La oposición exige la suspensión del copago en las escuelas infantiles

Los grupos municipales de PSC-PSOE, Sí se puede e Izquierda Unida Canaria (IUC) en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife han firmado una moción conjunta para que el pleno de la Corporación local suspenda la aplicación de la ordenanza que fija el copago en las escuelas infantiles municipales para el curso académico 2016 – 2017.

Portavoces de los tres grupos opositores en el Consistorio defenderán en la sesión plenaria de mañana que se den “los pasos legal y administrativamente necesarios para suspender la aplicación de la Ordenanza Reguladora de la Tarifa para la Prestación del Servicio de Escuelas Infantiles Municipales para el curso académico 2016 – 2017”, tal como figura en el texto de la moción.

El portavoz de la Plataforma de familias afectadas por el copago en las Escuelas Infantiles Municipales, Ángel Mesa, no dudó en calificar la publicación en julio de las tarifas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de “asalto vacacional”, una expresión que describe y se aplica a las publicaciones de leyes, ordenanzas y otros asuntos de interés público que cuentan con un amplio rechazo ciudadano, y se publican en periodos de vacaciones para evitar reacciones contrarias que puedan dejarlas sin efecto.

Mesa informó, además, que de las alrededor de 70 familias afectadas, en torno a 30 han presentado un contencioso administrativo para frenar la aplicación de la ordenanza que establece el copago del servicio de las escuelas infantiles municipales en Santa Cruz, una medida que la mayoría de las personas afectadas se han negado a cumplir hasta ahora. “Esto es un problema social; estamos de acuerdo con que las familias con tarifa cero sean las primeras en acceder al servicio; para eso hay que hacer una ordenanza que lo establezca así”, dijo el portavoz ciudadano.

Las concejalas Elena Mateo (del PSC-PSOE) y Asunción Frías (de Sí se puede) destacaron que la clave del asunto del copago en las escuelas infantiles municipales reside en la “ruptura de confianza” a las familias afectadas por la fijación de una tarifa para acceder al servicio después de haberlas admitido como usuarias sin información sobre las previsibles condiciones en que este servicio se iba a prestar.

Esa confianza rota nace de la “publicidad engañosa” por parte del Ayuntamiento, al difundir una nota de prensa que contenía “información falsa” en la que se indicaba que el servicio se mantendría con carácter gratuito, según explicó Frías. “El grupo de gobierno municipal suele crear una realidad virtual a través de sus notas de prensa y este es un ejemplo clarísimo”, enfatizó.