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Andrea, más de 550 días presa política del Gobierno de Maduro

Andrea y Dani, una pareja feliz antes de su detención. | DA

Más de un centenar de personas figuran en el listado de presos políticos del Foro Penal Venezolano, una ONG en la que participan más de 200 abogados que trabajan en la promoción de los Derechos Humanos. La tinerfeña Andrea González y su novio Daniel Abreu, también de origen canario, pero cuya doble nacionalidad es portuguesa, figuran en ese catálogo de presos de conciencia, cuya liberación reclamaron esta semana en España los expresidentes Felipe González y José María Aznar, entre otras personalidades públicas.

Alejandra González, hermana de Andrea, que mantiene una lucha sin cuartel desde el día que detuvieron a la pareja en agosto de 2015, señala que actos como éste, donde se hizo referencia a este caso, “meten presión” al Gobierno de Maduro. “Estoy convencida de que les molesta y les carcome”, sostiene Alejandra, quien no ve otra salida para la liberación de su hermana, que lleva más de 550 días detenidas, y del resto de los presos políticos en Venezuela, que se produzca un cambio político en el país.

Sin ninguna esperanza en el fallido proceso de diálogo entre Gobierno y oposición, en el que ni siquiera la mediación del Vaticano logró reconstruir un puente de negociación entre las dos partes, tiene toda la esperanza puesta en que la presión internacional, con medidas como la activación de la Carta Democrática Interamericana, permita impulsar un cambio político en Venezuela, donde el deterioro democrático que padece el país se suma a una de las peores crisis económicas de su historia.

Alejandra González valora el papel que está jugando Lilian Tintori, la pareja del dirigente de la oposición Leopoldo López, condenado a 13 años de prisión, en la defensa de los derechos de los presos políticos anónimos, como es el caso de su hermana, que no cuentan con el respaldo de un partido.

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JUICIO

El deterioro de las instituciones es tal en Venezuela, que el juicio de Andrea González, a quien se le acusa de un presunto delito de terrorismo, por participar en una supuesta trama para asesinar a la hija del expresidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello, se ha ido suspendiendo por diversas causas.

La última fecha fijada para la vista, el dos de febrero, se suspendió por quedarse sin despacho la jueza. Esta situación está también deteriorando la salud de Andrea, que no puede presentar una solicitud para que se le realicen unas pruebas médicas que precisa por dolencias graves que le han aparecido durante su encarcelamiento en el Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia.

Hernández, que mantiene contacto con familiares que se encuentran en la misma situación que su hermana, asegura que el Gobierno de Maduro está “aplazando todos los procesos de los presos políticos”. Precisamente, Tareck el Aissami, el actual vicepresidente de Venezuela, que fue la primera persona en hacer pública la denuncia contra su hermana, acaba de ser acusado de narcotráfico por Estados Unidos. “Mi hermana saldrá libre, pero ellos tendrán que vivir huyendo el resto de su vida”, sentenció.

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