El TSJC anula el artículo de la ordenanza que fija el pago por el uso de mesas y sillas

La decisión judicial puede afectar a todos los empresarios del municipio y no solo a quienes recurrieron las tasas de ocupación de la vía pública de 2013 por considerar excesivo el importe
Los empresarios recurrieron las liquidaciones de 2013 por la ocupación de mesas y sillas en la vía pública. | FRAN PALLERO

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha considerado nulo el artículo V de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de ocupación de la vía pública del Puerto de la Cruz mediante el cual el Ayuntamiento establece el importe que se debe abonar por el uso de mesas y sillas y otros elementos.

Esta nulidad fue planteada como consecuencia de los recursos presentados ante los diferentes juzgados de lo contencioso administrativo por el abogado José Luis Langa, quien representa a un grupo de empresarios de la Zona Centro que recurrió las tasas de 2013 al considerar que el importe que se les obligaba a pagar no se ajustaba a la realidad y ponía en peligro la economía de muchos locales, algunos de los cuales tuvieron que cerrar sus puertas.

El cambio aprobado en la ordenanza mediante el cual se pasó de cobrar por el número de mesas y sillas a hacerlo por metro cuadrado de terraza, incrementó las tasas de forma desproporcionada. Ante la imposibilidad de asumir el importe de esas liquidaciones y de llegar a un acuerdo con el gobierno de entonces -el concejal de Comercio era el actual alcalde, Lope Afonso– muchos propietarios decidieron recurrir las tasas de 2013. Todas las sentencias de los diferentes juzgados dieron la razón a este colectivo, mientras que el TSJC desestimó las apelaciones del Consistorio que debe devolver las liquidaciones efectuadas el citado año.

La importancia de esta nueva decisión judicial reside, a juicio de Langa, en que puede tener repercuciones no solo en los que recurrieron sino en todos los empresarios, dado que anula un precepto de una ordenanza fiscal. La única opción que le queda al Ayuntamiento es recurrir en casación al Tribunal Supremo en un plazo de 30 días. Pero el letrado, que el viernes se reunirá con los empresarios de la ciudad para explicarles las repercusiones de esta nueva decisión judicial y que éstos decidan los pasos a seguir, confía en que no se dé este paso y se proceda a regularizar todas las liquidaciones, ya que lo contrario sería alargar el periodo de devolución.

Lope Afonso recuerda que su gobierno se comprometió a cumplir “escrupulosamente” las sentencias. Por eso, mientras esperaba a que el TSJC se pronunciara sobre la nulidad del apartado referido al cálculo del concepto mesas y sillas, el Ayuntamiento se adelantó y “empezó a compensar de oficio aquellas sentencias notificadas que dan a lugar a la devolución de los importes que en su día se recurrieron por parte de los empresarios”, indica el alcalde.

Una vez dado este paso, hay dos cuestiones que abordar, añade: que las compensaciones de oficio sean conformes a las liquidaciones de la ordenanza de 2013, y el comienzo del trámite para modificar el concepto por la utilización de mesas, sillas y otros elementos, que llevará un nuevo cálculo ajustado al cumplimiento del fallo, que el alcalde conoció previo a la fecha de Reyes.

En cuanto a la posibilidad de recurrir la decisión del TSJC, Afonso sostiene que hasta el momento “no hay ninguna impresión de los servicios jurídicos que indiquen que supone un riesgo grave para el Ayuntamiento”.

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