Fernando Clavijo: “No hay nada, son cosas de la oposición”

Los concesionarios favorecidos por el Ayuntamiento originaron en dos años un agujero de 715.215,55 euros
Una grúa municipal retira un vehículo en La Laguna. DA
Retirada de un vehículo por parte de una grúa lagunera. LA LAGUNA AHORA

El hoy presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (CC), negó el pasado lunes que existan irregularidades en el llamado caso Grúas, a tal punto que aseguró que “no hay nada que decir al respecto”, a la par que despachó todo el asunto comentando que, a su juicio, “estamos hablando de una labor de oposición de unos grupos políticos”. Clavijo, que era alcalde de La Laguna cuando se produjeron los hechos que conforman este caso (algunos de los cuales están siendo investigados judicialmente), realizó estas manifestaciones a TVE al ser abordado tras la toma de posesión de los nuevos consejeros autonómicos. Testimonios de exempleados de la concesionaria y algunos datos evidencian un posible trato de favor a un grupo de siete personas que asumieron el servicio.

Los concesionarios favorecidos por el Ayuntamiento originaron en dos años un agujero de 715.215,55 euros

Los concesionarios del servicio municipal de grúas en La Laguna durante los años 2011 y 2015 generaron unas deudas en la empresa que ascienden a 715.215,55 euros. Semejante cantidad ha sorprendido a quienes conocen de sobra la actividad en cuestión, y más si se tienen en cuenta dos factores. Por un lado, desde que en 2011 se hizo cargo de la empresa un grupo de siete personas (ya empleadas en la firma) a las que se vincula como “afines” o “amigos” del entonces alcalde, Fernando Clavijo (CC), los pagos del Ayuntamiento se regularizaron inmediatamente y no consta que volvieran a demorarse. Tal hecho fue denunciado por el anterior titular, José Padilla, quien denunció ante un juzgado que se vio forzado a traspasar la empresa a esas siete personas ante el retraso en dichos abonos por parte del Consistorio, acumulando una demora superior a los 200.000 euros, que hizo inviable su continuidad. Es de justicia añadir que la denuncia fue archivada por el tribunal.

Por otra parte, fuentes conocedoras de los balances propios de una empresa con tal concesión mostraron ayer su sorpresa ante lo elevado de la cantidad referida, y que figura en la documentación que da sustento legal al acuerdo de traspaso en la titularidad de la concesionaria de este grupo de siete al conocido empresario del sector José Luis Tacoronte. Como quiera que Tacoronte, actual presidente de la patronal tinerfeña, asume tales deudas, se entiende por qué tal traspaso le costó en 2015 la simbólica cantidad de un euro. Se considera que la irrupción de Tacoronte resultó providencial para el Ayuntamiento lagunero, ya que así pudo evitar el definitivo rescate del servicio tras dos años de intervención del mismo.

Precisamente, otro dato que llama la atención es que, dos años y unos meses después de que el grupo de siete asumiera la empresa, se produjo la citada intervención municipal, que asumió la gestión ante el descalabro económico detectado, por no hablar del creciente escándalo que suponía el hecho de que los empleados (al menos, la gran mayoría) acumularon hasta 12 meses sin cobrar sus salarios. Con lo cual, ese agujero superior a los 700.000 euros tuvo que generarse antes de la llegada de los gestores del Consistorio. Por lo que respecta al desglose de esas deudas, hay que destacar que 219.495,85 euros corresponden a pagos pendientes con distintas administraciones públicas. Así, a la Agencia Tributaria Canaria se le debían a finales de 2015 un total de 14.530,47 euros, mientras que a la Seguridad Social eran 81.156,75. La suma mayor en este apartado figura bajo el epígrafe de retenciones: 103.617,83 euros. Pero el apartado que más cantidad aporta a la deuda total es por los créditos, concretamente 323.175,14 euros. Resta destacar el hecho de que al personal se le debía 130.913,62 euros, cuando uno de los requisitos para otorgar la concesión es, precisamente, justificar antes del día 15 de cada mes que se abonan las nóminas de forma regular.

Lo más llamativo es que, a pesar de tal situación económica y de los incumplimientos de la concesionaria por aquel entonces, a mediados de 2014 se renovó por otros cuatro años el contrato, ya intervenida la empresa.

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