Tres meses después de que el proyecto fuera aprobado en la reunión semanal del Consejo de Gobierno, el Parlamento canario debate este miércoles las dos enmiendas a la totalidad, con solicitud de devolución, presentadas por Podemos y Nueva Canarias (NC) contra la nueva Ley del Suelo.
Ambos grupos agotaron el plazo. Podemos registró su iniciativa el jueves 3 de noviembre y Nueva Canarias lo hizo al día siguiente. “Supone una auténtica desregulación del territorio y un retroceso en materia del planeamiento”, argumentó ante los medios de comunicación la portavoz de la formación morada, Noemí Santana. “Se abre la puerta a la especulación, porque este norma pone en manos de los grandes empresarios el patrimonio de todas y todos los canarios. La ley que quiere sacar Fernando Clavijo es como jugar al fútbol sin reglas. Es la barra libre para el juego sucio”.
Entre los artículos más controvertidos, Podemos señala el 124, que establece que los proyectos de interés insular o regional puedan ejecutarse en cualquier tipo de suelo. “Esto significa, por ejemplo, que el Gobierno o los cabildos podrán aprobar una actuación urbanística del tamaño de la playa de Las Américas o de Playa del Inglés, en contra de todo el planeamiento vigente”.
Podemos alerta, asimismo, de que, “con la Ley del Suelo de Clavijo, se podrá construir un Eurovegas en San Mateo”. Se refiere a que el artículo 64 incluye “usos industriales, energéticos, turísticos, dotacionales, de equipamiento y servicios para los suelos rústicos”. Además, el artículo 111 “permite la utilización residencial y la clasificación de suelo urbano y urbanizable dentro de los parques naturales”. A su entender, “se podrá construir un complejo de viviendas a las puertas del Parque Nacional del Teide”.
Noemí Santana también ha venido denunciando que la Ley del Suelo “otorga plenos poderes a los ayuntamientos, de lo que se derivarán 88 modelos de planeamientos”. Esta “anomalía” conllevaría que se promueva “un urbanismo de proyectos, en vez de un urbanismo de planificación”. En consecuencia, Podemos concluye que “la propuesta de Clavijo hará de Canarias un territorio sin ley”.
En este escenario, Podemos instará al Ejecutivo a que abra “un proceso real de participación ciudadana para que no se apoye en la opinión personal de un grupo de juristas de derecho administrativo, y que son amigos íntimos del presidente, como el principal redactor de la actual, Francisco Villar”. Desde esa perspectiva, cree que la ley “no cuenta con la legitimidad y el respaldo de todos los sectores de nuestra sociedad”. En la exposición de motivos, manifiesta que el espíritu de la ley “no representa los intereses de la mayoría social del Archipiélago; porque no ha existido un diagnóstico previo a su redacción que analice la capacidad [de aprovechamiento] de nuestro suelo; no contempla un modelo de ordenación del territorio en función de nuestros recursos naturales, y elimina el instrumento esencial de desarrollo territorial sostenible: las directrices de ordenación general, y devalúa el resto del sistema canario de planeamiento con la inclusión de forma abusiva de nuevos instrumentos excepcionales de ordenación”. Por si fuera poco, incorpora a su catálogo de reproches que “renuncia expresamente a las competencias de esta comunidad autónoma en materia de ordenación del territorio y medio ambiente, lo que conduce a una pérdida irreparable de la concepción unitaria” de la región. Podemos se inspira en que “la oleada desarrollista que transformó por completo el rostro de nuestra tierra provocó una creciente toma de conciencia y movilización de colectivos sociales dispuestos a poner fin a la depredación del territorio”.
Mientras, NC pretende generar “un debate constructivo, riguroso, para evitar que el futuro de las Islas se ponga en peligro al sacrificar el territorio y los recursos naturales por el interés de unas minorías empresariales depredadoras”. El portavoz parlamentario, Román Rodríguez, aconseja a CC, el PSOE y a Fernando Clavijo que escuchen “las duras críticas” vertidas por su viceconsejería de los Servicios Jurídicos, los cabildos de El Hierro, Tenerife y Gran Canaria; por el Consejo Consultivo de Canarias, relevantes protagonistas institucionales de Canarias, como Paulino Rivero, Tomás Padrón y Enrique Pérez Parrilla, así como a los centenares de cargos públicos que rechazaron el fracasado modelo desarrollista retomado por esta ley y a las decenas de organizaciones sociales, culturales, sindicatos, grupos ecologistas y partidos políticos”.
Si bien reconoce la necesidad de una simplificación administrativa y de un reagrupamiento legislativo, NC censura la “falta de consenso” y la “improvisación”, sin un diagnóstico compartido. Rechaza la “radical redistribución de competencias” en la ordenación del territorio, que “deja los instrumentos de planeamiento en manos de los cabildos y los ayuntamientos; la derogación de las directrices; el tratamiento del turismo, y la voladura del órgano común de evaluación ambiental (la actual Cotmac), con lo que “habría hasta 95 distintos”.
Rodríguez sentencia que esta ley es aplaudida de “forma incondicional” por CC, el PP y los sectores “más conservadores y depredadores” de Canarias.
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