El juez ha considerado que existe un “riesgo objetivo” para la esposa y los hijos menores de edad y que se tienen indicios más que suficientes para considerar que el detenido pudiera ser responsable de un delito de violencia de género y de maltrato familiar.
El edil ha pasado la noche del martes en los calabozos de la Comisaría de Policía tras haber prestado declaración ante la Unidad de Familia y Mujer de la Policía, la misma unidad especializada ante la que declaró su mujer tras haberle denunciado por malos tratos.
Esta mañana ha pasado a disposición judicial y ha prestado declaración en el Juzgado de Instrucción número 2 de Huesca durante varias horas como posible autor de un delito de violencia de género y otro de maltrato familiar. El juez también ha tomado declaración a la esposa del detenido y denunciante de los hechos que han llevado a la detención de Irzo.
El juez, tras llevar a cabo el estudio de las pruebas aportadas, ha decidido decretar la libertad con cargos para el concejal con la orden de alejamiento antes mencionada.
Asimismo, el titular del Juzgado encargado del caso, ha expresado en su auto que hay indicios suficientes de que Irzo pudiera ser responsable de un delito de violencia de género y otro de maltrato familiar y que existe un riesgo objetivo de peligro, tanto para la esposa, como para los tres hijos menores del matrimonio, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA). Entiende además que la declaración de la esposa ha sido coherente y sin contradicciones.
Por ello, el juez ha dictado una orden de protección a favor de la esposa del concejal y de sus tres hijos menores de edad, por lo que se prohíbe a Luis Antonio Irzo aproximarse a todos ellos a menos de 500 metros de su domicilio, lugar de trabajo, de estudios o aquellos lugares que frecuenten de manera habitual.
Irzo tampoco podrá comunicarse con ellos por cualquier medio ya sea teléfono, correo postal o electrónico, aplicaciones móviles e incluso por personas interpuestas. Otra de las prohibiciones establecidas por el juez es la de que el concejal pueda tener o portar armas durante todo el tiempo que dure la tramitación del presente procedimiento judicial, por lo que el juez le obliga a depositar en el Juzgado su licencia de armas si la tuviere.
En el auto se deja en suspenso la patria potestad del edil sobre sus hijos y otorga a la madre la guarda y custodia de los tres menores de edad. Atribuye el domicilio familiar a los tres hijos, y con ellos a la madre, y fija una pensión de alimentos para cada uno de ellos de 150 euros al mes, incrementables conforme al IPC, y que deberá pagar el concejal en los diez días primeros de mes en la cuenta bancaria que designe la progenitora.
El juez ha advertido en su auto a Luis Antonio Irzo, de que el quebrantamiento de la orden de protección dictada y de las medidas adoptadas puede suponer para una medida de prisión provisional.
Por otra parte, el PP ha abierto un expediente informativo al concejal. Este viernes se reunirá el Comité de Derechos de Garantías del PP de Aragón para analizar la situación y adoptar las medidas oportunas, conforme el reglamento interno del partido.
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