Día de la constitución

Canarias puso la ‘primera piedra’ institucional para reformar la Constitución

El informe de conclusiones de la primera conferencia autonómica sobre la revisión de la Carga Magna sugiere que se reescriba el sistema de distribución de competencias entre las administraciones

Los padres de la Constitución de 1978. / EP

La democracia contemporánea en España (1978-2016) ha cumplido ya casi tantos años como los 39 que duró el régimen anterior (1939-1978), uno menos. Y sumando, aunque hay quien pretende hacer borrón y cuenta nueva. Como cada 6 de diciembre de la última década, la conmemoración de la Carta Magna invita a reflexionar sobre una revisión de mayor alcance que las dos parciales que ha habido hasta la fecha: las de los artículos 13 (1992) y 135 (2011). Si bien hay un consenso bastante consistente para negociar el proceso de la reforma, las pequeñas diferencias -de calado- surgen en torno a la oportunidad y la profundidad. El modelo territorial es la cuestión que más discrepancias suscita en esta fase embrionaria y el escenario donde a priori surgirán las grandes dificultades de entendimiento. Raramente habrá avances por este carril mientras no se desatasque el conflicto catalán. Entretanto, no dejan de sucederse las sugerencias de diversa índole y procedencia. Se ha hablado mucho de esto, pero ha sido Canarias la primera Comunidad Autónoma en organizar una conferencia de expertos específica, del 28 al 30 de septiembre en Santa Cruz de Tenerife, impulsada por el Ejecutivo y el Parlamento regionales con la colaboración de la Fundación CajaCanarias. De esa cita salió un informe de conclusiones con las peculiaridades isleñas.

Durante la inauguración, el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, abogó por una modificación “limitada y focalizada en aquellos aspectos que lo precisen y sobre los que sea factible un acuerdo, no los que funcionan de forma adecuada”. De los Cobos apeló al sosiego para evitar “los errores en los que se incurrió en 1978, como dejar el modelo territorial permanentemente abierto e inacabado en la definición de sus elementos estructurales y, lo que es peor, al albur del juego partidario”. Matices aparte, el presidente del Constitucional incidió en la necesidad de abordar la reforma, “porque es la mejor forma de garantizar su permanencia y eficacia”. Al respecto, miró a “la imprescindible institucionalización de instrumentos políticos que puedan servir a la prevención de conflictos en la ordenación territorial”. Para ello, planteó regular en la norma básica las conferencias sectoriales y las de presidentes autonómicos, incluidas su “funcionalidad, periodicidad y eficacia”.

La estructura argumental resultante de la conferencia gira alrededor de tres ejes (o bloques temáticos): la distribución de competencias entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas, con un apartado relativo a la condición de Canarias como región ultraperiférica; los sistemas de financiación, y, finalmente, el Régimen Económico y Fiscal de las Islas (REF).

Desde una perspectiva panorámica, se reclamó el “anclaje constitucional de derechos sociales derivados de los cambios experimentados en nuestro país en este tiempo”. Por ejemplo, “de género, medioambientales y la introducción de las tecnologías en todos los ámbitos de la vida económica y social”.

Asimismo, los congregados en el foro convinieron en que es preciso “reescribir la distribución de competencias para eludir la excesiva conflictividad y mejorar la eficacia de la gestión”.

La agenda de las jornadas reservó dos mesas redondas de agentes políticos económicos y sociales, en las que los sindicalistas Carmelo Jorge (CC.OO.) y Gustavo Santana (UGT) compartieron debate con el presidente de CEOE-Tenerife, José Carlos Francisco. El papel de relator lo desempeñó el presidente del Consejo Económico y Social de Canarias (CES), Fernando Redondo. Los interlocutores coincidieron en la importancia del anclaje de determinadas singularidades de Canarias, como la ultraperiferia y el REF. Particularmente, CC.OO. y UGT reivindicaron el Estado del bienestar como vehículo vertebrador, de igualdad, entre las comunidades autónomas.

Del federalismo se ocupó el eurodiputado y catedrático de Derecho Constitucional Juan Fernando López Aguilar: “La capacidad de integración de la Constitución en la diversidad debe ser relanzada. El exministro de Justicia situó el federalismo en el horizonte y aclaró que eso significa “pactar una unión y hacerlo en la Constitución”. En ese sentido, equiparó “la transfusión competencial”con la situación en los estados federales.

Previamente, el jefe del Ejecutivo canario, Fernando Clavijo, expuso que el Archipiélago “requiere que lo que ya reconoce Europa, nuestra ultraperiferia, sea recogido en la Constitución, así como blindar las compensaciones a esa ultraperiferia, que recoge el Régimen Económico y Fiscal”. La presidenta del Parlamento, Carolina Darias, evocó el consenso que recabaron quienes redactaron la Constitución de 1978, que, en su opinión, ha de “adaptarse a la evolución y progreso de nuestra sociedad actual”.

El catedrático Javier García Roca instó a “asumir riesgos” y a ofrecer alternativas al separatismo. “Si las constituciones no se reforman, lo hacen los jueces, pero no tiene la misma legitimidad democrática”, sentenció.

Tres meses antes de que el Congreso de los Diputados tome en consideración la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, los sabios vincularon los retoques en la Constitución a un examen “extenso y prolijo” del texto aprobado por la Asamblea autonómica, sin descartar su devolución.