La jornada celebrada ayer en el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Santa Cruz de Tenerife sobre los polígonos industriales sirvió para escenificar las diferencias entre los empresarios y los ayuntamientos sobre quién tiene la competencia para mantener y conservar estos espacios una vez urbanizados y entregados a las corporaciones locales.
Si bien los ayuntamientos coinciden en que los polígonos son una fuente de ingresos importantes para el municipio vía impuestos, tasas y licencias de obras, siguen insistiendo en que la mejor fórmula para mantener dichos espacios es a través de las entidades de conservación de carácter público-privado en la que empresarios y ayuntamientos se distribuyen los gastos.
El encuentro, en el que también se abordó la normativa legal de estas urbanizaciones, se organizó por la asociación de los empresarios del Polígono de Güímar para poner sobre la mesa el debate sobre a quién le corresponde el mantenimiento (vías, luz, agua, saneamiento, jardinería, seguridad, etc) de estos espacios una vez que han sido entregados a los ayuntamientos. La normativa deja un vacío legal, pero lo que quedó patente ayer es que la fórmula de las entidades de conservación, “bien ejecutadas” puede ser una solución.
Durante el debate, ninguno de los representantes municipales que asistieron al encuentro supo decir cuánto ingresan las corporaciones a través de las empresas instaladas en los polígonos y cuánto de este presupuesto revierte en la conservación de estos espacios. El alcalde de Los Realejos, Manuel Domínguez, fue el único que señaló que un polígono industrial en un municipio “no es un apéndice, sino una herramienta perfecta que contribuye al desarrollo económico y al empleo del municipio” y por consiguiente “hay que hacer todo lo posible por dar prioridad a aquel lugar donde se genere 1 euro de inversión”. Las mayores diferencias se encuentran en estos momentos en el polígono de Güímar donde empresarios y ayuntamientos (Arafo, Candelaria y Güímar) no se ponen de acuerdo en su mantenimiento. “Solo la jardinería y la seguridad del mismo se lleva más de 400.000 euros al año que pagamos los empresarios”, declaró Ramón Villalba, presidente de Asinca.
El viceconsejero de Industria, Energía y Comercio, Adrián Mendoza, reconoció durante la inauguración de la jornada la “falta de gestión” como uno de los principales problemas que frenan el correcto desarrollo del suelo industrial en las Islas y apostó por impulsar las entidades de conservación para garantizar la viabilidad de estos espacios, así como su mantenimiento.
SUELO INDUSTRIAL
El presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, señaló que el suelo industrial es un problema en la Isla, no sólo por la escasez sino por lo caro que es y reconoció que en Santa Cruz a penas hay. “Es probable que la refinería de Santa Cruz no vuelva a reanudar su actividad, por lo que habrá que ver la viabilidad y utilidad posterior de este suelo”. El Cabildo es una de las instituciones que está colaborando en el mantenimiento de estos espacios, como por ejemplo, en La Campana (El Rosario).
Hemeroteca
Publicidad
Esquelas