La Inspección de Trabajo y Seguridad Social es el brazo ejecutor de la campaña promovida por el Gobierno de Canarias para reforzar la lucha contra la explotación laboral y la economía sumergida. Desde hace dos semanas, y hasta el 20 de noviembre, 32 funcionarios complementan las tareas de control y vigilancia que esta organización del Ministerio de Empleo realiza cada día. En la región se hacen alrededor de 25.000 actuaciones al año, de las que unas 18.000 son visitas a centros de trabajo.
“Me parece estupendo”, comenta Carlos Buil, subinspector de Trabajo y miembro de la Junta de Personal por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI.F). “La ayuda nos viene muy bien”. Y, para disipar la “equívoca impresión” de inmovilismo, resalta que la Inspección “está todos los días en la calle”, no sin riesgo para la integridad física de los agentes. “Se trata de proteger derechos fundamentales, por ejemplo, en materia de prevención”, explica Buil. “Perseguimos la precariedad en sus diferentes expresiones. No es verdad que nos motive el afán recaudatorio”.
En su artículo 13.1, la ley reguladora, 23/2015, faculta a los inspectores y subinspectores para “entrar libremente en cualquier momento y sin previo aviso en todo centro de trabajo, establecimiento o lugar sujeto a inspección y permanecer en él”. No necesitan autorización judicial alguna, salvo cuando el sitio sea un domicilio particular (talleres clandestinos o servicios del hogar) y en circunstancias excepcionales (embajadas, consulados, prisiones o recintos militares).
Oponer resistencia es una osadía que no sale gratis. El real decreto legislativo 5/2000 tipifica como infracciones muy graves “las acciones u omisiones del empresario, sus representantes o personal de su ámbito organizativo que tengan por objeto impedir el acceso o permanencia de los inspectores y subinspectores, así como la negativa a identificarse”. Las sanciones por los comportamientos obstruccionistas oscilan entre los 10.001 y los 187.515 euros.
A efectos de esquivar zancadillas e impedir la colocación de palos en las ruedas, la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado prestarán apoyo y auxilio.
El espacio competencial de la Inspección se extiende a “las personas físicas y jurídicas, públicas y privadas, comunidades de bienes y otras entidades sin personalidad jurídica”. Quedan incluidos “los vehículos y medios de transporte en general, como trenes, aviones y aeronaves civiles; buques de pabellón español de pesca que se encuentren en puertos del territorio nacional o en aguas de soberanía; puertos y aeropuertos; entidades o empresas colaboradoras de la Seguridad Social”.
En algunos procedimientos, tendrán la consideración de autoridades laborales los órganos que cada Comunidad Autónoma designe. En Canarias es la Dirección General de Trabajo, como instancia superior de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, bajo la tutela de la vicepresidenta, Patricia Hernández.
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Un plan para promover la calidad en el empleo y erradicar los abusos en el ámbito laboral
Consensuado con sindicatos y empresarios, el plan contra la piratería laboral “intensificará la actuación inspectora con el fin de promover la calidad en el empleo y garantizar que se cumplan las jornadas laborales pactadas, que los trabajadores estén de alta en la Seguridad Social y detectar los falsos empleos a tiempo parcial”. Estas palabras las pronunció Patricia Hernández ante los inspectores que el 11 de octubre se incorporaron a la estrategia del Ejecutivo canario para “erradicar situaciones de injusticia laboral y contribuir a su normalización”. La consejera de Empleo y vicepresidenta autonómica se ha propuesto para esta legislatura la “mejora de las condiciones de seguridad y salud” de las personas que trabajan en Canarias. “Sabemos dónde hay que ir”, advirtió en la presentación de la iniciativa. Se esperan más de 1.280 intervenciones.
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