El alcalde Berto y sus 12 discípulos

El exregidor de Arona (2003-2012), exconcejales, técnicos, arquitectos externos y un empresario esperan sentencia desde el 27 de abril
José Alberto González Reverón, Berto, delante de los otros 12 acusados, en su primera intervención en el juicio que comenzó el 12 de enero de 2016. Foto A. GUTIÉRREZ

José Alberto González Reverón, conocido por todos como Berto, alcalde de Arona desde 2003 a noviembre de 2012, así como otros 12 acusados, entre concejales, técnicos municipales, arquitectos externos y un empresario, siguen a la espera de conocer la sentencia de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial del tronco del caso Arona 1. Todo apunta a que se conocerá esta semana, según indican desde el tribunal presidido por Lucía Machado y cuya ponente es María Vega.

Sin embargo, han transcurrido casi nueve meses (27 de abril de 2016 ) desde que quedó visto para sentencia y muchos se preguntan las causas de tanto retraso, aunque se reconocen las dificultades para concretar las responsabilidades penales de los 13 acusados, tras un juicio que tuvo nada menos que 26 sesiones desde que se iniciara el 12 de enero de 2016.

Después de tres años de instrucción del juez Nelson Díaz Frías y cuatro meses de juicio oral, con el desfile de un centenar de testigos, la Fiscalía mantiene el escrito de acusación del 7 de junio de 2013 -entonces la fiscal era Inmaculada Violán- y solicita un total de 47 años de cárcel para los 13 acusados, 191 años de inhabilitación y 27,7 millones de euros en multas, mientras que la acusación particular (Santiago Martínez, que suplió a Felipe Campos) solo mantiene la acusación contra cuatro de ellos, en concreto, el concejal Félix Sierra, el empresario-intermediario Arsenio Zamora y los técnicos municipales Eliseo de la Rosa y Roberto de Luis, por el presunto cohecho y prevaricación en la tramitación de la licencia de una urbanización que la familia Ansorena quería construir en Costa del Silencio, clave en la acusación de cohecho, al presentar como prueba una grabación donde se le pide supuestamente dinero por la licencia. Pero, además, se han juzgado desde enero la concesión de 205 licencias ilegales y 75 contrataciones irregulares por parte del Ayuntamiento de Arona entre los años 2003 y 2007, período de la denuncia que interpuso en enero de 2007 el exconcejal socialista Paco García Santamaría. La fiscal Francisca Sánchez alegó en las conclusiones finales que considera probada la comisión de delitos continuados de prevaricación y prevaricación urbanística, además del cohecho que atribuye a los miembros de una presunta trama tejida para el cobro de comisiones.

Las defensas pidieron la libre absolución de los acusados y se ratificaron en las cuestiones previas planteadas antes de la celebración de la vista, añadiendo además como posible atenuante las dilaciones indebidas que ha sufrido la causa, después de que haya transcurrido cerca de un decenio desde que se presentó la denuncia.
José Alberto González Reverón (CC), Félix Sierra Melo (PP), Manuel Barrios Rodríguez (CAN), Daniel Martín Navarro (CAN), Juan José Alayón Beltrán (CC-Los Verdes), José Luis González Rodríguez (CAN) y Alfonso Barroso Armas (CC); Roberto de Luis y Eliseo de la Rosa, como técnicos municipales; Zenón Rodríguez, Antonio Luis González y Jorge Menéndez, como arquitectos externos y el empresario Arsenio Zamora, son los acusados de presuntos delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y de cohecho. 77 tomos y 22.000 folios han tenido que estudiar los magistrados Lucía Machado, Aurelio Santana y María Vega, así como la fiscal Francisca Sánchez, que asumió el caso en los meses previos a la celebración del juicio.

Además, este mismo tribunal tiene pendiente otra sentencia sobre la última pieza separada del mismo caso Arona, en la que se juzgó a Berto González Reverón y a la subinspectora de Policía Local, Hortensia García, para los que se les piden 15 y 8 años de inhabilitación por tráfico de influencias, prevaricación y coacciones, en el caso del exalcalde, ya inhabilitado por otras causas sentenciadas.

Dos años de cárcel y otros 20 más de inhabilitación, solo en este caso

El exalcalde se enfrentaba a 35 años de inhabilitación, tres años de cárcel y 20.000 euros de multa por prevaricación continuada y tráfico de influencias, aunque solo por el tronco del caso Arona puede ser condenado a dos años de cárcel y 20 de inhabilitación.

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