La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, como informó ayer la Cadena SER, ha suspendido temporalmente el ingreso en prisión del empresario arenero Francisco Javier del Rosario Fuentes, quien fue condenado a tres años de prisión y a una multa con cuota diaria de 10 euros por la comisión de un delito contra el medio ambiente en los barrancos de Güímar; multa (3.073 euros) que pagó el 23 de enero para acogerse a la petición de indulto.
La decisión judicial se produce tras la solicitud de indulto, formulada hasta en tres ocasiones por el propio interesado, por la Asociación Nacional de Empresarios de Áridos (Anefa) y por la Agrupación de Fabricantes de Áridos (AFA) de Canarias, para evitar así su inmediato ingreso en prisión. En este sentido, el indulto es la última opción de la que dispone el arenero para evitar entrar en la cárcel después de que el Tribunal Supremo rechazara todo los argumentos del condenado, afirmando que el peligro creado, con la actividad extractiva, “fue grave por las circunstancias de tiempo y lugar concurrentes” y que “el riesgo para el medio ambiente fue, incluso, real, concreto y relevante”.
La sentencia considera probado que Francisco del Rosario era el administrador único de Áridos del Atlántico, empresa que extrajo material de dos canteras de los barrancos de Güímar de forma “incontrolada y sin cobertura legal” desde 1994 a 2007.
Esta petición de indulto ha sido rechazada por el abogado de la acusación particular, Carlos Álvarez, y queda ahora pendiente del informe de la fiscal y de la sala, que deben pronunciarse ante el Ministerio de Justicia, que a su vez ha de dar traslado al Consejo de Ministros para tramitar si finalmente se le concede o no el indulto a Francisco Javier del Rosario.
Según Carlos Álvarez, la Ley de 1870 recoge que “la petición de indulto nunca suspenderá la pena”, aunque no es la primera vez que el Gobierno estatal indulta a un condenado antes de comenzar a computar la sentencia. La concesión del indulto suele tardar entre un mes y un año.
Pérez insiste en “seguir luchando” por “paliar el atentado ecológico”
El consejero de Política Territorial del Cabildo, Miguel Ángel Pérez, se reunió la semana pasada con representantes de la Asociación Saturnino García en Defensa de los Barrancos de Güímar, con quienes se comprometió a “seguir luchando” para que se haga efectiva la proposición de ley presentada por el Cabildo, y aprobada en la Mesa del Parlamento de Canarias, que permitirá la restauración de los barrancos del municipio y la prohibición de la extracción de áridos de la zona. Pérez insistió en su “empeño” para paliar este “atentado ecológico”, y que se lleve a cabo la restauración del paisaje, “no solo por el impacto medioambiental, sino por una cuestión de justicia”.
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