El llamado caso Áridos ya está juzgado y sentenciado, solo pendiente de un recurso de uno de los cuatro condenados, Francisco Javier del Rosario, ante el Tribunal Supremo. Sin embargo, una ley que se debe tramitar en el Parlamento de Canarias sobre un plan integral para los barrancos de Güímar podría acarrear que la ejecución de la condena quede supeditada a la aprobación de esa iniciativa legislativa.
Las alarmas saltaron el 12 de septiembre, según cuenta el abogado de la acusación particular, cuando la fiscal María Francisca Sánchez Álvarez -el fiscal en el juicio oral fue sin embargo, Jaime Serrano Jover- traslada un informe a la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, en el que concluye que “no es posible restaurar los espacios extractivos realizados por los condenados”.
La fiscal basa su razonamiento en que “en la actualidad el plan especial de los barrancos de Güímar carece de la más mínima eficacia, por cuanto el 14 de julio de 2014, el Cabildo de Tenerife adoptó acuerdo para instar al Gobierno de Canarias para la elaboración de una ley que regule la restauración de la zona de los barrancos de Güímar, y el 31 de julio de 2015 se acordó en pleno solicitar al Parlamento de Canarias que retome el procedimiento de la iniciativa legislativa sobre la ordenación y restauración de ese espacio. El objetivo de dicha iniciativa legislativa (…); la pervivencia de las actividades agropecuarias que en ese ámbito se desarrollan, con la desaparición de todas las actividades extractivas mineras”.
La fiscal insistió que, “en consecuencia, al día de hoy no existe normativa emanada del Parlamento de Canarias, que debe aprobar la proposición de ley dimanante del Cabildo de Tenerife, relativa a la restauración concreta de la zona de los barrancos de Güímar, a fin que los condenados puedan elaborar el plan conjunto de restauración de estos espacios extractivos y depredadores”, instando la fiscal a la Audiencia Provincial y en concreto al juez Joaquín Luis Astor Landete -ahora en el caso Las Teresitas- “se oficie al Parlamento de Canarias, a fin que informe a este tribunal relativo al calendario de tramitación de la proposición de Ley, y en su caso, su aprobación definitiva relativo a la restauración de la zona de los barrancos de Güímar, que servirá de marco legislativo, para ejecutar la sentencia condenatoria conforme al fallo de la misma, fuera del cual y conforme a la ordenación territorial (PIOT, PGO de Güímar, Plan Territorial Especial del Área de los Barrancos de Güímar, aprobado por la Cotmac en febrero de 2003) no es posible restaurar los espacios extractivos”.
La sentencia del 28 de enero recoge que los tres condenados deben restaurar el equilibrio ecológico perturbado en el plazo de dos años
Este informe de la Fiscalía ha levantado más de una especulación a lo largo de la semana, sobre todo por la indignación de la acusación particular, en la persona de Carlos Álvarez, que entiende que la iniciativa legislativa podría aprobarse pasados los dos años que tienen los condenados para hacer efectiva la regeneración del terreno y que, por tanto, podría darse el caso de una “prescripción”, y que la Administración se haría cargo de la rehabilitación de los barrancos. Esto no solo conllevaría “tapar los agujeros” dejados por los areneros, sino expropiaciones de fincas para canalizar el barranco.
El primer peritaje sobre el coste de la restauración del daño causado se cifró en 274 millones de euros, más 214 millones de responsabilidad civil que pidió el Ayuntamiento de Güímar, cuyo abogado, José Luis Rodríguez Refojo, también comparte la opinión de su colega Álvarez, en que no se puede aplazar el cumplimiento de una sentencia por una ley que todavía no está aprobada ni siquiera tramitada.
El consejero de Política Territorial del Cabildo, Miguel Ángel Pérez, se mostraba indignado con informaciones que hablan de “connivencia entre las administraciones” para salvar a los empresarios de pagar casi 300 millones de euros para la regeneración. Pérez recuerda que la iniciativa legislativa impulsada por el Cabildo trata de “evitar que se puedan seguir sacando áridos en un futuro” y para ello es necesario que “el espacio de los barrancos de Güímar pase a ser rústico de protección medioambiental y no minero como es ahora”, sin tener, según él, que pagar indemnizaciones a los areneros.
“La resolución habla de regenerar el daño causado, no del dinero que cuesta”
El empresario Antonio Plasencia es el único de los condenados que ha presentado un plan de rehabilitación, no aceptado por el Cabildo, e insiste que “la sentencia habla de regenerar el daño causado no del dinero que cuesta y yo estoy dispuesto a regenerar”.
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Carlos Álvarez: “Una sentencia firme no puede estar supeditada a ninguna ley”
El letrado Carlos Álvarez presumía el 28 de enero, cuando se dictó sentencia tras acuerdo de culpabilidad con tres de los cuatro areneros (Antonio Plasencia, Pedro Sicilia y Enrique Morales), que “ha sido una condena ejemplar”. Hoy, el acusador particular con 10 años en el caso, se muestra incrédulo ante lo que entiende “una jugada maestra para favorecer a los empresarios”, en referencia a que “una sentencia firme, aceptada por los tres condenados ante el juez, fiscal y acusación particular, no puede estar supeditada a ninguna ley”, tras conocer que la fiscal propone al juez Landete, quien debe decidir, la necesidad de esperar la aprobación del plan territorial de los barrancos de Güímar en el Parlamento para que los condenados restauren el medio ambiente perturbado.
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Pérez: “Se restaurará con los 208 millones de los empresarios”
El consejero insular de Política Territorial, Miguel Ángel Pérez, señaló que “la restauración de los barrancos de Güímar se hará con los 208 millones que deben poner los empresarios condenados que van a pagar sí o sí, porque si no cumplen irán a la cárcel”, dijo, para aclarar que “no hay connivencia entre Ayuntamiento, Cabildo y Gobierno con los empresarios”.
Del Rosario, pendiente del Supremo para evitar la cárcel
Francisco Javier del Rosario, el único de los empresarios que no aceptó el acuerdo de culpabilidad y siguió en juicio, fue finalmente condenado a 3 años de prisión, fallo que recurrió al Supremo tras cambiar de letrado y del que aún está pendiente.
Yanes y Puerta trasladan la preocupación a Lavandera
Rafael Yanes y Airam Puerta, del PSOE de Güímar, se reunieron con el portavoz socialista en el Parlamento regional, Iñaki Lavandera, para trasladarle, junto al letrado Carlos Álvarez, la preocupación por el rumor de que la sentencia firme del caso Áridos quede sujeta a una Ley a tramitar en la cámara. Puerta dijo que “solo queremos que se cumpla la sentencia”.
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