Instan al alcalde a devolver las tasas por la ocupación de mesas y sillas

El abogado de los empresarios que recurrieron el importe cobrado en 2013 desmiente a Lope Afonso y niega que el Ayuntamiento haya compensado de oficio algunas sentencias notificadas
José Luis Langa (centro) junto a Eva González y Daniela Santamaría, dos abogadas de su equipo y el presidente de Zona Centro, Santiago Estévez. Fran Pallero

El abogado José Luis Langa, representante de los empresarios de la Zona Centro, instó ayer el alcalde de Puerto de la Cruz, Lope Afonso, a que cumpla la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y devuelva a los afectados las cantidades correspondientes a las tasas de ocupación de la vía pública de 2013 tras la nulidad del artículo V de la ordenanza mediante el cual el Consistorio establece el importe que se debe abonar por el uso de mesas y sillas y otros elementos.

“Estoy seguro que el Ayuntamiento no le va a dar un duro a nadie”, exclamó ayer uno de los empresarios que asistió al encuentro con el letrado y su equipo jurídico en el teatro Timanfaya para explicarles su situación favorable, aclarar dudas, y animarles a reclamar a aquellos que no lo hicieron en su día dado que la decisión judicial es extensiva y beneficia a todo el sector.

Con la confirmación de los presentes, Langa desmintió rotundamente al alcalde y negó que el Ayuntamiento haya empezado a compensar de oficio a aquellas sentencias notificadas que dan a lugar a la devolución de los importes que en su día se recurrieron por parte de los empresarios, tal y como afirmó a este periódico.

“Sólo se ha compensado a un empresario y no en la totalidad sino en otro tipo de deudas que tenía y que al final se comprobó que ya las había pagado. Por lo tanto, no es cierto que el Ayuntamiento de forma voluntaria haya devuelto ni un euro”, sentenció.

En este sentido, animó al gobierno a cumplir la sentencia “y no obligar a la ejecución forzosa de la misma”, y confió en que esta vez el alcalde cumpla su palabra y no recurra al Tribunal Supremo. “Lo que tiene que hacer el Ayuntamiento es devolver el dinero, porque ha habido empresarios -uno de ellos presentes que lo corroboró- que en pleno trámite de presentar recursos les han embargado las cuentas y todavía se lo siguen haciendo”, subrayó.

Por último, el abogado consideró que en este caso ha prevalecido el “afán de lucro” sobre el interés ciudadano y prueba de ello es que hubo empresas que tuvieron que cerrar sus puertas ante la imposibilidad de afrontar el pago que se le imponía. Por esta razón, no descarta que los afectados puedan pedir compensación por daños y perjuicios.

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