Santa cruz

Santa Cruz pide al Gobierno de Canarias que controle la contaminación del puerto

La actividad industrial del puerto capitalino se ha visto intensificada con las plataformas petrolíferas. Fran Pallero 
La actividad industrial del puerto capitalino se ha visto intensificada con las plataformas petrolíferas. Fran Pallero

En el marco del convenio de colaboración entre la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Santa Cruz para la mejora de la calidad del aire, el Consistorio se ha dirigido a la Administración regional para que proceda a realizar un mayor control sobre las emisiones del puerto capitalino. Se trata de una petición realizada por el área local de Medio Ambiente con el fin de conocer mejor la procedencia de los contaminantes que afectan a la ciudad. Después de la paralización del refinado de petroleo en la Refinería de Santa Cruz, la principal industria contaminante que afecta al aire de la ciudad es, precisamente, el puerto capitalino.

Esta es parte de la respuesta que el concejal de Medio Ambiente, Carlos Correa, dio al PSOE en la pregunta que esa formación realizó, interesándose por las medidas anticontaminación que el grupo de gobierno (CC-PP) está llevando a cabo para reducir los niveles de concentración de dióxido de nitrógeno (NO2) en el aire. Este contaminante procede fundamentalmente de los vehículos (especialmente de combustión diésel), por lo que Correa invitó al PSOE a que se dirija a la Concejalía de Seguridad y Movilidad, para que dé respuesta a este extremo. No obstante, aprovechando la pregunta, Medio Ambiente, quiso detallar los pasos que sí se están dando desde su área para mejorar la calidad del aire.

Estrategia ambiental

En concreto, Correa especificó que la Viceconsejería de Medio Ambiente, en la última reunión mantenida -mayo de 2016-, planteó la elaboración de un Plan de Mejora Progresiva de la Calidad del Aire para el periodo 2016-2020, un documento en el que el objetivo importante se centraría en las aglomeraciones (capitales de las Islas) con medidas relativas la comunicación y educación ambiental, estrategias de autosuficiencia energética sostenible, objetivos de control de emisiones, tanto de tráfico como en puertos (y aeropuertos), y movilidad urbana e interurbana y sus infraestructuras.

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Según detalló la Concejalía de Medio Ambiente, para dar forma a esta propuesta de la Viceconsejería se debe completar aún una serie de fichas con objetivos que se han de alcanzar en 2020. De esta forma, partiendo del escenario actual, que es el de 2016, se debería tener en cuenta el tráfico viario, el sector industrial, los puertos (incluyendo los aeropuertos), el sector terciario, el sector doméstico y también los parque rurales y naturales, como es el caso de Anaga.

Sin medios para vigilar los motores diésel

El concejal de Sí se puede, Eligio Hernández, interpeló a la Concejalía de Seguridad sobre el grado de cumplimiento de la Ordenanza de Protección del Medio Ambiente contra la emisión de humos; concretamente, preguntó sobre el número de inspecciones, notificaciones o infracciones detectadas. Desde el área que dirige Zaida González se le informó de que esta ordenanza resulta de difícil aplicación por parte de la Policía Local, principalmente por su articulado, bien por estar derogado o por ser contrarios a la ley.

Por un lado, se detalla que el Ayuntamiento no cuenta con una estación de control de emisiones, tal y como recoge la ordenanza, y tampoco dispone de los medios materiales necesarios para las inspecciones de los vehículos. En cuanto al control de motores diésel, la Policía podría controlar “visualmente” si un coche emite demasiados gases, algo que la Concejalía considera contrario a la ley por “arbitrario”, ya que los únicos que pueden comprobar este extremo son los centros de las estaciones ITV.

Por último, de aplicar el artículo 16 de la citada ordenanza, “se podría incurrir en responsabilidad penal por presunta vulneración del derecho deambulatorio”. Concretamente, se señala en ese artículo que si un agente observa que un coche puede estar contaminando con los gases, debe obligarlo a seguir un itinerario de paso y abandonar la ciudad. Todo esto impide que la Policía haya efectuado inspecciones o notificaciones.

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