La casa del exalcalde de Candelaria nunca debió tener licencia, al estar en trámite el PGO

La vicesecretaria reconoce las ilegalidades cometidas desde 2006 y asegura que ella no dejó “caducar el expediente de revisión de oficio”
Yolanda Navarro contesta a José Fernando Gómez, edil de VxC / SERGIO MËNDEZ

La vivienda del exalcalde de Candelaria José Gumersindo García Trujillo (2001-2015) “nunca debió contar con licencias”, porque “se comenzó a construir cuando se tramitaba el planeamiento municipal en 2006”, según reconoció la vicesecretaria municipal, Yolanda Navarro, acusada por la oposición de haber dejado caducar el expediente de revisión de oficio, algo que ella negó tajantemente en el transcurso de otro largo pleno municipal en Candelaria.
La comparecencia de Yolanda Navarro se produjo a petición de Sí se puede, que presentó una moción para que se analizara la caducidad y archivo del expediente de revisión de oficio de la casa del exalcalde, que se analizara la viabilidad de una nueva revisión de oficio y exigir las responsabilidades políticas y técnicas derivadas de la mala gestión llevada a cabo en los expedientes vinculados a las licencias otorgadas a la vivienda sita en la calle de Lomo Juan Díaz, en las medianías de Candelaria.
Una vivienda que comenzó a construirse en 2006 en terrenos que eran asentamiento rural a borde de camino y otra parte rústico, que posteriormente en 2010 fue reformada con mayor edificabilidad, cuando un técnico municipal ya advertía de que no cabían esos metros cuadrados ni las alineaciones y rasantes proyectados, por lo que el inmueble carecía de cobertura legal urbanística.
La vicesecretaria municipal, encargada del expediente ante la recusación en junio del año pasado del secretario (Octavio Fernández) por parte del exalcalde, compareció en el Pleno para relatar durante una larga exposición la historia de un expediente que el concejal de Urbanismo, Fernando Alduán, calificó de “largo, confuso, complejo, y farragoso”, negando que la intención del actual grupo de gobierno fuera la de “hacer caducar el expediente”, entre otras razones porque “desde el primer día he querido sacar para adelante este expediente; lo que se hiciera antes no lo sé”, afirmó.
En la misma línea se mostró Yolanda Navarro, que reconoció el arduo trabajo realizado cuando se enteró de que el secretario estaba recusado y tenía que ser ella la instructora del expediente. Relató con un sinfín de fechas, datos y leyes todo el largo procedimiento, manteniendo que “nunca tuve intención de que el expediente caducara” y se sorprendió de que, cuando regresó de dos semanas de vacaciones en el verano, el expediente siguiera en el mismo punto. Afirmó que “nunca entendí cómo el expediente se me diera 13 días después de que fuera aprobada en el Pleno la revisión de oficio”, y puso en duda la actuación del secretario en todo el proceso, porque, según ella, pudo haber “dejación de sus funciones” hasta que la alcaldesa decidiera quién instruía el expediente.
Para ella, el dictamen del Consejo Consultivo de no entrar a valorar la revisión de oficio por estar caducada desde el 25 de agosto no se entiende, porque “no entra en la consideración de que entre el 25 de mayo y el 25 de agosto había una recusación”.
La vicesecretaria negó además que no incluyera el procedimiento penal en que está inmerso este asunto porque se lo pidiera el exalcalde, según denunció José Fernando Gómez, concejal de Vecinos por Candelaria, quien también presentó una moción sobre este asunto, que él ha llevado al Pleno en multitud de ocasiones desde 2013, y que no fue debatida por no estar en el orden del día ni ser aceptada como urgencia.
La moción de Sí se puede no salió adelante porque, según Mari Brito, para una nueva revisión de oficio “debemos esperar a que el Consejo Consultivo aclare quién es competente, si el Pleno o la alcaldesa”.

Airam Pérez Chinea, concejal de Hacienda / S.M.

11 días de pago a proveedores

Aunque alguno puso en duda la buena salud económica del Ayuntamiento, como el portavoz del PP, el edil de Hacienda, Airam Pérez Chinea, informó que el plazo de pago a proveedores en el último trimestre de 2016 bajó a los 11 días, aunque se mantiene la mala dinámica de las empresas municipales, como Epelcan, con una ratio de pago de 41,7 días

 

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