La Fiscalía ha denunciado ante los Juzgados de Puerto del Rosario a casi 80 personas y una quincena de empresas que considera que pudieron conchabarse para estafar al Ayuntamiento de La Oliva en gestión de las hamacas de las playas, amañando los precios muy a la baja.
La Fiscalía ha presentado esta denuncia a raíz de unos hechos que puso en su conocimiento el edil de Votemos en La Oliva, Álvaro de Astica, que aseguró que dos empresarios dedicados a la gestión de las hamacas de las playas del municipio trataron de sobornarle la pasada primavera con 2.300 euros para que influyera en su favor ante otros ediles, de forma que consiguieran adjudicaciones.
El Ministerio Público entiende que contra ambos empresarios, Gregorio Roberto V.G. y Vicente C.C., existen indicios para que sean investigados como presuntos autores de un delito de cohecho y otro de tráfico de influencias en grado de tentativa.
Sin embargo, las indagaciones realizadas sobre este asunto han revelado una trama presuntamente más extensa y sistemática, que pudo haber causado un importante quebranto a las arcas públicas del Ayuntamiento de La Oliva -uno de los más turísticos de Fuerteventura- durante, al menos, los últimos seis años.
La Fiscalía describe a lo largo de su denuncia como unas 75 personas y una quincena de empresa pudieron concertarse para conseguir que el Ayuntamiento les concediera siempre a ellas la explotación de las hamacas en determinados sectores de las playas, con precios muy por debajo (la mitad y a veces menos de la tercera parte) de las mejores ofertas presentadas a los concursos públicos.
El sistema para amañar esas adjudicaciones consistía, presuntamente, en que todas las ofertas que se presentaban para un sector pertenecían o estaban controladas por una misma persona, a través de familiares, amigos, sociedades o aliados en las pujas.
De esa manera se conseguía que los “licitadores” que habían ofrecido los precios más altos al Ayuntamiento se fueran retirando sucesivamente cuando se les iba a adjudicar el servicio, bien por decisión expresa o bien porque había “olvidado” presentar alguna documentación. Como resultado, la explotación de ese sector de la playa se lo llevaba la oferta que menos dinero pagaba a La Oliva.
En esa mecánica, el fiscal implica incluso a la interventora del Cabildo de Fuerteventura entre los años 2012 y 2014, Dolores M.L., quien supuestamente ayudó a su hermano Felipe M.L., a conseguir varias zonas presentando sus propias ofertas y luego retirándose.
Y todo ello, subraya la acusación pública, a pesar de que su condición de interventora del Cabildo le impedía legalmente presentar pujas a concursos públicos. “No obstante lo cual”, añade, Dolores M.L. “efectuó pujas, con la sola intención de alterar el precio final, con el consiguiente perjuicio económico para el erario público y beneficio para su hermano”.
El fiscal pide que se investigue a las decenas de personas que participaron en esa mecánica de ofertas supuestamente amañadas por un delito de alteración de precios en concursos públicos o, subsidiariamente, por un delito de estafa.
La Fiscalía sugiere al Juzgado que se encargue del caso que exija al Ayuntamiento de La Oliva los expedientes de todas esas adjudicaciones de hamacas en las playas y que interrogue en calidad de testigos a las 23 personas que formaron parte de las mesas de contratación entre 2009 y 2015.
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