Investigan un geriátrico de Tenerife por un presunto delito contra los trabajadores

La Guardia Civil ha detenido a tres personas, entre ellos el administrador y el director

La Guardia Civil, en colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, ha investigado a un centro geriátrico del norte de Tenerife por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores en el que pudieran estar afectados unos 20 empleados y ha detenido a tres personas, entre ellos el administrador y el director.

Una nota de la Guardia Civil informa de que la investigación se inició a finales del mes de noviembre y se originó tras una denuncia anónima en la que se informaba que los empleados de una residencia de la tercera edad estaban obligados a devolver a la empresa un porcentaje de la nómina que recibían mensualmente por transferencia bancaria.

La empresa es la propietaria de una residencia de rehabilitación geriátrica ubicada en la zona norte de la isla, y que presta sus servicios tanto de forma privada como concertada, señala la nota de la Guardia Civil.

Tras iniciarse la investigación de forma discreta se determinó que la noticia era veraz y se llegó a conocer que hasta el verano de 2016 la empresa abonaba a sus empleados la nómina mensual en metálico pero al parecer el importe que se entregaba a los empleados era inferior al que constaba en las nóminas que debían de firmar.

La Guardia Civil indica que no se abonaban las pagas extras de verano y navidad pero sin embargo los empleados firmaban esa nómina extra como cobrada.

A partir del verano de 2016, la empresa comenzó a pagar mediante transferencia bancaria y, según la nota de la Guardia Civil, cada empleado cobraba el importe que constaba en la nómina pero supuestamente tenía la obligación de devolver una cierta cantidad en los siete siguientes días a la fecha de cobro.

Según la Guardia Civil , la cantidad a devolver debían ponerla en un sobre e introducirla en un buzón que la empresa tenía instalada al efecto.

La nota señala que los hechos resultaban llamativos ya que los empleados tenían turnos de trabajo completos pero el dinero cobrado “era escaso” y oscilaba en unos 700 euros, añade el relato de la Guardia Civil.

Tras confirmarse tales aspectos y detectar que los afectados podrían ser unos veinte, se autorizó judicialmente el registro en la zona de administración del centro donde se localizó el buzón con doce sobres, con algo más de 2.600 euros en efectivo.

En el registro se intervino documentación y sistemas informáticos para su estudio y del resultado de la investigación se determinó que los empleados eran víctimas de un presunto delito o contra los derechos de los trabajadores de forma continuada y desde hace años, probablemente desde el año 2009, puesto que así lo indicó un ex empleado.

La Guardia Civil indica que también se detectaron indicios de un presunto delito de blanqueo de capitales en razón al dinero que la empresa recuperaba de las devoluciones de sus empleados.

Por tales delitos fueron detenidos el administrador de la empresa como persona directamente responsable, su hijo y a la vez director de la residencia y una supervisora de confianza de la empresa, que fueron puestos a disposición del juzgado de Instrucción número 1 de Icod de Los Vinos.

La Guardia Civil señala que la respuesta de todos los trabajadores acerca de la razón por la que accedían a devolver parte de su sueldo a la empresa era que si no lo hacían perderían su puesto de trabajo, y muchos de ellos eran los únicos que aportaban sueldo a sus unidades familiares.

Al parecer algunos de ellos habían sido contratados de forma temporal y habían firmado un documento de baja voluntaria en blanco desde el mismo momento de su contratación.

La Guardia Civil calcula que la empresa obtenía al año unos beneficios directos y no declarados de 30.000 euros.

TE PUEDE INTERESAR