En el año 2010, el Gobierno de España, liderado entonces por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, suprimió la obligatoriedad de las empresas de contribuir con cuotas al sostenimiento de las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación. Desde entonces, las organizaciones camerales pasan por una auténtica agonía al no disponer de ingresos fijos.
De hecho, en Canarias, según datos de la propia Consejería de Economía, Industria y Comercio, hay más de 100.000 empresas asociadas a las cuatro cámaras de comercio existentes en el Archipiélago que no contribuyen económicamente a la prestación de los servicios que reciben.
La idea del Gobierno regional que trabaja en estos momentos, junto a las cuatro cámaras de Canarias (Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura) en la elaboración del anteproyecto de Ley de Camaras de Comercio para dar cumplimiento a la normativa del Estado, no contempla en ningún caso la subvención directa, sino un modelo más basado en la eficiencia y resultados.
[su_pullquote]En Canarias hay más de 100.000 empresas asociadas que no contribuyen económicamente al pago de los servicios que reciben [/su_pullquote]
La directora general de Comercio del Gobierno de Canarias, Ángeles Palmero, reconoció la situación difícil por la que atraviesan algunas de estas instituciones, pero explicó que en la propia exposición de motivos de la ley básica del Estado (que hay que adaptar a Canarias) queda clarísimo que se tiende hacia un modelo de cámara dirigido a los resultados por encomienda con el fin de reforzar la eficiencia en el desarrollo de las funciones que se les atribuye.
“El Gobierno canario sí que ha aportado financiación a las cámaras de comercio de las Islas para la realización de determinadas actuaciones de fomento empresarial y el empleo; así como programas de tutorización y apoyo a empresas de nueva creación, programas de tutorización internacional o la ventanilla única”, aclaró Palmero. En concreto, en el año 2015 se tramitaron fondos para estos programas por valor de 824.328,21 euros.
Aún así, esta financiación no ha sido suficiente ya que el déficit de las cuatro cámaras de comercio roza el millón de euros anual, cerca de 400.000 en el caso de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, la única de carácter provincial.
Palmero explicó que no se trata de que el Gobierno “no quiera dar dinero a las cámaras de comercio, sino de que la Ley actual aboga porque las cámaras sean eficaces y reciban financiación en base a sus resultados por encomienda”. En este sentido, matizó que es “importante aclarar que las cuatro cámaras de comercio han participado en todo momento en la elaboración de este anteproyecto”.
Además, recordó que las cámaras de comercio “podrán ejercer las funciones público-administrativas que les sean delegadas, ecomendadas o concedidas por las administraciones públicas de Canarias mediante convenios de colaboración”. “Esto significa”, señaló Palmero, “que las cámaras podrán ser proactivas y llevar a cabo, en régimen de libre competencia, y cumpliendo con los requisitos que exige la ley, actividades privadas que contribuyan a la defensa, apoyo o fomento del comercio, la industria, los servicios y la navegación”.
[su_pullquote align=”right”]Las instituciones no pasan por su mejor momento desde que en 2010 el Gobierno eliminó las cuotas y arrastran un déficit anual de un millón de euros [/su_pullquote]
La directora general de Comercio dejó bien claro que el Gobierno no puede, en ningún caso, disponer de una línea directa de financiación de estas instituciones, aunque indicó que “baraja la posibilidad de contar con partidas estructurales para sufragar gastos de funcionamiento correspondientes a las encomiendas de gestión que les encargue el propio Gobierno”.
La idea del Ejecutivo, declaró Palmero, es en línea con lo establecido en la propia normativa, “instaurar un nuevo modelo de Cámaras de Comercio dirigido a la eficiencia y a los resultados”, para ello, insistió, “estas organizaciones podrán realizar funciones que les generen ingresos y podrán recibir aportaciones públicas, pero siempre de acuerdo con la prestación de los servicios que se les enciomienden”.
Asimismo, Ángeles Palmero, que, por cierto, se postuló para presidir la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife cuando Ignacio González decidió marcharse, quiso poner en valor el trabajo realizado pro el Ejecutivo para “afianzar” la posición de estas instituciones.
En este sentido, resaltó el “esfuerzo” para nombrar al vocal de la Cámara de Comercio de Las Palmas de Gran Canaria en la Autoridad Portuaria “que no se había designado desde el año 2010”. También valoró el nombramiento de los nuevos miembros del Consejo Económico y Social (CES), donde ya hay un acuerdo con los nombres de los miembros de la Cámara. Y en último lugar, citó la elaboración del anteproyecto de ley, que aunque aún le queda el trámite final, “al menos ya está en la agenda legislativa del Gobierno”.
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