El Ayuntamiento de La Laguna aprueba una media de 30 modificaciones presupuestarias al año, a veces la cifra asciende, incluso, hasta 50 o 60, y muchas de ellas hacen aflorar facturas y compromisos de años atrás, una práctica que Santiago Pérez, portavoz de XTF-NC en el Consistorio lagunero, ha denunciado en reiteradas ocasiones.
-¿Por qué han aparecido tantas facturas atrasadas en los dos últimos plenos extraordinarios y desde cuándo se viene arrastrando esta situación?
“Cuando lo contemplas con perspectiva es como una isa en cadena, porque Fernando Clavijo ha autorizado el pago de los pufos de Ana Oramas y ahora José Alberto está autorizando el pago de los pufos de Clavijo. Los denomino así porque la legislación presupuestaria se sustenta en dos principios: el de limitación del gasto y el de especialidad del gasto. Lo que ocurre en La Laguna es que desde hace mucho tiempo se ha establecido de forma habitual una práctica en fraude de ley, porque el Gobierno municipal adquiere compromisos con los proveedores sin cobertura presupuestaria. El anterior concejal de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan Antonio Alonso, por ejemplo, adquirió un montón de compromisos con proveedores para actividades que son típicas de la Concejalía de Fiestas. Y como todo este tipo de compromisos se desenvuelven al margen de la legalidad, también incumplen las normas de contratos de las administraciones públicas. Es decir, que las ilegalidades no pueden ser más graves”.
-¿Y qué pasa con las empresas que han sido contratadas de esta manera y a las que adeudan facturas de hace años?
“Los empresarios que han sido contratados así, que lo saben perfectamente, prestan el servicio y podrían reclamarle el pago al Ayuntamiento a través de los tribunales y serían procesos judiciales complicados, porque los compromisos adquiridos por el Ayuntamiento de esta manera son nulos de pleno derecho. ¿Y qué hacen? Pedir al Ayuntamiento, extrajudicialmente, que se les paguen, y entonces el Ayuntamiento hace un reconocimiento extrajudicial de la deuda que tiene y autoriza el pago”.
-Y los reconocimientos extrajudiciales de crédito no son para este fin…
“Son un mecanismo previsto en la legislación, pero para ser utilizados con carácter excepcional en el caso de gastos urgentes e imprevistos y no para convertir este mecanismo en uno que permite defraudar habitualmente la legislación presupuestaria y de contratos del sector público”.
-Pero es una práctica que se está viendo bastante en el Ayuntamiento…
“En los últimos dos plenos han aflorado prácticamente dos millones de euros, contratados de esta manera. Muchos de esos compromisos se hicieron hace cinco o seis años, normalmente esta práctica se intensifica en años preelectorales o electorales y son propias del estilo de hacer las cosas de CC. Además, como quiera que muchos de estos compromisos son para gastos en publicidad y propaganda o en fiestas, que son perfectamente programables, lo normal sería que figuraran en el presupuesto en la cuantía que se gastan todos los años. Pero desde 2011 a 2015 no hay año en el que no se hayan gastado en Fiestas, a 31 de diciembre, más de un millón de euros. Lo que pasa es que poner esa cifra en tiempo de crisis es un poco sonrojante, y entonces ponen 170.000 euros, 270.000 o 300.000, pero al final se gastan más de un millón. Y, además, es que no sabemos realmente cuánto se han gastado, porque con este procedimiento de que unos pagan los pufos de sus antecesores pueden aflorar dentro de dos o tres años compromisos adquiridos en 2015 o 2016, que han sido electorales”.
-¿Cuándo se empezó a abusar del uso de esta práctica?
“Creo que este tipo de prácticas se han utilizado siempre, el problema es cuando la frecuencia y la cantidad económica que suponen desborda todo límite razonable, todo sentido común y legal. Y esto se acentuó notablemente en la época de Oramas, yo puedo certificar que en la época de Elfidio Alonso esta práctica no alcanzaba ni de lejos la importancia y el impacto presupuestario que alcanzó en tiempos de Oramas y que se ha mantenido desde entonces”.
-¿Por qué?
“Porque Oramas representa a esa generación de ATI-CC que no tiene otra obsesión que la del poder y están dispuestos a hacer trampas, incluso con el manejo del dinero público, para mantenerse en el poder porque los gastos en Fiestas y Publicidad, cuando son excesivos, son injustificables, pero mucho más en tiempo de crisis”.
-¿Y en la época de Clavijo no se recondujo la situación?
“Tanto que no se recondujo que solo en los dos últimos plenos han aflorado prácticamente dos millones de euros de deuda del área de Deportes y la que gestionaba Juan Antonio Alonso, de la etapa de Clavijo y, sobre todo, de los años previos a las elecciones”.
-Hay facturas incluso anteriores a los planes de pago a proveedores, ¿por qué no se incluyeron?
“Lo que ocurrió en aquel momento es que algunos compromisos estaban adquiridos de forma tan ilegal que ni siquiera los proveedores se habían atrevido a presentar la factura por el registro, por eso no se contabilizaron y siguen apareciendo. Y luego hay otra cosa, estos compromisos se contraen a veces con pequeñas empresas perdidas, pero en general se adquieren con empresas que son viejas conocidas del Ayuntamiento y que son las grandes beneficiarias de esas prácticas, y que si saben que van a cobrar dos o tres años después, el retraso lo incluyen en el precio, porque nadie vende duros a cuatro pesetas”.
-¿Qué tipo de empresas son?
“Algunas de esas empresas, como Guajara Ventura o Bailando Producciones, dan el aspecto de que son franquicias del Ayuntamiento gobernado por CC porque tienen una posición privilegiada, porque son empresas con un capital social insignificante y apenas sin plantilla que contratan de todo. Es evidente que se dedica a subcontratar, luego es una empresa intermediaria y cuando las hay prácticamente franquiciadas eso produce preocupación. ¿Se tratará de pequeños Gürtel en chiquitito?, me pregunto…”.
-Y ante esta situación, ¿política o judicialmente se puede hacer algo?
“La crítica política está hecha y tiene el recorrido que tiene, te desahogas en el Pleno y poco más. En consecuencia, en defensa de la legalidad debería someterse este tipo de acuerdos a control judicial, pero resulta que cuando tu recurres un acuerdo de estos ante la jurisdicción contencioso administrativa la contienda con el Ayuntamiento es completamente desequilibrada porque los grupos municipales tendrán que contratar un abogado, pero es que, además, luego corres el riesgo de que un juez estrafalario rechace tu demanda y te condenen en costas y el importe de las costas tiene que ver con el del proceso. Y al otro lado del pleito está un alcalde que pleitea con los medios del Ayuntamiento, con su servicio jurídico o con los abogados contratados y pagados por el Ayuntamiento y que, además, recurre hasta el infinito. Entonces, la garantía judicial, en términos prácticos, es deficitaria, no es real. La otra cuestión es que cuando estos asuntos tengan la suficiente envergadura, para que no solo sean contrarios a la legislación administrativa, sino también al derecho penal, puedas ir a la Fiscalía, porque ahí no hay costas, y puedas presentar una denuncia ante la jurisdicción penal que, además, tiene una gran capacidad para investigar de oficio”.
-¿Y se plantearía llevarlo a la Fiscalía?
“Mi experiencia es que no voy a volver a llevar ninguna cosa a la Fiscalía. Si tengo que ir a la jurisdicción penal voy directamente como querellante, porque la Fiscalía anda con pocos medios y se le atragantan algunas de estas cosas, y yo tengo claro que si uno tiene que ir a la jurisdicción penal, que es el remedio de última instancia pero el único a nuestro alcance, voy directamente formulando una querella y apareciendo yo como querellante. Me lo planteo frente a esta práctica, pero quiero cargarme tanto de razones para que si emprendo esa vía sea como una apisonadora”.
-¿Cree que aún habrá más plenos extraordinarios con facturas atrasadas antes de que acabe este año?
“No se sabe, lo que La Laguna deba a los proveedores, como fruto de esa forma de hacer las cosas, es uno de los secretos mejor guardados de España”.
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