La sociedad civil, las movilizaciones sociales y las presiones generadas tanto en Europa como en Canadá y Estados Unidos han conseguido que muchos representantes políticos hayan “levantado las cejas” ante el “secretismo” con el que se están negociando tres acuerdos de libre comercio y sobre servicios que, a juicio de los colectivos discrepantes, suponen un “flagrante ataque” a la soberanía nacional, regional o municipal. Pero la “pausa natural” en los contactos oficiales no enfría el debate. “Estamos en una fase muy caliente”, profiere Tom Kucharz. Este militante de Ecologistas en Acción y miembro de la Secretaría Confederal ha visitado recientemente Tenerife invitado por la plataforma PalcarajoTTIP, que funciona desde hace un año y medio. “El pistoletazo de salida fue un acto en la plaza de Weyler”, recuerda Joan Blasco. Entre sus actividades, han interpretado una pequeña obra de teatro en la que explican en clave de humor las repercusiones de estos tratados de libre comercio especialmente en Canarias. Y han promovido mociones en instituciones.
La inquietud ha entrado en el Parlamento de Canarias, que ha recogido el malestar por la “escasa o nula información que llega a las administraciones públicas y a la población”. En ese escenario, el jefe del Ejecutivo regional, Fernando Clavijo, ha expresado su preocupación por el “impacto económico” en las regiones ultraperiféricas (RUP) y ha criticado que, en el caso del TTIP, Estados Unidos y la Unión Europea actúen “a espaldas de la ciudadanía”.
De los tres grandes acuerdos en cuestión, el que se encuentra en una etapa más avanzada es el CETA, entre la UE y Canadá. Las discusiones comenzaron en 2009 y concluyeron en 2014, aunque en febrero de 2016 se introdujeron algunos cambios. Ahora, el Consejo Europeo habrá de tomar una decisión sobre la autorización de la firma y la aplicación provisional. Tras pasar por el Parlamento, a principios de diciembre se votaría en la Comisión. En el proceso de ratificación, Bélgica y Austria se muestran reticentes.
[su_pullquote]“El sector agrario y ganadero sería el más afectado; además del turismo, los servicios en general y la afección en el medio ambiente”
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En lo que respecta al tratado con Estados Unidos, cuyos trabajos se iniciaron en 2013, el TTIP ha celebrado la decimoquinta ronda, a nivel técnico todavía. “Algunos políticos reconocen públicamente que aprobar un tratado transatlántico de comercio e inversiones tal como lo conocemos hoy en día sería un subsidio electoral”, apunta Kucharz. “Ya son más de 2.000 gobiernos municipales y regionales en toda Europa los que se han declarado en contra del TTIP, porque es un atentado a la democracia: recortaría más de un millón de empleo en la Unión Europea, ahondaría en la privatización de los servicios públicos, cambiaría fuertemente y de forma irreversible las legislaciones de protección medioambiental y seguridad alimentaria, y se deteriorarían los derechos laborales”.
En cuanto al TISA (servicios), “blindará a las multinacionales instaladas en España que contraten a sus trabajadores fuera”.
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Protestas contra la “mercantilización del planeta y de las personas”
Miles de personas recorrieron el sábado 15 de octubre diversas ciudades españolas, bajo el lema Las personas y el planeta, por encima de las multinacionales, para protestar contra unos tratados que “incidirían gravemente” en el “frágil” sistema económico de Canarias.[/su_note]
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