“Mientras tuve la empresa de grúas todo fueron amenazas de Clavijo”

El exconcesionario dijo en 2013 a la Guardia Civil que el exedil lagunero le forzaba a contratar obras a través de él y que el Ayuntamiento lo ahogó económicamente hasta que vendió a “los amigos” del hoy presidente; pero la Justicia archivó la querella sin perjuicio de acudir a la vía civil
El hoy presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, el día en que tomó posesión como alcalde de La Laguna. DA
El hoy presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, el día en que tomó posesión como alcalde de La Laguna. DA

El empresario al que el Ayuntamiento de La Laguna adjudicó la concesión del Servicio de grúas desde 2004 a 2011, José Padilla, aseguró a la Guardia Civil que sufrió supuestas amenazas de forma constante por parte del entonces concejal de Seguridad lagunero y hoy presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y del entonces director del Área de Seguridad, Estanislao González, para que contratase obras relacionadas con la referida concesión en operaciones que, a su juicio, se pagaba sobreprecio. En dicha declaración, Padilla sostiene que el Ayuntamiento le ahogó económicamente para que vendiera la concesión a personas que él califica como afines a Clavijo. Sin embargo, el Juzgado de Instrucción Número 3 de La Laguna archivó la querella al no aportarse más pruebas de la veracidad de la misma, si bien abrió la puerta para la presentación de una demanda (vía civil o, incluso, contenciosa) al objeto de ser resarcido de los posibles perjuicios económicos sufridos. Esta denuncia de Padilla es uno de los dos asuntos relacionados con la gestión de las grúas laguneras, especialmente conflictiva entre 2011 y 2015, que terminaron en los juzgados de lo penal. El otro, aún por dilucidar, está relacionado con la presunta venta de piezas extraídas ilegalmente de vehículos retirados por las grúas laguneras de un depósito ubicado en la calle Espinero, a disposición municipal como corresponde a lo dispuesto en el pliego de condiciones fijado.

Insistiendo en la ausencia de responsabilidades penales dado el referido archivo judicial de la querella, será ahora la comisión de estudio municipal (si por fin empieza a trabajar, dado que se creó en noviembre de 2015 y solo ha celebrado dos reuniones de carácter preliminar) la que estudie si podrían derivarse responsabilidades políticas del testimonio de Padilla.

Dicha declaración fue prestada por el citado empresario el 4 de septiembre de 2013 ante especialistas del Grupo de Información de la Agrupación de Tráfico (GIAT) de la Guardia Civil, con atestado identificado con el número 2013-004850-000152, y se produjo precisamente dos años después de que José Padilla dejara de ser el concesionario de las grúas y a raíz de la denuncia por el presunto robo de piezas, una demora que, como es harto sabido por los juristas, suele tener efectos negativos para el denunciante ante los tribunales de Justicia. Sobre el contenido de la misma, el empresario se contradice inicialmente al decir que “no llegó a tener amenazas y coacciones” (luego si hubo denuncia por un presunto delito de coacciones) para, a continuación, explicar que, “a modo de presión, el Ayuntamiento de La Laguna no le realizaba los pagos puntualmente, tardando dos, tres e incluso en ciertas ocasiones cuatro meses en pagarle, lo que le suponía un ahogo económico (…) llegando a deberle el Ayuntamiento cuando tuvo que vender la empresa más de 200.000 euros”.

Sobre este respecto, añade el empresario que el ya alcalde Clavijo no quiso recibirle para tratar sobre estos impagos municipales, a tal punto que aprovechó “una asamblea de Coalición Canaria en el muelle de Santa Cruz de Tenerife para informarle que dejaba la concesión de servicios”. Más adelante, explicaría que tenía conocimiento que, dos años después de haber vendido él la empresa, “sí se están haciendo los pagos dentro de los plazos” previstos.

La venta

Sobre si fue presionado para vender la empresa, Padilla declara que fue el entonces concejal de Hacienda Juan Antonio Alonso quien, al preguntarle por los citados impagos, le indicó que “había alguien que quería comprarle la empresa” (como finalmente sucedió), para a continuación nombrarle a una serie de personas que, sostiene, “tenían vinculación directa o indirecta con Fernando Clavijo”, aportando incluso en su declaración datos sobre esos supuestos vínculos privados que no se añaden al entender que pertenece a la esfera privada de estas personas y no aportar nada al objeto de esta información. Eso sí, Padilla incluso dijo que se le obligó “a que metiese a varios de ellos a trabajar en la empresa”. Sorprendentemente, Padilla señaló a la Guardia Civil que no sabía que esa venta tenía que ser aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de La Laguna, y que se desentendió del asunto porque “lo comunicó personalmente al alcalde, que no le puso impedimento” (…) y que los nuevos dueños le habían dicho que “todo estaba solucionado”.

Cuando la Guardia Civil pregunta sobre si sabe de alguna irregularidad cometida por parte de alguien del Ayuntamiento durante la prestación de servicios con su empresa, el empresario afronta la parte más llamativa de su relato. Siempre según la versión dada por Padilla bajo juramento, sostiene que siendo Clavijo aún concejal de Seguridad le indicó -junto a Estanislao González- que “tenía que comprar un programa de contabilidad y de gestión de las grúas que costaba 20.000 euros, pudiendo comprarlo en Barcelona él por 900, teniendo que discutir en varias ocasiones por este motivo, no comprándolo finalmente, además de otras obras que le obligaron a contratarlas a través de ellos, pasándole las facturas, como el cercamiento y asfaltado de la calle Espinero, la puerta de la entrada, cámaras de vigilancia del depósito de La Villa, dos oficinas juntas que hicieron en la parte de logística del Ayuntamiento de La Laguna para la gerente y la administrativa de la empresa, donde los conductores de las grúas entregaban los partes diarios, sabiendo que una de estas oficinas está ocupada por otra empresa, no recibiendo ningún dinero por ella (…)”, para a continuación hacer una vaga alusión a supuestos sobreprecios apuntando que “los cargos que tuve que pagar me parecieron de un coste económico muy superior al que realmente debían costar”.

Es entonces cuando Padilla describe cómo percibía la relación con estos dos responsables municipales del servicio que prestaba, manifestando que afrontaba tales pagos “sin protestar por miedo a que le quitasen la concesión, que era una de las amenazas que recibía por parte de Fernando Clavijo y Estanislao González, cuando no estaba de acuerdo con ellos en algo relacionado con la empresa, haciéndolo con gritos y amenazas. Durante todo el tiempo que tuvo la empresa todo fueron amenazas, no dejándole hablar en las reuniones que tenían”.

Los pagos

Resta recordar que, si bien Padilla sostuvo ante la Guardia Civil que el Ayuntamiento pagó a la empresa los 200.000 euros pendientes dos días después de que él la vendiera, los problemas económicos de la misma se prolongaron en el tiempo, de tal modo que las deudas con distintas administraciones públicas (Hacienda, Seguridad Social, etc.) se transformaron en embargos y que no fue hasta 2015, con la llegada del empresario José Luis Tacoronte (referente provincial del sector) cuando se terminaron los problemas económicos y laborales.

Hasta dónde llega la responsabilidad municipal sobre los vehículos

Una de las cuestiones clave en el asunto de la presunta venta de piezas que habrían sido extraídas ilegalmente de vehículos retirados por grúas del servicio lagunero es, precisamente, si el Ayuntamiento tenía o no responsabilidad en la custodia de los mismos. A este respecto es menester dejar claro que, tal y como sostuvo en 2009 el entonces concejal delegado de Seguridad Ciudadana Antonio Pérez-Godiño, el contrato fija que la concesionaria tiene las funciones de retirada e inmovilización de vehículos, mientras que el Ayuntamiento se reserva “las competencias correspondientes al depósito y custodia de los vehículos en las instalaciones propiedad de esta administración o que están a disposición de la misma y destinadas a dicho uso”, si bien especifica que se refiere al depósito sito en el Camino de la Villa.

Desde el Ayuntamiento se defiende que tal responsabilidad municipal acaba cuando el vehículo se da de baja y queda para el desguace, por lo que no responde (en caso de que finalmente se confirme judicialmente) sobre lo acaecido en el depósito de la calle Espinero. Para reforzar tal argumentación, desde el Consistorio lagunero se recuerda que no figura como investigado en la causa que hoy se instruye al respecto, si bien fuentes de la representación jurídica de los denunciantes recordaron ayer a este periódico que siguen defendiendo en ese proceso que sí existe tal responsabilidad municipal.

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