No hay vuelta a atrás. El día 27, a las nueve de la mañana, el pequeño núcleo costero de Bajo la Cuesta debe estar desalojado, según el decreto firmado por la alcaldesa de Candelaria, Mari Brito, tras el auto de un juez que daba un plazo de dos meses para ejecutar el desalojo ante los informes técnicos que recogen graves riesgos de desprendimientos sobre medio centenar de viviendas situadas en un talud debajo de la autopista del Sur.
La reunión de ayer tarde, entre la alcaldesa y el centenar de vecinos afectados, que estuvieron asesorados por el abogado valenciano José Ortega, especialista en Costas, comenzó con un gran susto cuando se desmayó una señora de mediana edad, que tuvo que ser evacuada con un ataque de ansiedad, preámbulo de la tensión con la que se vivieron las cuatro horas largas de una reunión estéril.
[su_pullquote]José Ortega El abogado valenciano asistió a la reunión y lanzó un ataque demoledor contra Brito, que, según él, escondió un informe del secretario en el decreto, y que tras el desalojo hay intereses urbanísticos.[/su_pullquote]
La alcaldesa comenzó haciendo una reconstrucción de los hechos que la han llevado a tener que firmar un decreto de desalojo que siempre mantuvo que “será provisional”, aunque no pudo comprometerse a fijar una fecha de retorno, por cuanto este está sujeto a que terminen las obras en el talud de los propietarios del mismo, Endesa y la inmobiliaria Dani Run, esta última aún sin recibir la notificación, por lo que el Ayuntamiento pasaría a ser el ejecutor subsidiario de las mismas, para lo que solicitará ayuda al Cabildo, según manifestó Brito.
La alcaldesa se comprometió a dar 1.500 euros hasta final de año a cada una de las 18 familias, de las 57, que han pasado hasta ahora por los Servicios Sociales y han demostrado que tienen en Bajo la Cuesta su única vivienda. Ese dinero servirá para pagar el alquiler de dos meses y la fianza, aunque después se articularán ayudas de emergencia con un nuevo decreto, si bien alertó de que “no se pueden dar ayudas excepcionales durante tanto tiempo”.
Aunque señaló que ya se ha hablado con las empresas Endesa y Aqualia para que “suspendan el servicio desde el día 27 y no lo corten”, los vecinos, en palabras de Adela, prefieren seguir pagando la conexión, pensando en poder “regar los jardines o mantener la nevera encendida”. Mari Brito garantizó que durante el tiempo que dure el desalojo habrá vigilancia las 24 horas del barrio, con seguridad privada, y que en el proyecto de obras en el talud queda recogido que cualquier daño a las viviendas será asumido por la empresa contratada. Indicó asimismo la alcaldesa que “Endesa se ha comprometido a arreglar su parte del talud, con un proyecto ya licitado que solo está pendiente de obtener permiso de Costas por invadir parte del dominio marítimo terrestre”, mientras que del otro propietario del talud, Dani Run SL, reconoció que “ha habido dificultades para la notificación, y tras hacerlo a través del BOE, tiene 15 días para contestar”. Ante los ataques del abogado José Ortega, que tras calificar el desalojo de “ilegal” insistió en que detrás del decreto hay “intereses urbanísticos”, como la construcción de un puerto deportivo, Mari Brito respondió que “el Ayuntamiento no tiene nada previsto en esa zona. El PGO recoge que antes de 2015 el terreno donde está Unelco pasaría a ser zona de ocio y deporte, y mucho me temo que pasará mucho tiempo para ver el desmantelamiento de la central. El PIOT solo dice que esa zona puede servir para un puerto deportivo, pero no hay proyecto ni interés alguno. Solo velamos por la seguridad de los vecinos”.
Brito recordó que “Bajo la Cuesta era urbano desde 1987, pero hoy es rústico de protección litoral, porque así lo determinó el Gobierno canario en el PGO de 2006 por el deslinde de Costas, algo que hoy no ocurriría con la nueva Ley del Suelo. Costas tiene los expedientes de recuperación y su abogado lo sabe”, les dijo a unos vecinos resignados a vivir con un desalojo a cuestas.
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