Los tendidos eléctricos en Lanzarote y Fuerteventura elevan la tensión política

Una proposición de NC y una comparecencia del consejero Ortega, solicitada por Mario Cabrera (CC), encienden el debate parlamentario
El consejero Pedro Ortega llega al Parlamento de Canarias | Foto: ANDRÉS GUTIÉRREZ
El consejero Pedro Ortega llega al Parlamento de Canarias | Foto: ANDRÉS GUTIÉRREZ
El consejero Pedro Ortega llega al Parlamento de Canarias | Foto: ANDRÉS GUTIÉRREZ

Una proposición no de ley de Nueva Canarias y una solicitud de comparecencia del Gobierno por parte del Grupo Nacionalista trasladan la tensión política al orden del día del primer pleno del nuevo periodo de sesiones del Parlamento de Canarias. Los proyectos de tendidos eléctricos en Lanzarote y Fuerteventura han generado tal rechazo social que, a poco que algunos representantes instituciones se desmarquen, la cohesión en el interior de determinados partidos corre serio riesgo de fractura.

Cuando aún no se han apagado los rescoldos de la ruptura del pacto de Gobierno entre CC y el PSOE, las movilizaciones contra los cables y las torretas amenazan con incendiar el Grupo Nacionalista, que integra a seis representantes de CC por ambas islas. Entre estos, el lanzaroteño David de la Hoz, vicepresidente primero de la Mesa de la Cámara legislativa, y el majorero Mario Cabrera, secretario primero del mismo órgano. Precisamente, este último ha emplazado a Pedro Ortega, el consejero competente en Industria, a que dé explicaciones sobre el auto de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de

Justicia relativo a la línea de transporte a 132 kVDC SE Puerto del Rosario-SE Gran Tarajal, que ha paralizado cautelarmente la instalación de unas torretas eléctricas de alta tensión similares a las que Red Eléctrica de España pretende levantar entre Playa Blanca y Mácher.

En un intento de controlar las chispas, Ortega y el viceconsejero de Industria, Energía y Comercio, Adrián Mendoza, han presentado a la Comisión Europea la propuesta planteada por el Cabildo de Fuerteventura. La CE esperará a la resolución judicial.

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