El acuerdo de salvación del pacto entre Coalición Canaria (CC-PNC) y el PSOE, suscrito ayer en la sede de Presidencia en Las Palmas, contiene una adenda con concesiones espinosas por parte de los nacionalistas, que evidencian un frenazo en seco de su escalada de tensión, en el último mes y medio, respecto a su socio. En las últimas horas circunstancias no reveladas parecen haber aconsejado al presidente Fernando Clavijo y su círculo más próximo destensar la cuerda con el PSOE y proceder a un apaño de continuidad, conscientes de que la convivencia, rota en la práctica, tiene difícil restauración.
Uno de los compromisos más difíciles para CC es el que establece sin ambages que en el plazo de 20 días deberá presentarse una moción de censura en el Puerto de la Cruz, con el fin de entregar la Alcaldía -que ahora ostenta el popular Lope Afonso con el apoyo de CC- a los socialistas, lo que convertirá en nuevo alcalde a Marco González. La ciudad turística es uno de los feudos históricos del PSOE y, pese a ser el partido más votado, los nacionalistas incumplieron el pacto en cascada y facilitaron el bastón de mando al candidato del PP. Esta -junto a la renuncia en el mismo plazo de la alcaldesa nacionalista de Arico en favor también del PSOE- es la compensación que han pedido en la reunión la vicepresidenta Patricia Hernández y el secretario general socialista, José Miguel Pérez, y que han aceptado el presidente Clavijo y el secretario general de CC, José Miguel Barragán. El intercambio de cromos entraña dificultades de índole local y personal. Carlos Alonso, presidente del Cabildo, se oponía hasta la víspera de este acuerdo a tal cesión (y la portavoz nacionalista municipal y primera teniente de alcalde, Sandra Rodríguez, defendió, asimismo, las bondades de la alianza con el PP, renuente al cambio).
El alcalde portuense, el popular Lope Afonso, lamentó que su alcaldía pueda ser “moneda de cambio” de los socios de un pacto, pero arrostró con realismo esa posibilidad: “Nunca hay que tenerle miedo a una moción de censura”, dijo.
Una “agresión”
Quiere todo ello decir que en el seno de CC no existe consenso sobre este paso, y que en el PSOE han sido firmes en la reivindicación del Puerto y Arico para restituir lo que consideran una “agresión” con la censura en septiembre de Granadilla, que fue arrebatada a los socialistas por los concejales de CC, PP y Ciudadanos. Ese día, el 27, en que José Domingo Regalado (CC) reemplazó en la Alcaldía al socialista Jaime González Cejas, se rompieron todas las costuras del pacto y el PSOE lo dio por “roto”.
Durante este último mes, los socios han mantenido un tira y afloja, sin llegar a marcharse y mientras ambos negociaban fórmulas alternativas de gobierno, que no se concretaron.
El contrato para salir del paso, suscrito ayer, va más allá: contempla la adopción de medidas disciplinarias que supongan la expulsión del partido de los siete concejales de CC de Granadilla de Abona, al haber incumplido el acuerdo con el PSOE. Sobre estos concejales pesa ya un expediente de expulsión, a iniciativa del secretario general del partido, José Miguel Barragán, que amenazó con dimitir si no era reprobada la conducta de los ediles rebeldes (finalmente, dimitió, y permanece en funciones).
Una información de DIARIO DE AVISOS, el pasado miércoles, referida a la posibilidad, ahora confirmada, de que CC consolara al PSOE con la Alcaldía del Puerto de la Cruz (el presidente aparecía en la portada en una imagen compuesta sirviendo en bandeja la cabeza de Lope Afonso) fue recibida con incredulidad en ámbitos cercanos a CC, que no daban crédito a ello. El PSOE se ha sentido en condiciones de exigir -y, a lo que se ve, con el viento a favor para hacerlo, dado el abanico de pactos alternativos- y ayer reclamó con éxito que se materialice la expulsión de los ediles y concertó una fecha para el traspaso de la alcaldía en discordia del municipio norteño: antes de 20 días.
Legislatura tensa
El Pacto por el crecimiento y el progreso social y económico de Canarias, firmado el 22 de junio de 2015, se vio ayer prorrogado, tras reconocer los nacionalistas en la reunión que la crisis se
desató al ser cuestionado el consejero de Sanidad y censurada la Alcaldía de Granadilla, calificando esta como “un grave incumplimiento” del pacto. Conscientes de esto último, evitaron dar por zanjada la cuestión municipal, emplazándose a cerrar el mapa de las corporaciones locales insertas en el pacto “en un tiempo razonable que permita recuperar la confianza quebrada”. El pacto entra en una fase de calma tras una etapa de tensión. En noviembre se reunirá la mesa de seguimiento del pacto para abordar los restantes incumplimientos locales. Y antes de tres meses deberán ser reconducidos, o, en su defecto, acordarán qué corporaciones quedan dentro o salen del marco del pacto. El consejero de Presidencia y Justicia, Aarón Afonso, y el viceconsejero de Presidencia del Gobierno, José Miguel Barragán, coordinarán las relaciones de ambos partidos en el seno del Ejecutivo.
Los socialistas lograron arrancar, asimismo, presupuestos preferentes para las áreas que prestan servicios públicos básicos (Sanidad, Educación y Servicios Sociales). A su vez, dada la desconfianza mutua hasta hora, que se traducía en la opacidad de las cuentas en manos de CC, el acuerdo establece, al menos en teoría, que a partir de ahora habrá un flujo de información detallada de la ejecución presupuestaria y de la gestión de los distintos fondos, así como del polémico cierre presupuestario, dispuesto por los nacionalistas y contestado por su socio. En este sentido, recoge que los gastos de los servicios públicos fundamentales no estarán sujetos a las limitaciones establecidas en la orden de la Consejería de Hacienda de 19 de septiembre sobre el cierre presupuestario, en el horizonte del objetivo de déficit para el ejercicio. Además, en relación con otra de las controversias suscitadas, el Fondo de Desarrollo de Canarias adoptará una nueva línea estratégica para contemplar proyectos relativos a Sanidad, Educación y Servicios Sociales.
Como quiera que en breve se deberá acometer la renovación de algunos de los órganos dependientes del Parlamento, ambos grupos se comprometen a unificar criterios en su negociación con la oposición.
El repentino deseo de conciliar posturas ha llevado a que se abunde en detalles, como el de coordinar las enmiendas. Respecto a la Ley del Suelo, norma estelar donde las haya, llegan a proclamar la voluntad de ir juntos en su tramitación para simplificar la burocracia.
Como no podía ser menos, la guinda de este acuerdo suplementario para salvar los muebles del pacto, será la presentación de una nueva iniciativa legislativa para cambiar la “deficiente” Ley de RTVC en vigor.
La prórroga del partido que se disputa en el Puerto de la Cruz
Los socios de este pacto parecen condenados a entenderse. La sesión sin fotógrafos de ayer consagraba una ceremonia inevitable. Tras más de un mes de trifulcas, el desgobierno en España parecía consentir que aquí los socios se llevaran mal. Al menos había gobierno y en Madrid, no. En cambio, ayer era el día de la vuelta a la normalidad en la España constitucional, y justo los socios del Gobierno canario parecían abocados a romper y marcharse cada uno por su lado, con un desenlace imprevisible. El fantasma de la moción de censura sobrevoló de nuevo el Parlamento y, llegado el sábado, nada parecía asegurar un recambio factible, al menos a corto plazo. Así que se citaron en la sede presidencial de Las Palmas de Gran Canaria y se dieron, como en las grandes finales, una prórroga. El partido continúa, y cada contendiente guarda sus cartas. Pero han eludido a tiempo el vacío. El vacío de poder.
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