El presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, afirmó ayer que la Corporación insular quiere que los empresarios condenados por la extracción de áridos en Güímar paguen la restauración del suelo y no las administraciones públicas, tal y como señala la sentencia judicial. Alonso ha salido al paso así de alguna información “torcida”, según la cual una proposición de ley promovida por el Cabildo ante el Parlamento pretende que el presupuesto autonómico se haga cargo de los 300 millones de euros en los que los peritos calculan la rehabilitación de la zona.
Alonso señaló que la proposición de ley, pendiente de trámite parlamentario, se aprobó en el Cabildo en julio de 2015, antes de conocerse la sentencia, y fue respaldada por unanimidad de CC, PSOE, Podemos y PP, aunque ese partido se desmarcó después. “Los primeros que nos alegramos con la sentencia fuimos nosotros, porque permite garantizar unos ingresos a costa de los infractores condenados por la vía penal, de forma que el objetivo, que era la restauración, pudiera contar con esos ingresos”, subrayó Alonso, quien enfatizó que “está a años luz de los objetivos del Cabildo” que los infractores, “por otra argucia, dejen de pagar por la infracciones que cometieron”.
Ejecutivo canario
El informe favorable del Gobierno canario a la proposición de ley promovida por el Cabildo para restaurar los barrancos de Güímar no deriva en “perjuicio económico” alguno para las arcas del Ejecutivo, afirmó la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, y corroboró la vicepresidenta, Patricia Hernández, quien dijo que “el acuerdo es exquisito, si cuesta dinero, no tiene apoyo”.
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