“Llegué a ir caminando al trabajo desde La Cuesta por no tener ni para la guagua”

Ni para la guagua. Sirva como anécdota el comentario de uno de los exempleados de la concesionaria del servicio de grúas municipal de La Laguna durante la entrevista concedida por los mismos a este periódico, para ilustrar el calvario por el que pasaron estos trabajadores entre los años 2011 y 2015, cuando dicha empresa (Autogrúas Poli) estaba liderada por un grupo de siete personas (a su vez igualmente empleados) que recibieron un evidente trato de favor desde el Consistorio.

“Llegué a tener que acudir caminando al trabajo desde La Cuesta”, explicaba uno de estos trabajadores para no tener que airear otros problemas de mayor calado y que encuentran su origen en el retraso de los salarios, que llegó a prolongarse durante 12 meses, a pesar de que uno de los requisitos para conceder este servicio es, precisamente, que la empresa justifique en el Ayuntamiento antes del 15 de cada mes que está al día en las nóminas. Aunque no es la única irregularidad detectada, el equipo de gobierno municipal (cuyo alcalde entonces era el hoy presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, de CC) facilitó presuntamente la llegada de este grupo de siete personas, les anticipó 120.000 euros a pesar de un informe negativo del interventor municipal e, incluso, prorrogó la concesión otros cuatro años cuando el servicio ya había sido intervenido.

A pesar de no cobrar durante tanto tiempo, los exempleados lamentaron no haber sido recibidos por el entonces alcalde, pese a sus continuas peticiones al respecto, a tal punto que la única cita con Clavijo se produjo después de que se plantaran en la puerta de su despacho. Por otra parte, semejante deterioro en las relaciones laborales estuvo acompañado de varias iniciativas judiciales que se cruzaron entre los que no cobraban y el grupo de los siete, algunas de ellas incluso de carácter penal.

Una de estas querellas sigue activa en los juzgados, y parte de una denuncia por la presunta extracción de piezas de los vehículos retirados de la vía pública para venderlas en internet. Por esta causa están investigadas esas siete personas, si bien las diligencias continúan y no se descartan más actuaciones relevantes durante la instrucción.

Desde la perspectiva laboral, los extrabajadores tuvieron que hacer valer sus derechos igualmente por la vía judicial. Como consecuencia de ello, el despido de Francisco Ramos ha sido anulado y hoy en día cobra sin ir a trabajar, ya que la sentencia está recurrida. Otro de los despidos ha sido declarado improcedente en primera instancia, mientras que un tercer trabajador, José Luis Ramos, llegó a un acuerdo. Precisamente, José Luis Ramos fue el primero de los despedidos, al parecer tras negarse a trabajar en el depósito donde supuestamente tenía lugar el saqueo de los vehículos.

Lo más sorprendente de este asunto es que, mientras algunos sobrevivían a duras penas tras 12 meses sin cobrar, la concesionaria cobraba puntualmente del Ayuntamiento lagunero desde la llegada del grupo de siete, que en dos años acumuló deudas superiores a 715.000 euros. Dichos impagos han tenido que ser asumidos por el nuevo propietario, José Luis Tacoronte, y entre ellos destacan los relacionados con distintas administraciones públicas (Seguridad Social, etcétera) y que suman algo más de 200.000 euros.

Resta añadir que el hoy alcalde y entonces concejal del área, José Alberto Díaz,también de CC, justificó el anticipo de 120.000 euros en que parte del mismo (un 40%, dijo en un pleno) era para los empleados, pero los sucesivos embargos impidieron que estos cobrasen.

SEGUNDA REUNIÓN DE LA COMISIÓN

La segunda reunión de trabajo de la comisión especial de estudio sobre la gestión del servicio municipal de grúas, que preside Antonio Alarcó (PP), tendrá lugar finalmente hoy después de que la prevista para el pasado 27 de diciembre se cancelara ante la ausencia de la secretaria y de la persona que tiene que sustituirle, al estar los dos de vacaciones. En la reunión de hoy, la primera de cierta relevancia, comparecerán los dos funcionarios responsables del expediente de intervención del servicio municipal y se aspira a conocer la realidad económica de la empresa, las faltas que cometió y lo que realmente es o no responsabilidad del Ayuntamiento.