El casco de San Juan de la Rambla fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) con categoría de conjunto histórico en julio de 1993, tres años después de que se hiciera la propuesta. Entre las riquezas que alberga se encuentran la iglesia de San Juan Bautista, la Casa de los Oramas, y la llamada ‘casa de piedra’. Sus características son genéricas a las de los otros cascos históricos de las islas, en cuyas edificaciones destaca el uso sistemático de la tea. La mayoría de las balconadas, pórticos, y estructuras de sus tejados a cuatro aguas están construidas con esta madera, que al contener mucha resina contribuye a su buena conservación y a que sean resistente a los insectos.
Sin embargo, esta sustancia es altamente inflamable y en presencia de una fuente de ignición adecuada comienza a arder y resulta muy difícil de extinguir. Si a eso se le suma que el casco está constituido por calles estrechas, arremolinadas, con fachadas muy pegadas las unas a las otras, y a que hay una cantidad importante de inmuebles abandonados, de grandes dimensiones y con inmensos jardines, resulta muy difícil de actuar una vez declarada la alerta de incendio.
Por este motivo, el bombero Alejandro Marichal decidió elaborar un plan de autoprotección del casco histórico ramblero, el primero de sus características en Canarias que se desarrolla teniendo como objetivo la protección del conjunto del casco histórico. Fue su trabajo final del grado en Seguridad y Control de Riesgos y como era de esperar obtuvo un sobresaliente. Tardó unos cinco meses en hacerlo y espera que sirva para que la población se conciencie y que la información que recogió sea aprovechada. Y por supuesto, que lo apruebe el Pleno.
Marichal ya tiene experiencia en la materia dado que entre 2012 y 2014 fue uno de los coordinadores de un proyecto que desarrolló Bomberos de Tenerife en La Laguna y en el que participaron nueve ciudades europeas declaradas Patrimonio de la Humanidad.
En esa ocasión se elaboró un manual de buenas prácticas que era necesario desarrollar por parte de las administraciones competentes en materia de protección contra incendios. Y al tener una experiencia previa se aventuró a trabajar en la zona BIC del casco histórico ramblero, al que Marichal define como “encantador”.
El primer paso que dio fue visitar 28 inmuebles. Cada uno de ellos está identificado para poder actuar de forma correcta de acuerdo a sus características y a los elementos de valor que alberga. En algunos de ellos fue complejo entrar porque se encuentran deshabitados desde hace mucho tiempo y en otros no se pudo localizar a sus propietarios. En esos casos fue necesario acudir a la bibliografía, “que por fortuna es abundante”, para conocer las peculiaridades de cada uno de ellos y su distribución. También se analizaron el calvario y el cementerio, incluidos dentro de la limitación BIC.
El siguiente avance fue realizar un análisis y una evaluación de los riesgos que afectan al conjunto histórico para determinar cómo actuar en cada uno de ellos ante una alerta, resultando muy altos los riesgos ante incendio y ante lluvias e inundaciones, siendo este último uno de los principales a los que se enfrenta el municipio.
De hecho, el casco histórico ramblero fue muy afectado en el aluvión de 1826, que deterioró varios inmuebles. Uno de ellos, concretamente la Casa de la familia Yanes, tiene un registro en una de sus esquinas en la que aparece recogido el nivel hasta el que llegó el agua, que oscila entre los cuatro y cinco metros.
Alejandro Marichal eligió este municipio porque lo conoce desde hace muchos años, tiene una cierta vinculación familiar, y porque desde que fue declarado BIC se encuentra en un estado de conservación “relativamente bueno”, subraya. “Es como si fuera una especie de pequeña muestra de lo que fue la arquitectura civil y religiosa de Canarias en los siglos XVII y XVIII”, describe.
El marco legal en el que se inscribe el estudio es el decreto 67/2015 del 30 de abril desarrollado por la Comunidad Autónoma de Canarias en función de las competencias que tiene conferidas en materia de protección civil y atención a las emergencias. Este decreto viene a desarrollar los contenidos mínimos previstos por el Real Decreto 393/2007, conocido como norma básica de autoprotección, ampliando el catálogo de actividades, centros, espacios, dependencias, y establecimientos susceptibles que por cualquier motivo puedan generar riesgos o ser especialmente vulnerables afectando a las personas, sus bienes y el patrimonio colectivo.
Evaluación del riesgo
La evaluación de riesgo se hizo a través del método Fine, que permite hallar el índice de peligrosidad teniendo en cuenta tres factores: las consecuencias, la exposición y la probabilidad. En base a los mismos se determinan una serie de riesgos muy altos, como inundaciones, lluvias e incendios en la zona del casco.
A partir de allí se propusieron una serie de conclusiones. Entre ellas, proveer al Ayuntamiento de un texto que aporte propuestas y sugiera aspectos esenciales que contribuyan a la futura redacción y aprobación del plan de autoprotección, como una herramienta preventiva de base para la conservación del patrimonio histórico.
También se sugieren una serie de iniciativas para la correcta consecución de este fin, como la accesibilidad de los hidrantes para los vehículos de bomberos; normativa municipal específica, un mapa de riesgos concreto para el casco histórico; y el inventario de la población del casco. Este último dato es muy importante a la hora de desarrollar el plan de evacuación y por eso debe constar el número de personas ancianas y menores viven allí y cuál es su grado de dificultad o discapacidad a la hora de movilizarlos.
La aprobación por parte del Pleno es uno de los retos a los que se enfrenta el grupo de gobierno para proteger uno de los tesoros más preciados del municipio.
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