“No volvería a participar en el programa de familias de acogida”. Así de contundente se muestra Desiré González, una vecina de Arafo que denuncia hoy en DIARIO DE AVISOS el funcionamiento del sistema de acogimiento de menores en Canarias. Tras más de dos años con un menor en su familia -el pequeño llegó apenas con tres meses-, la actual ley impide que este pueda ser adoptado por quienes han desempeñado la labor de padres en todo este tiempo, como explica la propia afectada. Aunque desde el momento en que supo que el pequeño iba a pasar al sistema de adopción, puesto que existía una desvinculación con sus padres biológicos, esta familia se puso manos a la obra para que el menor, al que consideran como su hijo, estuviese definitivamente bajo su tutela. En este camino se toparon con un obstáculo: la ley vigente.
González detalla en una entrevista concedida a DIARIO DE AVISOS que la norma regional que regula este sistema declara que la adopción y la acogida son incompatibles, separando así ambas listas de espera. Pese a que en los últimos dos años se ha reunido con infinidad de políticos, responsables del Gobierno canario y de la Consejería de Políticas Sociales, la norma sigue vigente tal y como se redactó. No obstante, afirmó que en los últimos días el presidente del Ejecutivo regional, Fernando Clavijo, se comprometió a estudiar su modificación.
De forma paralela a esta vía, en este periplo esta familia ha buscado otras alternativas. En concreto, sobre el pasado verano presentaron una demanda judicial para que el pequeño permaneciera con ellos y pudiera ser adoptado de forma definitiva. En esta petición se incluía como medida cautelar que, mientras no hubiese fallo judicial, el niño siguiera en el que hasta el momento era su hogar.
A pesar de sus intentos, que se prolongan “desde el momento que supimos que el niño iba a entrar en el sistema de adopción”, el pasado 15 de diciembre el menor abandonó la que conocía como su casa. Se trata de la última vez que esta familia pudo ver al pequeño, ya que ha pasado a vivir con sus nuevos padres. Desde la fecha, no han sabido nada. Desiré es consciente de que en el momento en el que su pareja, sus dos hijos y ella decidieron participar en el sistema de acogida conocían su funcionamiento: no era posible que los niños fuesen adoptados. No obstante, recalca que uno de los aspectos que recoge la ley es que los menores en este régimen no deben permanecer más de seis meses en el mismo hogar y con ellos se ha incumplido.
“Lo nuestro ha sido una excepción, porque el niño llegó con tres meses y tiene casi tres años”, añade. Además, critica que es “injusto” que ahora, cuando el pequeño tiene su vida ya hecha, se vea separado de quien considera sus padres, puesto que son los únicos que conoce como tales. Además, este núcleo familiar tuvo durante unos ocho meses a otro menor en acogida, con el que hoy en día mantienen muy buena relación, incluso con su madre. La afectada sostiene que tras este “duro golpe” para toda la familia no confía en que pueda volver a ver al niño. Aun así recalca que es necesaria una revisión de la norma para que este problema no le suceda a otras familias que se ven en una situación parecida. Denuncia el funcionamiento del sistema, e incluso asegura que en ocasiones se han sentido “utilizados”. “No lo volvería a hacer porque no compensa el dolor que se pasa, no solo para mí, sino para toda mi familia y para el niño”, indica muy emocionada. Aun así, se siente muy satisfecha de todo el cariño dado a su “hijo” en este tiempo.
Una nueva experiencia que empezó en 2014
Esta familia de Arafo, formada por un matrimonio y sus hijos de 28 y 18 años, decidió en 2014 formar parte del proyecto de familias de acogida, ya que pensaban que era una buena forma de ayudar. Tras formalizar los documentos, a los pocos días los llamaron para recibir al primer niño. A la semana, otro pequeño se sumó a este hogar.
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