave: lo que se planteaba para el suelo rústico quedaba abierto a los planes generales municipales, que tardan años. Y otra cuestión por la que creo que también falló: la hicimos [la ley] sin fijarnos en la estructura real y la situación socioeconómica de la propiedad del suelo rústico”.

-¿Qué ocurrió entonces?
“Los cabildos de La Gomera y El Hierro hicieron sus planes insulares, y La Palma, el territorial turístico. Y se aprobaron en 2008, muchos años después. Por una serie de circunstancias, el Tribunal Supremo puso reparos, no de fondo en absoluto, sino de forma: la evaluación de impacto ambiental que plantea la Cotmac no fue la adecuada y que se obvió una información pública. A todas estas, ha habido como cuatro o cinco reformas de las leyes del territorio. Total, que tomamos la decisión de adoptar una figura que está establecida en otras comunidades autónomas. Son actuaciones singulares que se hacen fuera de ordenación por ser de interés general”.

[su_pullquote align=”right”]“Se abre un cauce para un crecimiento económico controlado, equilibrado y sostenible”[/su_pullquote]

-Para eso está la ley de Armonización y Simplificación en materia de Protección del Territorio y de los Recursos Naturales, ¿no?
“Sí, la ley 14/2014… Nuestro partido, Coalición Canaria, lo llevó en su programa electoral y se incorporó al pacto de gobierno con el Partido Socialista”.

-¿De qué se trata?
“De clarificar, por un lado, las actuaciones en suelo rústico y, por otro, dar carácter de interés insular. En este caso, se otorgan las competencias a los tres cabildos. Se agiliza y se simplifica el procedimiento de trámite. Y no están más sujetas que al trámite administrativo que marque el Cabildo de conformidad con esta ley que hemos aprobado en este último pleno. Se establecen plazos concretos para que las administraciones contesten en dos meses a la solicitud, y una vez hecha la autorización, los promotores disponen de dos años para empezar las iniciativas. Es una ley muy clara, muy concisa, muy concreta y muy respetuosa con los valores naturales, patrimoniales y culturales”.

-La iniciativa la tomó el Cabildo de La Palma…
“Y se tramitó en el Parlamento. Los grupos hemos estado trabajando muy en coordinación con los de La Palma. El Consejo Consultivo emitió su informe absolutamente favorable, se ha estado de acuerdo con los juristas de la Ley del Suelo y con técnicos profesionales. Ha sido una tarea muy laboriosa y hemos tenido la gran fortuna de consensuarla entre los partidos mayoritarios de la Cámara. Coalición Canaria y el Partido Socialista la impulsamos y el Partido Popular se unió”.

-Podemos y Nueva Canarias quedaron al margen…
“Bueno, son partidos sin representación en el Parlamento por estas islas. Esta ley ha salido con el apoyo del 100% de los diputados por La Palma (8), La Gomera (4) y El Hierro (3), y el apoyo del Partido Socialista, Coalición Canaria, Partido Popular y la Agrupación Socialista Gomera [grupo Mixto]”.

[su_pullquote]“De lo que se trata es de clarificar las actuaciones en suelo rústico y determinar el interés insular”[/su_pullquote]

-Los focos de la controversia no se han extinguido…
“El Parlamento de Canarias tiene plenas competencias para legislar sobre el territorio y, en el aspecto medioambiental, es de aplicación la normativa del Estado”.

-¿La Ley del Suelo no bastaría?
“No, porque son dos cosas distintas. Meterla en la Ley del Suelo era confundir los objetivos. Esta se ha concebido para permitir el desarrollo turístico de estas islas, incorporarlas al modelo económico de Canarias con unas características propias. La Ley del Suelo va a ordenar el territorio para mucho más que el turismo”.

-¿Cuáles son los límites?
“En La Palma, cuando esté desarrollado todo, el turismo ocupará el 1% de la superficie de la isla, que tiene declarado en protección el 86% de su territorio”.

-¿Y camas?
“De las 8.000 camas turísticas previstas en la ley de 2002 se han hecho en La Palma 64, creo que 6 en El Hierro y 12 en La Gomera. En La Palma, en todo este tiempo se han hecho 164 camas, con las 100 del plan general del municipio de Tazacorte. En catorce años, se han hecho en Lanzarote 13.000 camas más, con moratoria, y hoy en día suma unas 120.000. La Palma si acaso llegará a 25.000; pero, a medio plazo, las previsiones son las 9.000 de ahora más las 8.000 de esta ley. Solo en el municipio de Pájara, en Fuerteventura, hay cerca de 40.000, casi el doble de las de La Palma al final de los siglos”.

-¿Qué impacto habrá en la vida cotidiana de la población?
“Aparte de las grandes inversiones, en las que participarían empresarios de fuera, está la otra vía de trabajo de esta ley, que beneficia directamente a los agricultores: la construcción de pequeños alojamientos turísticos en suelo rústico, cuyo desarrollo va a depender de los acuerdos a los que lleguen los ayuntamientos con el Cabildo. La idea consiste en adaptar el turismo a las peculiaridades de estas islas y que esto sirva para complementar las rentas agrarias. Con el requisito mínimo de 2.500 metros de superficie agrícola, el agricultor podrá instalar 10 camas, que son dos o tres apartamentos. Después hay otro tramo de 10 a 20 camas, que necesita 250 metros por cama, un 15% máximo de ocupación de la superficie agrícola, hasta llegar a 40 camas. Entre 40 y 200 son pequeñas instalaciones hoteleras en el suelo rústico”.

-¿El verde que predomina es el de la naturaleza o el del dinero?
“Se abre un cauce para que ese verde sea utilizado para un desarrollo controlado, equilibrado, sostenible y compatible con el medio ambiente. Se crean las bases de una oportunidad histórica”.

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